Urgencia de controlar la deuda pública

A partir de 1990, y por casi dos décadas, uno de los principales avances económicos de Chile fue la evolución de nuestras obligaciones fiscales. La deuda bruta del gobierno central alcanzaba el 42,9% del PIB el año en que el Presidente Aylwin iniciaba su período, lo que significaba una carga financiera altísima para un país de ingreso medio bajo y que buscaba distinguirse en la región. El año 2000, el porcentaje era del 15%, para alcanzar un mínimo histórico en 2007 de 3,9% del PIB. Entonces, el país pasó a ser un acreedor neto, dados los ahorros contenidos en los fondos soberanos. Tal logro fue reconocido mundialmente. Chile se transformó en un ejemplo, lo que retroalimentó el proceso de crecimiento iniciado décadas atrás.
Sin embargo, a mediados del decenio pasado, la tendencia en la deuda bruta del gobierno central cambió abruptamente. Si bien en 2013 representaba solo un 12,8% del PIB, el porcentaje se multiplicaría por más de dos veces en cinco años (25,8% en 2018). Esto fue inicialmente alentado por un relato asociado a la necesidad de avanzar en proyectos sociales de alto costo y en reformas tributarias de mala factura, las que no solo fallaron en recaudar los recursos prometidos, sino que terminaron afectando nuestras posibilidades de crecimiento. Ese mismo relato relegó el crecimiento económico como prioridad y desdeñó la amenaza del creciente endeudamiento público. Entre los argumentos para esto último, se esgrimían comparaciones que posicionaban a Chile dentro de los países de la región de menor deuda como porcentaje del producto, desconociendo que precisamente esa ventaja era un activo estructural a resguardar.
Esto fue además acompañado por una creciente presión para evitar reconocer los pasivos contingentes del Estado en las cuentas fiscales. Así, distintas partidas de gastos fueron diseñadas para ser ubicadas "por debajo de la línea". Esta estrategia permitió ampliar el tamaño de las obligaciones del Estado sin complicar a las autoridades responsables de mantener la regla fiscal (la que por lo demás también ha sido incumplida reiteradamente).
Durante los últimos años, la tendencia al alza de la deuda bruta del gobierno central no se ha contenido. En 2022 el stock cerró en un 37,8% del PIB; en 2023, en un 39,4%, y en cada trimestre del 2024 continuó su ascenso hasta alcanzar el 42,4% del PIB en septiembre. Así, en una década, se han revertido los avances de treinta años: Chile tiene hoy niveles de endeudamiento similares a los de 1990. El actual gobierno se autoimpuso un límite de 45% del PIB como un nivel prudente. Tal cifra debe ser discutida en el futuro.
En cuanto al volumen de amortizaciones, esto implica que el país enfrenta vencimientos por más de US$ 5.000 millones en 2025, sobre US$ 7.000 millones en 2026 y 2027, para superar los US$ 10.000 millones anuales entre 2028 y 2030. Muchas de esas obligaciones se renegociarán (probablemente a un mayor interés), lo que continuará extendiendo los pasivos del Estado en el futuro y traspasando el pago a las siguientes administraciones.
Dicha dinámica ya ha permeado otras discusiones, incluido el debate previsional. Así lo evidencian las indicaciones de la reforma de pensiones que presentó el Ejecutivo esta semana. Con indiscutible creatividad contable, se evita allí reconocer los pasivos fiscales mediante la creación de un Fondo Autónomo de Protección Previsional desde donde se pagarían las obligaciones que el Estado contraería con los cotizantes. El modelo -según han reconocido economistas del oficialismo- tendría así características similares a las de un sistema de cuentas nocionales, revestido bajo la fórmula de un "bono amortizable". Lamentablemente, el Informe Financiero de la Dipres no realiza un estudio detallado de las implicancias fiscales de largo plazo de la propuesta (no se presentan proyecciones de gasto más allá de 2050), lo que abre interrogantes sobre su sustentabilidad. Por lo mismo, sería importante que el Consejo Fiscal Autónomo analice sus contenidos y se pronuncie.
En definitiva, el escenario en materia de deuda pública es complejo, con implicancias de corto y largo plazo, advertidas por distintos análisis técnicos, donde precisamente destaca el trabajo del referido CFA. Esta entidad ha reiterado sus aprensiones tanto en el trato dado a diferentes partidas de gasto -solicitando mayor transparencia y detalle para justificar una clasificación "bajo la línea"- como en las dudas respecto de la ruta para alcanzar las metas de déficit autoimpuestas por la actual administración. Es de esperar que el próximo gobierno asuma como uno de sus ejes hacerse cargo de estas advertencias.
En una década se han revertido avances de treinta años: Chile tiene hoy niveles de endeudamiento similares a los de 1990.