Desaladora que impulsa el MOP en Coquimbo enfrenta múltiples observaciones de entidades de gobierno

El proyecto de una desaladora concesionada por US$ 260 millones que impulsa el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Región de Coquimbo ha enfrentado múltiples observaciones de diversos organismos de gobierno, en el marco de la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa.
Subsecretarías, seremis, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), entre otros, han requerido mayor información y efectuaron solicitudes que apuntan a elevar las exigencias de esta obra. El MOP espera recibir las ofertas para la licitación de esta desaladora en el primer semestre de 2025, mientras que se prevé que inicie sus operaciones en 2029. El Presidente Gabriel Boric ha destacado la necesidad de esta infraestructura para garantizar el suministro de agua en esa región, en el contexto de sequía extrema que la afecta.
Hasta la fecha, el proyecto ha recibido 16 oficios con observaciones técnicas de los servicios públicos, junto a otros dos "de conformidad" y tres "de no participación" en el proceso de evaluación ambiental, las que están siendo analizadas por la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP.
Si bien desde la DGC indican que estas observaciones no generarían retrasos en el proyecto, desde el mundo privado estiman que podrían convertirse en una traba.
Los reparos
Los organismos estatales manifestaron sus comentarios al Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo. El Consejo de Monumentos Nacionales realizó observaciones sobre el impacto de las obras sobre un conchal y también aludió al lugar donde se depositarán "los bienes paleontológicos que resulten rescatados en el marco del proyecto". Esto último, debido a que el Museo Arqueológico de La Serena no está recibiendo material.
Al respecto la DGC señaló que "se están gestionando alternativas para la recepción del material arqueológico que podría ser hallado durante la ejecución del proyecto".
La secretaría regional ministerial de Salud de Coquimbo puso énfasis, entre otros, en el impacto del ruido y en la identificación de todos los "receptores humanos identificados sensibles".
La seremi de Medio Ambiente, por ejemplo, solicitó antecedentes que avalen la información entregada por el titular del proyecto en cuanto a que cierta "avifauna" -ligada a un humedal- se encuentra fuera de la influencia del proyecto.
En un documento firmado por Constanza Silva, jefa de la división de Acuicultura Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), se plantean observaciones relacionadas al efecto sobre el área de manejo de recursos bentónicos Totoralillo Centro Sector B. También se realizan sugerencias en materia de la disposición de cierto tipo de barreras físicas en el punto de captación de la desaladora para el cuidado de especies. Asimismo, se solicita que se determine el aumento de marejadas considerando "escenarios de cambio climático por todo el tiempo de operación del proyecto (año 2080). De lo contrario, justificar el análisis realizado en el futuro cercano solo hasta el año 2044".
Las observaciones más extensas corresponden al texto que firma Ricardo Gutiérrez, director regional de la Conaf de Coquimbo. En uno de los puntos señaló que "se sugiere realizar un rescate de los órganos (bulbos, rizomas) subterráneos de geófitas (especies vegetales) previo al desecho del material excedente de la excavación, para luego ser relocalizados en un sitio aledaño y de similares características al original". Luego agregó que "durante la visita a terreno se evidenciaron y detectaron diversas zonas de bosque nativo de preservación, las cuales no fueron advertidas por el titular".
Solo las seremis de Agricultura y de Energía se pronunciaron conformes sobre el Estudio de Impacto Ambiental.
Visión de OO.PP.
Sobre las opiniones de las entidades públicas, la DGC señaló que "estas observaciones, lejos de generar retrasos significativos, refuerzan la solidez técnica y ambiental del proyecto, permitiendo mejoras continuas en su diseño. Desde la perspectiva actual de la evaluación ambiental, no se prevén impactos en los plazos previstos para la licitación o construcción de la planta desaladora".
La DGC añadió que hasta el 4 de febrero de 2025 se pueden presentar observaciones ciudadanas. Recordó que en noviembre y diciembre implementó instancias de participación ciudadana, que incluyeron talleres con pescadores locales y reuniones comunitarias, entre otras, que permitieron recoger inquietudes y conocimientos locales.
Consultado por la tramitación ambiental del proyecto, Alberto Kresse, presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), comentó "todas las exigencias y estándares en cualquier proyecto tienen que ser cumplidas totalmente en su mérito. Pero evidentemente me parece que este tipo de iniciativas que le entregan agua a cuencas que tienen un estrés hídrico tienen un impacto positivo ambiental y social tan importante que no debería estar supeditado su desarrollo a cuestiones sectoriales, que si bien deben ser atendidas en su mérito, hoy día generan una traba al desarrollo de proyectos. Esto hace que termine siendo mucho más problemático para la región el no tener el agua disponible".
''Uno de los grandes problemas en el desarrollo de esta infraestructura es que nos tomamos mucho tiempo en la gestión administrativa de permisos".
ALBERTO KRESSE PRESIDENTE DE ACADES
'Estas observaciones, lejos de generar retrasos significativos, refuerzan la solidez técnica y ambiental del proyecto, permitiendo mejoras continuas en su diseño".
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES