Colombia 2025: Un año de incertidumbre

Víctor Muñoz
El año 2025 comienza con desafíos profundos que ponen en entredicho el rumbo de Colombia. En el Catatumbo, los enfrentamientos entre grupos narco-terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc han dejado al menos 80 muertos y han desplazado a más de 10.000 personas hacia municipios como Cúcuta y Ocaña. Según Human Rights Watch, estos grupos han expandido su control territorial, intensificando las violaciones de derechos humanos y exponiendo la falta de control estatal en amplias zonas del país. En lo económico, la crisis fiscal es apremiante. Con un déficit de 35 billones de pesos, el gobierno ha enfrentado impagos a contratistas y busca aplazar compromisos financieros cruciales. Esto obliga a implementar recortes drásticos que afectarán programas sociales, el funcionamiento estatal y la inversión pública. Se hace indispensable un plan de austeridad que reduzca la burocracia y elimine gastos superfluos, como los desmedidos presupuestos en publicidad oficial. En el ámbito legislativo, el gobierno buscará avanzar con su agenda, incluyendo la reforma laboral, la reforma a la salud, la ley de jurisdicción agraria e incluso una nueva reforma tributaria. Sin embargo, enfrenta un Congreso cada vez menos receptivo a sus iniciativas y un calendario político que, en marzo, marcará solo 12 meses para las elecciones al Congreso de 2026. Este contexto complica aún más la viabilidad de aprobar cambios legislativos. En materia de equilibrio de poderes, será fundamental el rol de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, así como los fallos que se avecinan en los próximos meses. Estas instituciones deben garantizar su independencia frente al Ejecutivo para salvaguardar la democracia. En relaciones internacionales, la posición de Colombia frente a la administración del presidente Trump deberá ser clara. El país deberá procurar mantener una agenda de colaboración bipartidista, como ha sido tradición en el pasado. Sin embargo, enfrentará presiones significativas sobre acciones concretas en la lucha contra las drogas, ya que actualmente se reportan cerca de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el territorio. El mensaje del Gobierno Nacional, tras su reunión de planeación estratégica, ha sido priorizar la ejecución. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo lograrlo sin una unidad de gestión y entrega eficiente desde la Presidencia de la República. La falta de una estrategia para desentrabar licencias y consultas previas pone en riesgo cualquier avance significativo en proyectos clave. Este año preelectoral la oposición debe enfocarse en fortalecer su presencia en las regiones, construir propuestas sólidas y aumentar su incidencia digital. La clave estará en presentar una visión alternativa viable, capaz de ganar la confianza ciudadana para las próximas elecciones. El país quiere un cambio al modelo actual de Petro, pero sin regresar a los esquemas del pasado.
Emprendedor, investigador, analista.