Silencio de Allende y Fernández ante fiscalía abre dudas sobre cooperación en indagatoria por fallida compraventa

A eso de las 09:00 horas de ayer, la senadora Isabel Allende, mediante la plataforma Zoom, se conectó para comparecer , en calidad de imputada, ante la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada da por el persecutor Patricio Cooper, quien investiga eventuales delitos en el proceso de compraventa de la casa del padre de la legisladora, el expresidente Salvador Allende, por parte del Gobierno.
Sin embargo, al igual que su sobrina, la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exmandatario, la senadora hizo uso de su derecho a guardar silencio, lo que acrecienta las dudas que se buscan despejar en la causa, principalmente debido a que son las dos autoridades que habrían infringido distintos artículos de la Constitución al suscribir el contrato de compraventa con el Estado.
Dimensión penal, constitucional y política
En esta línea, los investigadores no han podido obtener, de la secretaria de Estado y la senadora, sus versiones sobre si conocían o participaron de la negociación previa y génesis del contrato que se firmó y que se encuentra notariado, por el cual ambas enfrentan distintos procesos, tanto en el ámbito penal, en el marco de la querella que dio origen a esta investigación, como también en el Tribunal Constitucional (TC), donde existen tres requerimientos que buscan que se declare el cese de funciones de la legisladora y la inhabilidad de la secretaria de Estado, respectivamente.
En el caso de Allende, se trata de dos presentaciones, del Partido Republicano y Chile Vamos, que fueron acogidas a trámite, por lo que se abrió el plazo de 10 días para conocer su respuesta a las imputaciones de los legisladores. En el de la ministra Fernández, en tanto, se revisará la admisión a trámite de la acción la próxima semana en la Primera Sala del TC.
Mientras que, en paralelo, la titular de Defensa deberá enfrentar una acusación constitucional, confirmada esta semana por parte de la bancada de diputados republicanos.
Tanto Fernández como Allende son representadas por la misma abogada, Paula Vial, quien ha dicho que los silencios son por consejo del equipo jurídico. Respecto de la declaración de la senadora, la abogada expresó que "siguiendo nuestra recomendación, la senadora ha hecho uso de su derecho a guardar silencio, y declarará cuando lo consideremos oportuno, una vez que tengamos acceso a los antecedentes de la investigación y a la imputación".
"Quiero reiterar lo que la senadora Allende ha señalado en todo este proceso: colaborará siempre con las instituciones y toda su actuación se ha dado en el marco de la buena fe", agregó.
Senadora había anunciado "colaborar con las instituciones"
Lo anterior, en referencia a las palabras de la legisladora cuando se le consultó por su citación al interrogatorio: "Por supuesto haremos como corresponde, colaborar con las instituciones, con la justicia, así como lo estamos haciendo con el Tribunal Constitucional", añadiendo que "siempre actuamos de buena fe y no tenemos nada que ocultar". No obstante, ambas optaron por no responder, por ahora, las preguntas de los fiscales.
La estrategia desplegada por las autoridades ha generado controversia en el mundo político, e incluso legisladores del oficialismo han señalado que el silencio contribuye a que persistan los cuestionamientos en torno al proceso de adquisición del inmueble.
En la oposición, en tanto, diputados RN pidieron ayer al Presidente Gabriel Boric que le solicite la renuncia a la ministra Fernández, y señalaron, respecto de su negativa a responder a la fiscalía, que "si bien es una garantía de naturaleza procesal, deja entrever una falta de transparencia y al menos un déficit en el compromiso de la ministra por esclarecer los alcances de lo acontecido".
En este escenario, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la decisión de la ministra y la senadora, advirtiendo que "el ejercicio de los derechos nunca puede ser visto como un obstáculo a las investigaciones. Son parte de las alternativas que la ley considera".
Quien sí declaró ayer, en calidad de imputada, fue la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, la única autoridad de confianza del mandatario a quien se hizo responsable políticamente de los errores en el proceso de compraventa, pues se le pidió su renuncia el 6 de enero.
Defensa de Sandoval: "Asumir un cargo de autoridad pública implica enfrentar el escrutinio ciudadano"
Antes de las 15:00 horas, la exsecretaria de Estado hizo su ingreso al edificio de la Fiscalía Nacional, en la comuna de Santiago, donde la esperaban los investigadores de la Fiscalía Regional de Coquimbo, quienes la habrían interrogado por cerca de tres horas, pues salió de las oficinas de la fiscalía a eso de las 18:00 horas.
Tras la instancia, desde su defensa, liderada por la abogada Francisca Millán, de AML Defensa de Mujeres, señalaron que "asumir un cargo de autoridad pública implica enfrentar el escrutinio ciudadano con responsabilidad, un deber que se cumple actuando con lealtad al gobierno y de cara a la ciudadanía en las instancias correspondientes. Así, este proceso representa una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones y aportar a la claridad necesaria en el ámbito público".
