El Comercio, Perú
12 de febrero de 2025
La bancada con más denunciados es Podemos Perú, seguida por Alianza para el Progreso. Especialista en asuntos parlamentarios señala que el antejuicio político se ha convertido en un mecanismo de impunidad.
Por martín calderón pasache
Treinta y seis de los 130 actuales congresistas fueron denunciados por la Fiscalía de la Nación en un año, desde febrero del 2024 hasta la fecha. Esto por los presuntos delitos de concusión, colusión, negociación incompatible, peculado, tráfico de influencias y patrocinio ilegal durante el ejercicio de sus finciones .
La lista la encabeza Rosío Torres (Alianza para el Progreso), quien fue blindada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado viernes, a pesar de los indicios que sugieren que recortó el sueldo de sus trabajadores.
Hasta ahora, el Congreso solo se ha pronunciado por el caso de Torres, aunque para protegerla. Los de los otros 35 parlamentarios continúan sin resolverse, lo que impide a la fiscalía pasar a la etapa de investigación preparatoria.
Son 10 los congresistas denunciados por mochasueldos (concusión) en el último año. A Torres se suman Magaly Ruiz (APP), Heidy Juárez, Jorge Flores, Edgar Tello, José Arriola, Darwin Espinoza (Podemos), Katy Ugarte (Bloque Magisterial), Raúl Doroteo y Marleny Portero (Acción Popular).
?Bancada con más denunciados?
Podemos Perú es la bancada con más congresistas denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación en un año.
A los cinco legisladores mochasueldos se sumaron Kira Alcarraz y Guido Bellido en enero pasado. Ninguno de los siete llegó al Congreso con Podemos. La bancada los acogió a pesar de los cuestionamientos que la mayoría arrastraba.
La segunda bancada con más denunciados es APP, con cinco. A Torres y Ruiz se suman Roberto Kamiche, Juan Carlos Lizarzaburu y Roberto Chiabra.
?Indicios razonables?
El vocero principal del MP, Víctor Cubas, explicó que la institución lleva a cabo diligencias preliminares para determinar si existen elementos probatorios que vinculen a un congresista u otro alto funcionario del Estado en la comisión de un delito. Si encuentra estos indicios, debe presentar una denuncia constitucional para avanzar a la siguiente etapa de la investigación, dado que los parlamentarios y otros altos funcionarios gozan del derecho al antejuicio político.
Luego, el Congreso evalúa si corresponde levantar la inmunidad al alto funcionario denunciado. En teoría, el antejuicio político debe funcionar como un mecanismo de control parlamentario, que permita determinar si hay méritos suficientes para que los denunciados enfrenten la justicia como cualquier ciudadano.
?Mecanismo de impunidad?
Para el especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi, el antejuicio político se ha convertido en una herramienta para evadir la justicia, por lo que debería eliminarse.
?No recuerdo en la práctica parlamentaria y en la historia constitucional un indicador tan alto de congresistas con denuncias constitucionales en un quinquenio. Es insólito. Pero hay un blindaje en el Parlamento que nos lleva a pensar que ha llegado el momento de que se elimine el antejuicio político. Es un mecanismo de impunidad?, dijo en diálogo con El Comercio.
No obstante, el exoficial Mayor del Congreso César Delgado-Guembes consideró que eliminar el antejuicio generaría que los congresistas tengan incentivos para alterar las normas, en busca de impunidad. ?Se seguirán valiendo del sistema legislativo para alterar las normas, de manera que no haya ningún tipo de persecución legal contra quienes no actúan conforme a la Constitución y las leyes?, señaló.
descargos
Al cierre de esta edición, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no respondió a nuestros llamados.
