Lento avance de nueva cárcel capitalina: proyecto comprometido aún no ingresa y recién parte cambio a plan regulador

El 25 de agosto pasado en TVN, el entonces ministro de Justicia Luis Cordero decía sobre la nueva cárcel de máxima seguridad, una ampliación de Santiago 1, que a pesar de que "uno tiene que ser muy cuidadoso con el establecimiento de plazos, yo creo que lo correcto es afirmar que las obras debieran estar siendo iniciadas durante el primer trimestre del próximo año".
Sobre el estado actual de avance del proyecto, que se da en el marco de la instalación del crimen organizado en el país, desde el Ministerio de Justicia indicaron a "El Mercurio" que "el convenio de mandato entre el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Concesiones (DGC) y el Ministerio de Justicia se aprobó en octubre. Como toda inversión pública, el proyecto está siendo evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social". Además, sostuvieron que "las Bases de Licitación están en elaboración y se espera efectuar el llamado durante 2025".
En tanto, precisaron que el proyecto "en una primera etapa contempla una Sección de Alta y Máxima Seguridad de 600 plazas" -aunque en un comienzo se anunciaron 500- "y una segunda etapa considera otras mil plazas". Sin embargo, ya el 22 de julio, Cordero identificó dos puntos necesarios para avanzar.
El primero consistía en un oficio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para poder modificar el plan regulador de la comuna de Santiago, mediante la Ley 21.636. Desde la cartera, el lunes, informaron a este medio que "el ministerio ha trabajado en el requerimiento e informará los próximos días de la resolución al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", finalmente la resolución fue aprobada de "manera excepcional" ese mismo día y comunicada ayer, aunque ello solo implica que comienza el proceso. Es decir, que el Minvu "iniciará ahora la elaboración del decreto supremo para la modificación tanto del Plan Regulador Comunal de Santiago como del Plan Regulador Metropolitano de Santiago para adecuarlos y permitir acoger la ampliación de dicha cárcel". Solo una vez publicado este decreto en el Diario Oficial sería posible concretar el proyecto penitenciario, para cuya ejecución habrá un plazo de seis años contados desde ese momento.
Vivienda indicó ayer, además, que en este tiempo, tras el análisis de los antecedentes, "concluyó que el requerimiento (de Justicia) corresponde efectivamente a la ampliación de un recinto penitenciario necesario para resguardar la seguridad de la población".
Necesidad de otras modificaciones para construcción
Cordero también había mencionado meses atrás, antes de dejar la cartera, que "en el caso de Santiago necesitamos avanzar en el plan regulador, necesitamos que ya esté modificado el uso de suelo". Asimismo, que la modificación de uso de suelo es preponderante para que el sistema de concesiones avance en el diseño de la infraestructura. Así, la aprobación de la resolución cuatro meses después de su solicitud inicial se convierte en un paso importante para la construcción del nuevo recinto.
Se consultó al Ministerio de Obras Públicas sobre el estado de avance de diseño y si la falta del plan regulador ha sido un impedimento para la elaboración de este, y también se consultó por el avance en el convenio de mandato. Sin embargo, derivaron a este medio a la Dirección General de Concesiones, desde donde al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Se presentaría iniciativa antes de que acabe diciembre
Por otro lado, Cordero dijo el mismo 22 de julio que "las edificaciones, a su vez, requieren otra serie de permisos administrativos, que no son municipales ni urbanísticos, que para que puedan ser ejecutados con rapidez necesitan de excepción. Respecto de ellas, el Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley para sortear más rápido esos trámites específicos, que van desde algunas regulaciones que están vinculadas al sistema de concesión de obras y demases".
Sobre este punto, desde Justicia señalaron que "el proyecto de ley se ingresará en los próximos días, dentro de diciembre, con seguridad". Respecto de las proyecciones para comenzar la construcción durante el primer trimestre de 2025, respondieron que "el inicio de obras dependerá de la aprobación del proyecto de ley fast track constructivo que permitirá eximir de permisos y reducir plazos de trámites".
"Los tiempos juegan en contra"
Consultado por esta situación, el exministro de Justicia Jaime Campos señaló que "para construir la nueva cárcel el Gobierno anunció el envío de un proyecto de ley que acelerase la concesión y que ese proyecto no ha sido enviado. Luego, de aquí a que se mande y apruebe, si es que se aprueba, habrá terminado este gobierno".
En tanto, el exsubsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela comentó que "desconozco por qué aún no se ha ingresado, pero los tiempos juegan en contra porque en enero las comisiones en el Congreso priorizan concluir los proyectos en actual tramitación, luego hay receso en febrero y luego en marzo se ven cambios en las comisiones. Aquí parece fundamental lograr acuerdos transversales previos, para agilizar su tramitación".
Y recordó que en el caso de la Ley 21.636, "que estableció modificaciones para acelerar la construcción de cárceles, mediante un trámite más expedito para las modificaciones a los planes reguladores, ingresó al Congreso en junio 2023 y se publicó en diciembre de ese año". Esto, a pesar de que "ya estaba presente el grave problema del hacinamiento penitenciario, y contenía solo cuatro artículos".