La investigación que encabezó el fiscal Diego Pérez apunta a que, a partir del año 2022, dos hombres y una mujer "montaron una organización" delictiva, según la audiencia a cuyo registro accedió El País.
Cuando la Policía que investigaba las pistas de este caso allanó el lugar en donde estimaban que se realizaban las maniobras, se encontró con toda la prueba confirmatoria de lo que se suponía. En ese lugar que oficiaba de base de operaciones se encontraron con cuadernos en donde estaban escritas cada una de las estafas realizadas, las tarjetas bancarias malhabidas, pos de empresas, sellos, impresoras, escáneres, plastificadoras, cédulas y libretas de conducir falsas. Hace pocos días, la Justicia terminó condenando a los tres responsables de una cadena de fraudes a través de un acuerdo abreviado.
La investigación que encabezó el fiscal Diego Pérez apunta a que, a partir del año 2022, dos hombres y una mujer "montaron una organización" delictiva que tenía varios objetivos, según dijo en la audiencia en la que fueron condenados y a cuyo registro accedió El País. Por un lado, creaban empresas por las cuales luego obtenían pos para tarjetas. Después, conseguían datos de personas a través de medios digitales -generalmente ofreciendo trabajo por WhatsApp- y con ello generaban tarjetas de crédito que luego utilizaban.
Mediante certificados falsos, además, justificaban estar al día en la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS). "Surge que obtenían paquetes para empresas en las telefónicas, con los beneficios propios que se le asignan a las empresas, y esos celulares eran comercializados también en beneficio propio", explicó el fiscal.
También se dedicaban a imprimir libretas de conducir falsas, por las que cobraban hasta $ 10 mil.
En el allanamiento, no obstante, se les confiscó solo $ 13.723 (la mayoría en billetes de dos mil pesos y el resto en billetes de baja denominación y monedas) y US$ 1.126. También una tarjeta Mi Dinero y una computadora notebook marca HP, además de dos billetes falsos: uno de un dólar y otro de 200 pesos uruguayos.
Mientras uno de los hombres y la mujer se dedicaban a las falsificaciones, el segundo hombre se encargaba de la obtención de los beneficios, de las transacciones, recibir las tarjetas y gestionar la información. De esta forma obtenían "importantes ganancias", en palabras del fiscal Pérez. Y no eran los únicos, hubo otros dos imputados en la causa.
Penas
Luego del relato de la Fiscalía y que los tres imputados dieran su consentimiento, fue la jueza Marcela Vargas la que homologó el acuerdo entre las partes y realizó las condenas. Las penas fueron de 23 meses y 16 meses de prisión para los hombres, las que se dieron por cumplidas puesto que fue el tiempo que estuvieron cumpliendo medidas cautelares para asegurar su sujeción a la investigación.
El que tuvo la pena más grave fue condenado por asociación para delinquir, delito de falsificación de cédulas de identidad, adulteración de certificados y estafa. El condenado con la pena menor, únicamente por estafa.
La mujer, en tanto, fue condenada a una pena de 22 meses, cuatro meses y siete días de prisión efectiva (que ya se cumplieron) y 17 meses y 23 días de libertad -tiempo en que deberá hacer tareas comunitarias. A ella se la condenó por la autoría de un delito de asociación para delinquir y como coautora de un delito de falsificación de cédulas de identidad, un delito de falsificación de certificados y estafa.
Acuerdo
En los acuerdos abreviados, los imputados renuncian a la posibilidad de ir a juicio oral (donde la Fiscalía está obligada a mostrar las pruebas en su contra a un juez y el imputado puede probar su inocencia) y admiten los hechos de los que se los acusa. Como beneficio, resultan condenados en el momento y obtienen una pena hasta un tercio menor de la que podrían obtener en caso de que terminaran perdiendo el juicio.
El País, Uruguay
2 de enero de 2025
