Caja Bancaria

María de Miquelerena | Montevideo
@|"Gran diálogo social": Contradicciones entre el pasado y las promesas presentes.

En 2008, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reformar la Caja Bancaria con el objetivo de "salvar" el sistema. La propuesta incorporaba a 4.600 trabajadores de empresas administradoras de crédito y cooperativas de ahorro y crédito.

En ese momento, el ratio activo-pasivo de la Caja Bancaria era de 0,78, lo que significa que cada trabajador activo debía sostener a 1,28 pasivos. Al tratarse de un régimen exclusivamente de reparto, la situación era insostenible. Se argumentaba que, con esta incorporación, el ratio alcanzaría 1, lo cual supuestamente daría sustentabilidad al sistema. Sin embargo, esta modificación estaba lejos de alcanzar el ratio ideal de 3. Además, en la práctica, tampoco lograba el ratio de 1: los salarios de estos nuevos trabajadores eran mucho menores que los bancarios. En términos reales, los 4.600 nuevos aportantes equivalían a solo 1.500 empleados bancarios, lo que arrojaba un ratio real de 0,85. Esto era absolutamente insuficiente.

Además, las simulaciones mostraban que las prestaciones de las nuevas incorporaciones caerían entre un 30 % y un 50 % respecto al régimen anterior. La reforma no beneficiaba a empleados ni empleadores, debilitaba al BPS y no resolvía el problema estructural de la Caja.

El proyecto se basó en proyecciones del IESTA, diseñadas para otra normativa, y en estudios del equipo actuarial de la Caja Bancaria, cuyos supuestos parecían ajustados para justificar la reforma.

Ante esta situación, trabajadores y empresas afectadas intentamos organizarnos para ser escuchados. Pero, en un ejemplo que marcó la postura oficialista, Diego Cánepa, coordinador de la bancada del gobierno, nos dijo: "No hablo con amarillos". Así de "abierto" era el diálogo social en ese entonces. Aunque algunas delegaciones lograron ser recibidas en comisión, esto ocurrió únicamente por presión externa. El proyecto, elaborado entre AEBU y el Poder Ejecutivo, llegó al Parlamento a solo 30 días del vencimiento del plazo constitucional, limitando cualquier debate parlamentario o instancia real de diálogo.

El 24 de octubre de 2008, la ley fue aprobada casi sin modificaciones, votada por unanimidad por el Frente Amplio, pese a las discrepancias internas de sectores como el MPP. La "disciplina partidaria" prevaleció sobre las dudas y objeciones.

Quince años después, la reciente reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno actual finalmente establece el paso al régimen mixto de las cajas paraestatales, incluyendo la Caja Bancaria. Una medida largamente postergada debido a su alto costo político, pero imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Resulta irónico que el Frente Amplio, que en 2008 aprobó una reforma sin discusiones amplias ni consensos, ahora promueva un "gran diálogo social" para ajustar la nueva ley. ¿Es éste un verdadero compromiso con la apertura y el intercambio de ideas, o simplemente un recurso de campaña? Si en el pasado primó el interés de favorecer a un sindicato fuerte, ¿qué garantías hay de que esta convocatoria no sea otra fachada para implementar medidas que favorezcan únicamente a los grupos más influyentes o políticamente más redituables?

A mí, esta convocatoria actual al "gran diálogo social" me suena más a retórica vacía que a un intento genuino de construir soluciones para el futuro.