Con preocupaciones, regiones no dejarán parar los proyectos

Tras lo que pareció varios días de diálogos amistosos para saber cómo sortear las finanzas del Estado en el 2025, el Gobierno tomó decisiones unilaterales que podrían poner en riesgo proyectos vitales de infraestructura y golpear la confianza del sector. En un esfuerzo resiliente, las gobernaciones han dado un parte de tranquilidad a la ciudadanía, usando de su bolsillo recursos hasta que termine el período presidencial; en otros casos, les preocupan las obras de los años venideros. El pasado 24 de enero, el Ministerio de Hacienda aplazó del Presupuesto de este año $12 billones del renglón de gastos con el fin de poder responder con los compromisos fiscales del Estado. De este total, $3,48 billones tocan al sector de infraestructura en proyectos tanto de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como del Instituto Nacional de Vías (Invías) y sistemas de transporte. El rubro en el que más recorte habrá es en la Primera Línea del Metro con $770.300 millones, seguido por la restauración del Canal del Dique con $710.900 millones, la construcción del Metro Ligero de la Calle 80 en Medellín con $497.600 millones y el proyecto del Regiotram de Occidente con $345.700 millones. Además, en la capital del país otro proyecto vital que será impactado es la construcción de la troncal de TransMilenio de la Calle 13 con $328.500 millones. Al respecto, en el caso de Bogotá, las entidades afectadas, como el IDU, por el proyecto de TransMilenio de la Calle 13 o la Empresa Metro, con la primera línea, remitieron la vocería al alcalde Carlos Fernando Galán, quien precisó la importancia de honrar los compromisos adquiridos por el Estado mediante contratos, en el caso de la primera Línea del Metro de Bogotá, en el año 2017. Hizo hincapié en la necesidad urgente de mantener el avance del proyecto que es del 46%. "El progreso de Bogotá no lo detiene nadie. A pesar del decreto nacional mediante el cual aplaza la financiación de la Nación para proyectos clave de la ciudad, en particular el Metro de Bogotá, no vamos a permitir que nuestra ciudad se detenga. Es importante reiterar que los aportes de la Nación a Bogotá no son un favor, responden a contratos firmados y aplazarlos es una forma de incumplimiento. A pesar de nuestra disposición al diálogo, este decreto no fue concertado, ni nadie del Gobierno se comunicó con nosotros", señaló. Y, agregó que a la fecha el distrito ha dado tres veces más recursos al proyecto que la Nación. Por ende, se comprometió a "llevar la carga" de la financiación del proyecto por el "incumplimiento del Gobierno" hasta el 2026. Así mismo, aseguró que dispondrán de todas las acciones legales para que cumplan con lo pactado. En el caso del Regiotram de Occidente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que le preocupa la ejecución del proyecto sobre todo en su etapa final, pues estos recursos son vitales para ejecutar las últimas obras entre 2026 y el año siguiente, lo que pondría en vilo la entrada de operación del sistema para septiembre de 2027. Actualmente, el proyecto cuenta con saldos de las vigencias de los años 2023 y 2024 por el orden de los $700.000 millones que permitirán dar cumplimiento con las obras de este y parte del otro año. Sin embargo, la preocupación radica en que el decreto al no contar con una fecha estimada para el pago del aplazamiento, no se sabe si se tendrán recursos más adelante. "Por eso hemos venido pidiendo al Mintransporte y Hacienda una mesa técnica urgente para que nos puedan contar el alcance de esta medida", puntualizó..