Guantánamo, otra vez

Polémica a nivel internacional generó el anuncio del Presidente Donald Trump de que ordenará ampliar las instalaciones en la Base Naval de Guantánamo (Cuba), con el objetivo de albergar hasta 30.000 inmigrantes indocumentados considerados de alta peligrosidad. Esta decisión forma parte de una serie de medidas destinadas a endurecer las políticas migratorias y reforzar la seguridad fronteriza.
Trump sostuvo que Washington no considera viable la posibilidad de repatriar a esos inmigrantes "en extremo peligrosos" a sus países de origen, ya que no cree que las autoridades locales sean capaces de mantenerlos en prisión.
La presencia estadounidense en Guantánamo se remonta al Tratado cubano-estadounidense firmado en 1903 (tras la guerra entre EE.UU. y España de 1898), mediante el cual Cuba le arrendó de manera perpetua un área de aproximadamente 117 km {+2} en el sureste de la isla, para establecer estaciones navales y de embarque. Según este acuerdo, Estados Unidos tendría "jurisdicción y control absoluto" sobre la zona, si bien reconociendo la "soberanía suprema" de Cuba sobre el territorio. El arriendo se fijó en US$ 2.000 en oro estadounidense al año.
Luego, en 1934, Franklin D. Roosevelt actualizó el acuerdo con una nueva cláusula, estableciendo que el arriendo solo podría ser cancelado si ambas partes estaban de acuerdo. Además, el pago anual fue ajustado a US$ 4.085. Sin embargo, desde la revolución de 1959, el gobierno de La Habana ha rechazado el pago, como un símbolo de su oposición a la presencia estadounidense en la isla. Según decía Fidel Castro, Cuba solo ha aceptado una vez uno de estos cheques por error, mientras que el resto ha sido siempre devuelto o ignorado.
En 2002, durante la Guerra contra el Terrorismo, George W. Bush ordenó que la base se acondicionara para establecer campos de detención para miembros de Al Qaeda, talibanes y otros yihadistas. En su punto máximo, en 2003, la prisión llegó a albergar a cerca de 680 detenidos. Actualmente, permanecen en la instalación apenas 15 prisioneros, luego de la transferencia de 11 detenidos yemeníes a Omán, el mes pasado.
La decisión de Trump ha generado una intensa polémica, ya que revive las controversias asociadas con la Guerra contra el Terrorismo y los abusos entonces cometidos en Guantánamo. Presidentes anteriores, como Barack Obama y Joe Biden, intentaron cerrar el centro de detención debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos y torturas. Sin embargo, ahora Trump ha optado por reutilizar y ampliar estas instalaciones para detener a indocumentados.
La medida plantea serias interrogantes sobre los criterios que se emplearán para determinar quiénes serán enviados allí. Además, surgen preocupaciones respecto de las condiciones de detención y el respeto a los derechos de los nuevos prisioneros. Organizaciones y expertos legales ya han expresado su alarma ante la posibilidad de que los inmigrantes sean privados del debido proceso legal, y enfrentados a detenciones indefinidas. Un tema que ya afecta la imagen del gobierno de Trump y que, de concretarse, agregará otra controversia a su legado.
La posibilidad de detenciones indefinidas ya enciende alarmas.