El Comercio, Perú
11 de enero de 2025
ALERTA. Dos casos recientes de violencia contra propietarios por deudas de alquiler reflejan los riesgos de arrendar sin protección legal. La falta de medidas para asegurar pagos y desalojos rápidos pone a los arrendadores en situación vulnerable. El 70% de inquilinos se va con deudas, según la ADI.
Por CARLOS gONZaLES
En San Borja, una mujer es golpeada por reclamar S/11.000 a su inquilino. En el Callao, una anciana sobrevive a las puñaladas de su arrendatario. Ambas historias recientes tienen algo en común: los riesgos de alquilar sin protección legal y la necesidad de conocer los antecedentes de los inquilinos que permita alquilar con una garantía segura. Mientras la legislación peruana no ofrece amparo, los propietarios viven entre la necesidad y la incertidumbre.
En detalle
El abogado Carlos Chueca, gerente general de Inquilinos Morosos S.A.C., afirma que es necesario endurecer las leyes para agilizar los desalojos y evitar que inquilinos permanezcan indefinidamente sin pagar. Según Chueca, los procedimientos suelen extenderse por al menos seis meses, beneficiando a los inquilinos incumplidos. Además, criticó el uso de notificaciones físicas en estos casos, lo que incrementa la demora del Poder Judicial.
Flor de María Arroyo, defensora pública del Minjusdh, explicó que existen dos vías principales para desalojar inquilinos morosos: la notarial y la judicial. La primera requiere documentos que respalden la solicitud ante un notario, quien emite un acta de constatación para su ejecución judicial. La segunda incluye una audiencia de conciliación previa y, si no se llega a un acuerdo, la demanda se presenta ante el Poder Judicial. Ambas vías exigen un contrato de alquiler formalizado, con cláusulas que especifiquen fechas de pago, duración del contrato y causales de resolución.
Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), un 70% de inquilinos se va del inmueble sin pagar deudas. Chueca señaló que algunos inquilinos manipulan los requisitos legales para evitar el desalojo. Por ejemplo, pagan parte de la deuda para mantenerse dentro del límite que impide actuar legalmente. Este problema afecta especialmente a los adultos mayores, quienes dependen de los ingresos del alquiler. Además, destacó que el proceso notarial, aunque más rápido que el judicial, resulta más costoso.Sobre este último proceso, una vecina de San Miguel contó a El Comercio que gastó nueve mil soles para recuperar su propiedad de una inquilina morosa, luego de esperar seis meses hasta que la arrendataria se fue voluntariamente.
Mario Solís Córdova, experto en derecho civil, destacó el aumento de inquilinos morosos en los últimos años debido a la coyuntura económica. Según Solís, el principal problema radica en la existencia de múltiples normas y conceptos complejos, como el ?ocupante precario?, que prolongan los procesos de desalojo. Indicó que en el Perú estos procedimientos pueden durar hasta siete años. Propuso unificar los procesos en una sola normativa que permita resolver los casos en un plazo máximo de seis meses.
RECOMENDACIONES
Patricia Rumiche, jueza de paz letrado, recomendó utilizar el Registro de Deudores Judiciales Morosos (Redjum) para verificar el historial crediticio de inquilinos. Destacó la importancia de realizar contratos con asesoría legal.
