La pena máxima que se puede imponer a menores de 18 años es de 10 años de internación en el Inisa. En este caso, la causa se tramitó mediante un proceso simplificado.
Redacción El País Hace un año, una mujer joven del barrio Manga fue asesinada -según afirma la investigación de la Fiscalía- por orden de un cabecilla de una banda narco que estaba preso en el Comcar. Desde la cárcel "ordenaba el barrio", dijo en una de las audiencias judiciales del caso la fiscal de Homicidios, Mirta Morales. A fines del año pasado, la fiscal informó al juez que lleva la causa de los tres adultos involucrados, que un menor había sido condenado tiempo antes por ser el autor material del hecho.
El joven de 16 años fue condenado en 2024 por una infracción gravísima a la ley penal adolescente por haber cometido un homicidio muy especialmente agravado por sicariato.
Lo hizo por "encargo" de este líder que está preso, recoge la sentencia de la Justicia de Adolescentes a la que accedió El País. El menor fue condenado a seis años de internación en el Inisa.
La pena máxima que se puede imponer a menores de 18 años es de 10 años de internación en el Inisa. En este caso, la causa se tramitó mediante un proceso simplificado, lo que generalmente lleva como beneficio para el imputado una rebaja en la solicitud de pena, a cambio de un juicio que es más breve porque no se presentan todas las pruebas.
El ideador del homicidio contó en un mensaje de texto quién había ejecutado el crimen: lo hizo "un menor de edad que pagaba con dos años", afirmó refiriéndose a que los menores de edad obtienen penas más cortas.
La víctima tenía una deuda con este cabecilla narco terminó ordenando su asesinato. Hay dos hipótesis sobre el motivo concreto. Según la fiscal de Adolescentes Mirna Busich, la víctima vendía droga para él y le robó parte de la mercadería, pero según la investigación en la Fiscalía de Adultos, ella tenía una deuda en dinero porque era consumidora.
El líder de la banda, que estaba recluido, fue informado de esta deuda y le envió varios mensajes a la víctima diciendo que la iba a "mandar matar". "Te vuelo", "te mando partir", decían otros mensajes, replica la sentencia.
Ella, que era informante policial, llegó a comentarle lo ocurrido a una oficial. Pero paralelamente el cabecilla le pidió a su hermano y a un amigo suyo que fueran a la casa su casa y la prendieran fuego. Ellos dos y el cabecilla fueron imputados por la Justicia de adultos. El incendio no fue total: solo lograron dañar una puerta y una ventana.
Por eso es que el 12 de febrero entró en escena el menor condenado. Junto con el hermano del cabecilla volvieron a la casa y "golpearon y amenazaron de muerte" a la víctima para que pagara el mismo día. Esa noche, la mujer entregó a su hija de cuatro años a un vecino. Sabía que la matarían.
Desde la cárcel, el líder de la banda le escribió por Instagram al menor de edad para encomendarle "un trabajo": le dijo dónde había un arma de fuego y le pidió que matara a la mujer. El adolescente fue al lugar con el hermano del cabecilla, pero fue él quien dio los cinco tiros que mataron a la mujer.
Después del homicidio, el recluso se aseguró el resultado: "Preguntó si había podido dar con el objetivo o si había salido ilesa", sostiene la sentencia. A su vez, les pidió a los dos involucrados que no circulen públicamente durante esos días por miedo a que los atrapen.
"El relacionamiento del adolescente acusado" con esta banda "devino por su consumo de sustancias, se vinculó a éstos para sostener su adicción lo cual lo llevó a cumplir encargos y desarrollar actividades infraccionales al extremo de dar muerte a una persona", afirma la sentencia del juez Ismael Falco.
Los tres adultos imputados por su participación en el homicidio permanecen presos preventivamente a la espera del juicio. Si el caso se soluciona por la vía del juicio oral y la Fiscalía mantiene esta tipificación, la pena mínima que se puede solicitar es de 15 años y la máxima de 30 años (esta es la pena máxima posible en Uruguay).
"La violencia que se da en ese lugar es enorme"
En una audiencia judicial en los primeros meses del año pasado, la fiscal que lleva el caso de los adultos, Mirta Morales, dijo que le "indignaba bastante" que el hombre que presuntamente ejecutó la orden del homicidio, pese a estar preso, mantenía "mucho vínculo con el barrio". "Ordena lo que pasa en el barrio. Y tiene gente que le cuenta, incluso, quienes posteaban" por la muerte de la mujer. Sobre Manga, remarcó que "la violencia que se da en ese lugar es enorme".
El País, Uruguay
10 de febrero de 2025
