Justicia no da lugar a reclamos y ministro Montes confirma demolición de toma en sitio de la familia Correa en Quilpué

"Está todo notificado. La información que tengo es que fueron notificados, no se presentaron frente a la Corte con determinadas gestiones que pudieron haber hecho. Y bueno, eso va caminando y el Serviu tiene la instrucción de cumplir lo que la Corte dijo, que había que demoler para desalojar".
Así, el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, confirmó ayer que se agotaron las vías judiciales para oponerse a la orden de demolición dictada en 2021 por la secretaría regional contra la toma de los terrenos de la familia Correa en Quilpué y que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó ejecutar. El empresario Alejandro Correa, dueño de esos terrenos, fue asesinado en 2020 por un sicario en el mismo contexto de la toma.
Uno de los ocupantes del terreno, José Gutiérrez, interpuso el 30 de octubre un recurso de protección cuestionando que se les notificara de la orden de demolición vía el Diario Oficial, y no a través de un ministro de fe. La Corte falló con "no ha lugar".
Se evalúa fuente presupuestaria
Otros dos residentes del asentamiento ilegal, Jenny Toledo y Gustavo Hernández, interpusieron el día 22 un reclamo alegando que antes debió llevarse a cabo un juicio de precario. La acción legal fue interpuesta en el Primer Juzgado de Letras de Quilpué, el cual se declaró incompetente bajo el argumento de que estaba dirigida no solo contra la Seremi de Vivienda de Valparaíso, sino que también contra el fisco, razón por la cual debió haber sido entablado en un tribunal de la comuna de Valparaíso. El abogado de los integrantes de la toma, Rodrigo Valdés, indicó que se interpuso una reposición ante el mismo juzgado.
La abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, se reunió ayer con la delegada presidencial regional Sofía González y con la seremi de Vivienda, Belén Paredes, quienes dijeron que el Serviu, al que le corresponde aplicar la medida, está viendo a qué fondos se cargará la demolición. "Nos corresponde, más que nada, ejecutar. Así que estamos viendo esa situación y es lo que tenemos que acatar", planteó el director regional del Serviu, Rodrigo Uribe.
Bruna añadió que la semana pasada se reunió con Carabineros, quienes le señalaron que existe un protocolo de acción para los casos de demoliciones y desalojos que están en condiciones de ponerlo en marcha en cuanto la autoridad se lo pida.
Montes también se refirió al plazo extra que su cartera está pidiendo a la Corte Suprema para desalojar la megatoma de San Antonio, y cuyo plazo vence hoy. "A partir de que las familias están de acuerdo (con formar cooperativas), parte una conversación con los dueños", dijo.