Con esto, la fiscalía pone fin a una semana en que se citó a declarar a una decena de funcionarios y exfuncionarios de gobierno, siete como testigos y tres como imputadas. De ellos, solo la senadora Allende y la ministra Fernández declinaron en aclarar las dudas de los investigadores.
Compraventa La fallida compraventa de la casa del expresidente fue acordada en más de $930 millones. Presidente solo podría pagar defensa privada con fondos públicos "como última alternativa" y con "justificación debida"¿Es un "privilegio presidencial" que la defensa privada del Presidente Gabriel Boric en la causa por eventuales irregularidades en la fallida compra de la casa del exmandatario Salvador Allende se realice con fondos fiscales? Esa es la pregunta planteada en una carta al director de "El Mercurio", donde además se compara esa realidad con la de otros servidores públicos, como carabineros y militares.
El artículo 90 del Estatuto Administrativo reconoce como un derecho de los funcionarios públicos la cobertura de defensa jurídica en asuntos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones. Es decir, puede usarse para ello fondos públicos, pero solo puede contratarse defensa privada en casos excepcionales y con la correspondiente justificación, dicen en el mundo jurídico. Esas razones hoy se desconocen.
Por eso, se ha reparado en este caso, en que se contrató a un abogado externo -Jonatan Valenzuela, con un contrato por $13 millones- y no, por ejemplo, al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Se desconoce cuál es la justificación de La Moneda para ello, según exige la norma.
¿Podría Maya Fernández, como ministra de Defensa, haber apelado a la misma norma? Solo si en la venta hubiese actuado en ese rol, según expertos, lo que no ocurre, por lo que no correspondería.
Sobre el caso de los funcionarios de Carabineros se han dado en los últimos años distintas situaciones, sin perjuicio que también pueden recibir asesoría legal institucional. Solían ser asistidos por abogados de su Dirección Jurídica, pero tras el estallido y la cantidad de causas que debieron enfrentarse, por el ejercicio de sus funciones, algunos recurrieron a la Defensoría Penal Pública o abogados particulares.
Ahora, los profesores de Derecho Administrativo Rosa Fernanda Gómez, de la Universidad de los Andes, y Eduardo Cordero, de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), recuerdan cómo la Contraloría ha resuelto este tema en general.
Así, la primera precisa que el ente contralor ha señalado que "corresponde al servicio al que el funcionario pertenece otorgarle la defensa que se requiera, para evitar de esa manera que sufra personalmente las consecuencias derivadas del ejercicio de la función pública".
El docente PUCV añade que la Contraloría ha sostenido que "procede" que se le otorgue esta asistencia cuando "ha sido demandado por actuaciones derivadas del acatamiento de las obligaciones que le impone la ley y el legítimo ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas, a fin de que no sufra personalmente las consecuencias provenientes del correcto desempeño de la función pública".
Sin embargo, precisa, "antes se debe establecer si los funcionarios han actuado dentro de los márgenes de la ley, lo que muchas veces no se puede establecer a priori"; por eso, dice, el mismo organismo ha indicado que se puede reconocer este derecho, "siempre que existan antecedentes fundantes (...) de que las decisiones o actuaciones fueron desarrolladas dentro del marco legal que las regula y, por lo mismo, como propias del órgano".
A lo que Gómez agrega que "si bien cualquier funcionario puede solicitar esta defensa jurídica, en la práctica, el ejercicio de este derecho queda supeditado a una previa calificación del jefe del servicio de los supuestos establecidos en el referido artículo 90, lo cual limita su aplicación".
El también académico de Derecho Administrativo José Luis Lara, de la U. Católica, sostiene que "la eventual responsabilidad personal de una autoridad en el desempeño de su cargo constituye un derecho funcionario y como tal provisto por el servicio", aunque advierte que, en este caso, "llama la atención que sea un abogado externo y no la División Jurídico-Legislativa de la Segpres o el CDE quienes asuman su defensa".
Un problema distinto a lo referido sobre este "derecho", dice Cordero, es "cómo se otorga esta defensa, ya que la puede asumir el propio servicio con sus abogados, en algunos casos el CDE, y, como última alternativa y con la debida justificación, podría ser una defensa particular".
Su par de la U. de los Andes recuerda que la Contraloría también ha indicado que si el servicio público correspondiente no cuenta dentro de su personal con abogados especializados para ejercer las acciones civiles o criminales, "corresponde que la defensa jurídica sea proporcionada a través de la contratación de abogados o estudios jurídicos especializados en dichas materias".
Pero, estima que aquí "llama la atención de por qué no se recurrió al CDE, que en otras ocasiones ha prestado defensa jurídica al Presidente, por ejemplo, en el caso de los indultos, y que tiene abogados especialistas en temas penales".