El Comercio, Perú
18 de diciembre de 2024
BENEFICIADO. El Ministerio Público allanó ayer la casa de Fredy Hinojosa, quien es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio como parte de una trama de corrupción en Qali Warma. El portavoz de la jefa del Estado se desempeñó como director ejecutivo del programa cuando ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Por SEBASTIAN ORTIZ M.
La fiscal Yenny Huacchillo Núñez ?de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (cuarto despacho)? no solo solicitó el allanamiento con fines de incautación de los inmuebles relacionados a Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, y otros 13 investigados por el Caso Qali Warma, sino también su detención preliminar.
No obstante ?de acuerdo con la resolución judicial a la que accedió El Comercio?, la jueza Fenirupd Leky Chagua Payano desestimó esta última medida en aplicación a la controvertida Ley 32181, aprobada por el Congreso y promulgada el miércoles de la semana pasada por el gobierno de Boluarte Zegarra. Esta norma aún vigente eliminó la detención preliminar para todos los casos que no sean de flagrancia.Hinojosa, quien también es jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia, es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el marco de una organización criminal. Eso a raíz de los contratos a favor de la empresa Frigoinca para que dote de conservas de alimentos al programa Qali Warma, donde él fue director ejecutivo entre el 2019 y 2022, ocupando dicho cargo incluso cuando Boluarte se desempeñaba como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, detalló a RPP que la pesquisa a Hinojosa es porque la empresa Frigoinca ?incrementó sus ventas? cuando el alto funcionario palaciego era jefe del referido programa social del Midis.En declaraciones a la prensa afuera de su casa en Pueblo Libre, Hinojosa rechazó que él se haya beneficiado de la Ley 32181 y refirió que ?la restricción de derechos de las personas implica un estándar de legalidad?. ?No puede ser que, arbitrariamente por un tema político o por ser el vocero presidencial, se me pueda imputar un hecho e inmediatamente restringir [mi libertad]?, expresó.En su resolución, la jueza del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria precisó que el pedido de detención preliminar ingresó el 11 de diciembre, un día antes de que la Ley 32181 entre en vigencia.?[…] Estando en vigencia la Ley 32181, y siendo esta una norma de carácter procesal, cuya aplicación es inmediata, aun en los procesos en trámite; en ese sentido, debe declararse improcedente el requerimiento de detención preliminar; más aún si en caso hubiese alguna duda sobre la aplicación de la norma, corresponder resolver lo más favorable al imputado?, resolvió.
?Critica al Parlamento?
Espinoza también criticó al Congreso por haber permitido que se elimine la detención preliminar y lamentó que la norma que restituyó la figura, y que el Parlamento aprobó la madrugada del último sábado, aún no sea promulgada.
?No se puede legislar de manera tan apresurada, sin ver las consecuencias sociales, jurídicas y lo que pueda ocasionar este tipo de decisiones; ha habido liberaciones en los últimos días a raíz de esta ley, [cuya modificatoria] todavía no termina de promulgarse. Es decir, los efectos dañinos todavía se siguen dando?, advirtió.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), consideró que ante ?lo evidente del error? de su institución, el Ejecutivo ?tiene que promulgar de manera inmediata? la autógrafa enviada el último lunes. En tanto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, no detalló si el Gobierno promulgará la norma. Esto no ocurría hasta ayer.
?Este es un caso que permitirá determinar si la presidenta Boluarte se encuentra o no comprometida en la lucha contra la corrupción?, sentenció el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.
SOLICITUD ALTERNATIVA
Ante la imposibilidad de la detención preliminar, la fiscalía pidió al PJ que dicte impedimento de salida del país para Hinojosa y los otros implicados. La audiencia será el 6 de enero del 2025, a las 9:30 a.m.
