Empleo público: rumbo al millón

Las dificultades de la administración Boric para activar el mercado laboral han sido ampliamente documentadas. No solo preocupa un desempleo que se ha mantenido por sobre el 8% por gran parte de su período, sino también las dificultades para retornar a las tasas de ocupación y nivel de empleo total que existían antes de la pandemia. Clave ha sido la compleja evolución del empleo privado, afectado por un escuálido crecimiento económico.
Sin embargo, las dificultades en la creación de empleo privado se contraponen con la evolución de los puestos de trabajo en el sector público. Específicamente, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, el número de empleados públicos en Chile superó los 929 mil en septiembre de 2024. Es un guarismo impresionante, que implica un aumento significativo respecto de los últimos años. Específicamente, se compara con 829 mil y 869 mil de personal disponible en este sector en los años 2022 y 2023, respectivamente. Solo en el último año el aumento ha sido de 4,1%, lo que dista largamente del 1,6% de crecimiento del total de ocupados en el período según el INE.
Pero no solo el rápido crecimiento del empleo público llama la atención, sino también su preponderancia en el mercado laboral. En perspectiva, en el trimestre móvil septiembre-noviembre pasado, la cifra de ocupados total a nivel país superó levemente los 9,2 millones de personas. Esto quiere decir que, en Chile, de cada 100 trabajadores, 10 corresponden al sector público. Y si el análisis se restringe solo a trabajadores formales, la cifra sube a 14. Es posible que para quienes consideran que el Estado tiene un rol importante que cumplir en todos los ámbitos del quehacer económico, independientemente de las distorsiones que su actuar implique, tales números no enciendan alertas. Sin embargo, esta evolución del empleo público confirma que estamos frente a un Estado que no parece ajustarse a la realidad económica del país, marcada por el estancamiento y también por el deterioro de las cuentas fiscales.
La experiencia de Argentina a partir de mediados del siglo pasado es ilustrativa de las consecuencias que trae el desborde del aparato público en un Estado sin la capacidad de fomentar la actividad privada. En su último año de gobierno, el Presidente Boric debiera enfocarse en promover la creación de empleo privado antes que alcanzar el millón de empleados públicos.
Los problemas de incentivos y productividadDistintos estudios técnicos han identificado en nuestra baja productividad una de las principales trabas al crecimiento, como se aborda en esta misma página. Un mercado laboral rigidizado durante la última década -proceso al que la actual administración ha contribuido, por ejemplo, con aumentos desmedidos del salario mínimo- emerge como un factor tras esta problemática. Y en esta misma línea, la situación del empleo en el sector público contribuye también al fenómeno.
La estructura de incentivos que caracteriza al empleo público es una evidente fuente de trabas a la productividad. Creados en 1998, los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) buscaban premiar monetariamente el buen desempeño de los funcionarios en un determinado año. Con el tiempo, sin embargo, su sentido ha sido desvirtuado. En la actualidad, los bonos por desempeño se han transformado en transferencias casi incondicionales, producto de la laxitud en los procesos de evaluación: la asignación de notas máximas es casi la regla.
Un segundo elemento que distingue al sector público es su dificultad para despedir a trabajadores, incluidos aquellos en teoría no afectos a inamovilidad, como los de contrata y honorarios. El caso de la Municipalidad de Santiago, en donde la nueva administración, luego de catastrar e identificar un importante número de funcionarios innecesarios para el desarrollo de su gestión, no logró descontinuar sus contratos, ilustra el punto. Se trata de amarres que también pueden ser utilizados políticamente. Cabe además reparar en el importante número de funcionarios municipales que se sumaron al aparato público durante el último año: 14.076 (septiembre a septiembre).
Y en un contexto más amplio, deben considerarse también los problemas que ha enfrentado Contraloría para establecer nuevos criterios respecto de la llamada "confianza legítima" en el caso de los trabajadores a contrata. Puede ser razonable aplicar este concepto -como lo ha hecho la Corte Suprema- para la renovación de contratos de funcionarios que hayan prestado servicios por un período más allá de una administración; por ejemplo, cinco años. Esto, como señal de reconocimiento a una trayectoria laboral, permitiendo al Estado asegurar la estabilidad de un capital humano con conocimiento del área en cuestión. Sin embargo, reconocer "confianza legítima" a quienes han estado apenas dos años en funciones a contrata -el criterio que la actual contralora ha buscado modificar, aduciendo que es una materia a resolverse por tribunales- resulta técnicamente injustificado, pudiendo transformarse en una herramienta para blindar a trabajadores de desempeño deficiente y a operadores políticos. Son lamentables por ello las señales confusas dadas a este respecto por tribunales en los últimos días. Todo ello es explotado por grupos de interés, particularmente de izquierda, que pueden así conceptualizar al Estado como un empleador a todo evento que no repara en la eficiencia ni la productividad.
La omisión de criterios rigurosos de evaluación laboral dentro del aparato público no es sin embargo una tendencia irreversible. Así lo sugieren la transformación realizada por el Presidente Milei en Argentina y los planes anunciados por la próxima administración en Estados Unidos. Y es que acotar el despilfarro y asegurar la productividad debe ser un principio básico tras cualquier proceso de modernización del empleo estatal.