Descentralismo irresponsable

Recuerdo una fotografía del 2001 en la que el ministro de Hacienda de la época, Juan Manuel Santos, aparece desde el Congreso haciendo la V de la victoria, frente a una plaza de Bolívar abarrotada de manifestantes que protestaban contra la reforma constitucional que impedía la entrada en vigor de la norma constitucional del 91, que elevaba la participación de los entes territoriales en las rentas nacionales del 14 al 46 %, incluido el situado fiscal. Se trató de una gran victoria en el plano de la hacienda pública, aunque para otros significó una contrarreforma del mandato descentralista de la Asamblea Constituyente. El problema fiscal que se conjuró en aquella época consistía en la imposibilidad de ceder a los municipios un mayor porcentaje de las rentas nacionales, justamente por la inflexibilidad del gasto público de la Nación. Lo mismo que hoy ocurre, con el agravante de que, en la actualidad, son sensiblemente mayores las rentas con destinación específica y las vigencias futuras, que hacen más rígido el manejo del presupuesto nacional. Así que la controversia que genera la actual reforma del Sistema General de Participaciones, de cara a nuestra estabilidad fiscal, no es nueva. Lo nuevo es la falta de responsabilidad como se está aprobando. Aunque en el último debate se redujo el porcentaje que debe ser transferido por la Nación, subsiste el reparo de que no se les están entregando a los departamentos y municipios responsabilidades de gasto equivalentes. Sus defensores explican que, para evitar una crisis fiscal, la reforma entrará en vigor gradualmente a partir del 2027 y solo después de que se apruebe una ley de competencias que les transfiera funciones a las entidades territoriales. La trampa está en que este condicionamiento puede terminar en cualquier cosa, mientras no se exija expresamente que dicha ley debe entregar competencias por un monto equivalente al valor transferido, peso a peso. Y es improbable que esto ocurra, porque lo que buscan los dirigentes regionales, los parlamentarios que vienen de la provincia, el ministro Cristo y el Gobierno Nacional en busca de reelección es mostrar durante la campaña que se avecina que, a partir del 2027, los territorios tendrán más dineros de libre disposición, frente al "agobiante centralismo de Bogotá". De lo contrario, ¿cuál es la gracia? Y como de lo que se trata es de buscar votos en período preelectoral, el proyecto tampoco les exige a los municipios y departamentos mayor responsabilidad fiscal, para beneficiarse de los nuevos recursos. En adelante las regiones se quedarán esperando cómodamente a que la Nación les entregue sus ingresos corrientes, sin ningún esfuerzo complementario de generación de rentas propias. Aparte del tufillo electorero de la reforma, su ponente en el Congreso, Ariel Ávila, la justifica por la necesidad de darles más plata a 300 municipios quebrados. De ser así, se trataría de un estímulo perverso para la gobernanza ortodoxa de las regiones: mientras más irresponsabilidad exista, mayores recursos recibirán. Francamente penoso este argumento. El proyecto tampoco se detiene en sus efectos frente a la corrupción regional. De hecho, nada plantea al respecto, a sabiendas de la debilidad de los organismos de control de ese nivel. Ya se olvidaron los carteles de la hemofilia, los carteles del PAE y los carteles de la salud, entre tantos otros. No es este un tema menor frente a los clanes familiares que gobiernan los territorios y que, según los estudios, legitiman la venalidad como un mecanismo defensivo de su estructura tribal. Es un asunto tan relevante que, en Noruega y Suecia, con el reciente interés de Dinamarca, se acaba de prohibir el matrimonio entre primos y entre tíos y sobrinos, entre otras razones, porque una sociedad basada en parentescos sirve de "predictor de una clasificación elevada en el índice internacional de corrupción". Si el ministro Cristo entiende que la política premia la responsabilidad y no el populismo fiscal, como ocurrió con el exministro de Hacienda Juan Manuel Santos, puede que se cambie de acera. Taponazo. En cartelera, Mi bestia, destacada en la categoría de cine independiente en el pasado Festival de Cannes. Un orgullo de la cinematografía colombiana.
Transferencias a las regiones
Néstor Humberto Martínez Neira
El proyecto tampoco se detiene en sus efectos frente a la corrupción regional. Ya se olvidaron los carteles de la hemofilia, los carteles del PAE y los carteles de la salud, entre tantos otros.