El superclásico y la seguridad

Muy difícil ha sido la organización de la final de la Supercopa de fútbol, la cual, en esta 13ª edición, tendrá como protagonistas a la Universidad de Chile y Colo Colo.
Luego de muchas conversaciones -y estando aún sin despejar la incógnita que plantea la eventual paralización convocada por el Sindicato de Futbolistas (Sifup)-, se ha definido que el partido se jugará en La Serena el 25 de enero, con un aforo de 12 mil personas; es decir, seis mil menos de las que permite el estadio local.
La decisión se tomó luego de una complicada negociación, en la cual las autoridades terminaron exigiendo el cumplimiento de una batería de medidas poco usuales para posibilitar la realización del encuentro. Por ejemplo, se pidió que los planteles de ambos equipos no se alojen en la ciudad del partido, sino en Ovalle y en hoteles distantes uno del otro, por estimarse un lugar más tranquilo y donde habría menos posibilidades de desmanes por parte de aficionados. Además, se determinó prohibir el ingreso al estadio de hinchas que no residan en La Serena, abriendo la interrogante de cómo verificar esto. El tema aún no se precisa, pues si bien se señaló que se utilizarían los datos del Servel, se ha advertido que la ley, en resguardo del derecho a la privacidad, prohíbe darle a esa información usos que no sean los propios del ámbito electoral.
Se trata de exigencias que sorprenden y dan cuenta del temor que parece generar en las autoridades locales la realización de este partido, una preocupación que sin embargo no es injustificada, atendidos los niveles de violencia de que por años han hecho gala las barras bravas de ambos equipos. Inevitable es contrastar esta situación con lo ocurrido en otro evento deportivo, el reciente Ironman de Pucón. Este no solo se desarrolló sin problemas, sino que convocó a una importante cantidad de turistas que además disfrutaron de los atractivos de la zona, impulsando la economía local. Ello no debiera extrañar: en todo el mundo, las ciudades compiten por ser sede de grandes eventos deportivos, los que, lejos de ser motivos de preocupación, representan ventajosas oportunidades, bienvenidas por sus habitantes. Hoy en Chile, sin embargo -tal como destacó en una carta a este medio un ejecutivo del rubro hotelero-, el fútbol parece representar todo lo contrario: una fuente de temor e inseguridad.
El caso de la Supercopa evidencia una vez más el fracaso de sucesivos gobiernos y dirigencias deportivas en terminar con la violencia y recuperar el fútbol como un espectáculo familiar. Con todo, sus implicancias van más allá, en momentos en que el país intenta conjurar la amenaza que representa el avance del crimen organizado. No solo por los indicios de vínculos entre este y las barras bravas, sino además por lo que revela: un Estado que, frente a la posible irrupción de un puñado de antisociales, aparece jugando completamente "a la defensiva", lo que abre serias dudas respecto de sus verdaderas capacidades para abordar desafíos más complejos en materia de seguridad. Y es que, reversionando el adagio jurídico, parece difícil que quien no puede lo menos, pueda lo más.
Frente a la posible irrupción de un puñado de antisociales, el Estado juega completamente "a la defensiva"