Las oportunidades que se plantean desde la economía tras las elecciones

Uruguay inicia un nuevo capítulo político tras las elecciones, y algo es claro desde octubre: el próximo gobierno, sin importar su color político, deberá construir acuerdos para enfrentar los grandes desafíos del país.

Esta necesidad representa una oportunidad. Los caminos más exitosos, como lo demostró Uruguay con su transformación energética, se basan en políticas de Estado sostenibles y consensos amplios que trascienden el corto plazo y sientan las bases para un crecimiento sólido y equitativo. Entonces, aunque los candidatos difieren en sus prioridades, sus propuestas coinciden en varios aspectos clave. A continuación, se analizan las coincidencias, diferencias y retos que definirán la estrategia del próximo gobierno.

Un diagnóstico compartido. El diagnóstico compartido por ambos programas es claro: Uruguay necesita crecer más. Según proyecciones del potencial económico, el país podría alcanzar un crecimiento anual promedio de apenas el 2,5% entre 2024 y 2033, insuficiente para lograr un desarrollo mayor y cerrar la brecha con otros países comparables (fuera de la región) y cumplir con los desafíos estructurales.

Un crecimiento limitado, también disminuiría el margen para aumentar el gasto público, especialmente si se busca reducir el déficit sin recurrir a un incremento de impuestos. En este contexto, el próximo gobierno deberá diseñar un plan estratégico que optimice los recursos disponibles y priorice las políticas con mayor impacto en el desarrollo del país.

Uruguay enfrenta importantes desafíos estructurales que requieren atención prioritaria. Tomando como base el monitor de desarrollo elaborado por Ceres en enero de 2024, que compara a Uruguay con un grupo objetivo de 17 países seleccionados por su prosperidad en desarrollo humano, similitud en población o territorio, y su carácter democrático. Sobre esta base, se actualizaron algunas de las variables con datos recientes específicos de Uruguay, permitiendo identificar los rezagos más actuales.

En términos de crecimiento, el PIB per cápita de Uruguay equivale a la mitad del promedio del grupo objetivo, reflejando una importante brecha de desarrollo económico. En cuanto a la inversión, el país ha mantenido una tasa prácticamente estancada en torno al 17-18% del PIB durante la última década, mientras que el grupo objetivo invierte en promedio el 24%. Además, Uruguay presenta un grado de apertura comercial equivalente al 52% del PIB, considerablemente por debajo del promedio del grupo objetivo, que alcanza el 128%.

Esta baja inserción internacional limita el acceso a oportunidades comerciales e inversiones estratégicas. En la medida en que el país logre establecer acuerdos que le otorguen acceso a grandes o múltiples mercados en condiciones favorables como menores aranceles y barreras no arancelarias, su capacidad para atraer inversión se verá significativamente fortalecida, impulsando tanto el crecimiento económico como la diversificación de su matriz productiva. En términos de educación y capital humano, Uruguay enfrenta desafíos críticos. Las pruebas PISA de 2022 muestran que el 62% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de suficiencia en al menos una de las áreas evaluadas. Además, el ranking de talento de Insead destaca la baja competitividad del país en habilidades técnicas y profesionales, fundamentales para sectores de alto valor agregado. En términos de bienestar social, la pobreza se ha mantenido estable en torno al 10%, muy por encima del promedio del grupo objetivo (1,4%), que se acentúa aún más en la infancia.

Finalmente, el Estado, en su rol como impulsor de soluciones a estos desafíos, enfrenta limitaciones significativas. Según el Banco Mundial, Uruguay obtiene un puntaje de 0,8 en efectividad gubernamental, comparado con un promedio de 1,4 en el grupo objetivo. La falta de coordinación, la superposición de competencias y el enfoque excesivo en detalles menores dificultan la capacidad estatal para diseñar e implementar políticas con un impacto transformador.

Propuestas: diferencias y coincidencias. Simplificando, las propuestas de gobierno del Frente Amplio (FA) y la Coalición Republicana (CR) comparten el diagnóstico clave sobre los desafíos estructurales que enfrenta Uruguay, aunque difieren significativamente en sus estrategias para abordarlos. Ambos coinciden en que el crecimiento económico sostenido y la generación de empleo de calidad requieren una agenda que integre educación, innovación, sostenibilidad y apertura económica. Sin embargo, divergen en el rol que asignan al Estado y en las herramientas que consideran prioritarias para alcanzar estos objetivos.

Uno de los puntos de coincidencia más destacados es la importancia de fortalecer la educación y la innovación como motores del desarrollo. Ambos candidatos proponen medidas ambiciosas para modernizar el sistema educativo, fomentar la formación en tecnología y promover sectores estratégicos como la biotecnología, la inteligencia artificial y las industrias creativas. Mientras el FA enfatiza un aumento de la inversión pública en educación al 6% del PIB, la CR plantea continuar la reforma educativa y expandir los centros de tiempo completo, complementado con alianzas público-privadas.

En materia de inserción internacional, ambos programas apuestan por diversificar mercados y posicionar a Uruguay como un actor global competitivo. Comparten la intención de promover la exportación de servicios tecnológicos y la firma de acuerdos comerciales estratégicos. Sin embargo, el FA se enfoca en profundizar la integración regional, mientras CR subraya la importancia de facilitar la apertura unilateral de mercados y atraer inversiones extranjeras.

En términos de sostenibilidad ambiental, ambos programas identifican la necesidad de avanzar hacia una economía más verde, aunque sus enfoques son diferenciados.

En cuanto a las políticas de empleo, el FA pone énfasis en los empleos juveniles, la regulación de plataformas digitales y la promoción de empleos verdes, mientras CR propone flexibilizar normativas laborales, modernizar las leyes de trabajo y fomentar la formación profesional en nuevas áreas tecnológicas.

El rol del Estado es el punto de mayor contraste. El FA propone un Estado activo, con mayor regulación y planificación estratégica, mientras CR prioriza mejorar la eficiencia estatal y reducir la burocracia. Esta divergencia se refleja en las políticas fiscales: el FA busca transformar el sistema tributario con un enfoque en la progresividad, mientras CR se compromete a no aumentar impuestos.

Hacia un futuro de consensos, todos ganamos. Los resultados de la primera vuelta electoral han evidenciado que el próximo gobierno, independientemente de su color político, necesitará construir acuerdos para definir los grandes ejes que orientarán su programa. Aunque existen diferencias, hay numerosas coincidencias en los diagnósticos y propuestas. El éxito del próximo gobierno, y de todos nosotros, dependerá de su capacidad para transformar estas coincidencias en políticas concretas y sostenibles. Solo mediante consensos amplios será posible diseñar e implementar un modelo de desarrollo que garantice competitividad, inclusión y sostenibilidad a largo plazo.

- Sofía Harguindeguy es Gerente del Área de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguay