Una autonomía bizarra

Muchos recordamos a Bizarro, el ‘super-antihéroe’ de las tiras cómicas que representaba a un Supermán maligno, su reverso perfecto, que promovía el mal, era feo y nunca sonreía. Este 11 de diciembre, un grupo de senadores y representantes presentaron en el Congreso un proyecto de ley bizarro que, basado supuestamente en la autonomía universitaria, obligaría a todas las instituciones públicas de educación superior a adoptar el nombramiento de sus directivas por elección directa. El proyecto es larguísimo, y desde su nombre anuncia que su objetivo es "fortalecer la democracia universitaria con la elección de las directivas universitarias". Pretende que del principio de autonomía se derive la imposición de una obligatoriedad (filosofía contradictoria en sus términos). Combina, con maromas, el precepto constitucional con una interpretación extraña de leyes y jurisprudencias, para incluir además a todas la instituciones públicas de educación terciaria, aunque la Constitución sea explícita otorgando la autonomía solo a universidades. Con otras maromas interpretativas justifica que la propuesta no siga el trámite de ley estatutaria, a pesar de que trata de la educación (supuestamente un derecho fundamental). En una sección larga resumen la forma como hoy se nombra rector en las universidades públicas. En la mayoría, la Nacional, Antioquia, Valle, Pedagógica e Industrial de Santander, el nombramiento lo hace el Consejo Superior y la consulta solo sirve para limitar el número de candidatos elegibles. La excepción es la de Nariño, que sí elige en forma directa (¿contraejemplo convincente?). Como antecedentes de la propuesta señalan el proyecto de Ley Estatutaria 224 de 2023 y el 247 de 2022, pero omiten recordar que ninguno fue aprobado. Los defectos mayores del proyecto son la poca claridad sobre el concepto de autonomía y sobre lo que llaman democracia en las instituciones de educación superior. Sería importante recordarles que la democracia es un sistema de gobierno para naciones, no para instituciones que son de todos, y menos cuando solo vota un grupo limitado de beneficiarios interesados. La autonomía no nos la inventamos nosotros en la Constitución del 91. Existe desde la creación de la primera universidad con ese nombre y ese carácter, hace algo menos de mil años, en Bolonia. Es una concesión que hacen las sociedades a las instituciones de altos estudios, productoras de conocimiento, para que trabajen a su propio ritmo, e independientes de las presiones políticas del momento. Una concesión generosa, pero que se deriva del reconocimiento de que la ciencia y la educación funcionan mejor, y son mucho más productivas, cuando son libres. La introducción de una elección en una universidad no es aumento en democracia, sino sometimiento a mecanismos políticos. En política inevitablemente se hacen ofertas y se negocia; es más susceptible a los discursos que a los hechos, y con alta frecuencia se somete a poderes extraños. En el mundo hay pocos ejemplos de universidades que eligen a sus rectores y no recuerdo ninguno exitoso. El sistema más usado es el análisis del mérito personal, del conocimiento, la experiencia y las propuestas de los candidatos. En instituciones a las cuales se entra por mérito (tanto estudiantes como profesores) es apenas lógico que esa sea la consideración preponderante al nombrar directivas. En resumen, este proyecto en nombre de la autonomía instituiría un procedimiento obligatorio, no autónomo, y en nombre de la democracia introduciría la política, que era precisamente aquello que quiso evitar la sociedad cuando concedió la autonomía. No sé si los proponentes se dan cuenta de que de ser aprobado el proyecto las únicas instituciones con autonomía serán las privadas. @mwassermannl
¿Rectores por elección directa?
Moisés Wasserman