Constitución matrimonial

Son más de cien enmiendas a ser visadas esta semana, en segunda legislatura, por una mayoría sandinista que responde, sin objeciones, a los deseos de Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. Esta, con la reforma, pasará a ser "copresidenta", con los mismos poderes de su marido. Podrá heredar el cargo de este, nombrar y destituir ministros, convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, firmar decretos e incluso designar vicepresidentes a su antojo, porque ya no serán elegidos por voto popular.
Esta es solo una parte de las normas que darán peso constitucional a las prácticas que de facto ha implementado el excomandante durante 18 años al mando del país. Hay otras que borrarán la independencia de los poderes del Estado y le garantizarán a la pareja gobernar sin contrapesos, controles ni filtros. Según los nuevos artículos, el Presidente coordinará los órganos legislativos, judicial, electoral, de la administración pública, los municipios y regiones. Así, el Parlamento dictará leyes a su medida, los jueces nombrados por el Ejecutivo fallarán de acuerdo con lo que este quiera, el ente electoral dará el triunfo a quien la Presidencia prefiera, los alcaldes podrán ser destituidos a su arbitro y el Ejército intervendrá junto a la policía "cuando la estabilidad de la república lo requiera". Es decir, cuando Ortega se sienta amenazado.
La "constitución matrimonial", como dice el escritor Sergio Ramírez -un exvicepresidente sandinista que rompió con la revolución y a quien la dictadura despojó de su nacionalidad-, "rompe toda contención de lenguaje para dar paso a una retórica disonante, exaltada, del peor gusto... un verdadero esperpento sin maquillaje ni tapujos", porque el régimen "se saca la máscara" y muestra abiertamente la voluntad de imponerse. Para Ramírez, lo único que no aparece es la sucesión presidencial más allá de la pareja, pero otros analistas ven que eso está implícito en la capacidad de nombrar vicepresidentes. Será así posible ungir a alguno de los hijos y formar la dinastía. Igual que Somoza.
Estas no son meras enmiendas, sostienen los críticos, sino una reforma total, que modifica el carácter de la Constitución y que debía haberse hecho en una Asamblea Constituyente. Pero los Ortega no podían arriesgarse. En 2021, hay que recordar, la dupla triunfó electoralmente, pero solo después de inhabilitar, arrestar y más tarde desterrar a seis precandidatos dispuestos a enfrentarlos unidos. Ortega ganó con el 75 por ciento de los votos... pero con una abstención del 80 por ciento, según organismos independientes.
Golpe mortal a la libertadLas reformas atañen también a las libertades de prensa y de expresión. "El Estado vigilará que todos los medios de comunicación social no respondan a los intereses extranjeros" o que divulguen "noticias falsas". Diez a 15 años de cárcel será la pena por propagarlas o por "causar miedo, alarma o ansiedad". Antes, en septiembre, se reformó la ley de ciberdelitos, aumentando las penas y ampliando la persecución fuera del país. Hasta un like puede ser sancionado. La policía está autorizada para exigir a las telefónicas entregar la información digital de los usuarios, incluidas llamadas y mensajes, sin orden judicial. Otra ley, de análisis financiero, puede perseguir cualquier "operación sospechosa", como transferencias y las importantes remesas que parientes mandan del exterior y que son el sostén de muchas familias. Prisión, despojo de la nacionalidad y de los bienes son castigos aplicados a los opositores democráticos. Más de 450 nicaragüenses ya son "apátridas" y viven como refugiados en países centroamericanos o Estados Unidos. "Si se adoptan estos cambios", ha dicho el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, "es una sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el Estado de Derecho".
Estados Unidos, que "condena las maniobras de la corrupta Asamblea Nacional para cambiar sin revisión ni debate la Constitución para consolidar el poder" de los Ortega, e impuso ciertas sanciones contra personeros del régimen, comenzó en diciembre una investigación sobre violación de los derechos humanos y laborales. Una conclusión desfavorable a Nicaragua, estiman algunos, puede redundar en su suspensión del acuerdo de libre comercio que EE.UU. tiene con Centroamérica y del que se beneficia ampliamente la economía nicaragüense: más del 55 por ciento de las exportaciones van al país del Norte. Otro flanco que investiga Washington es el del tráfico de inmigrantes ilegales. Llegan a Managua por vía aérea desde Libia, India o Marruecos, además de América Latina, pagan una buena suma al gobierno y siguen a México para cruzar luego la frontera norteamericana.
Todo esto puede perjudicar la interacción comercial. Lo que se suma a la mala relación que el régimen tiene, desde las protestas de 2018, con los empresarios, a quienes ha cerrado casi todas sus asociaciones gremiales. Estas son razones para que Ortega se acerque a China. Creó zonas especiales económicas, ya entregó 13 concesiones mineras a tres empresas chinas e incluso reflotó el proyecto de otro canal bioceánico para entusiasmarlas.