El Comercio, Perú
5 de marzo de 2025
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Por VÍCTOR REYES PARRA
El juicio por el golpe de Estado de Pedro Castillo está en marcha, pese al último y fallido intento del expresidente para dilatarlo. En las próximas semanas desfilarán testigos y pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y, eventualmente, se dictará una sentencia que ya se anticipa como histórica.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró ayer ?válidamente instalado? el juzgamiento contra Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez, el exasesor de esta al momento de los hechos Aníbal Torres, y el exministro del Interior Willy Huerta, acusados de rebelión por lo acontecido el 7 de diciembre del 2022. La investigación fiscal incluyó al exministro y actual congresista Roberto Sánchez, pero el Poder Judicial lo excluyó del proceso.
El juzgamiento también incluye a un general y a un comandante de la Policía Nacional de Perú (PNP). Un séptimo acusado, un teniente policial, no se presentó a la audiencia y fue declarado reo contumaz, con lo que todo lo referido a él fue reservado hasta que se apersone al juzgamiento.
?Infructuoso intento?
En la sala de la Corte Suprema ubicada en el complejo policial de la Diroes, contigua al penal de Barbadillo, donde Castillo cumple prisión preventiva, el exmandatario fracasó en su estrategia por no someterse a la justicia.
El expresidente que ha tenido casi una treintena de abogados desde el golpe llegó a la fecha más importante, el día del inicio del juicio, sin un abogado. Antes de la audiencia, presentó un oficio en el que retiraba como su abogado a Luis Walter Medrano, quien llevaba casi un año como su principal defensor en este proceso. Nombró en su lugar a su exministro de Trabajo Iber Maraví, pero solo para que firmara su escrito, ya que líneas después también lo retiró a él y anunció que se ?rehusaba? a participar en el juicio. En el mismo escrito, Castillo se atribuyó la responsabilidad de lo ?dicho y hecho? en su discurso, en un intento de exculpar al resto de acusados. La sala pasó a deliberar y resolvió asignarle un defensor público, detallando que, si bien se había presentado el escrito para retirar de la defensa a Medrano, no hizo lo mismo con los otros tres abogados que tenía en este caso y que tampoco se presentaron en la audiencia. Momentos después, Castillo manifestó: ?Jamás he cometido el delito de rebelión y mis coacusados [?] nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice fue trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, un discurso político?.
?Alegato fiscal inicial?En su alegato inicial, la fiscal Galinka Meza sostuvo que estamos ante un ?juicio que no tiene precedentes en nuestra historia ni en los anales judiciales: el juicio seguido al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien ha quebrantado el orden constitucional y democrático de nuestra sociedad?.
Esto a pesar de ?haber sido elegido como presidente de la República y haber ejercido el más alto cargo funcionarial?. La fiscal atribuyó a Betssy Chávez y a Aníbal Torres la ?planificación y ejecución? del delito; mientras que a Willy Huerta le imputó ?netamente la ejecución?. Torres, según la magistrada, ?redactó el mensaje a la nación? que leyó Castillo.Con todo ello, la fiscalía requirió 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública; 25 años por rebelión para Chávez y Huerta; y 15 años para Torres. La defensa de Aníbal Torres, a cargo del ex juez supremo Duberlí Rodríguez, también hizo sus alegatos de apertura. En su discurso, la defensa cuestionó que su defendido haya podido tener influencia sobre el presidente desde su rol como jefe del gabinete de asesores de la PCM, y rechazó que se haya cometido el delito de rebelión porque los acusados no se alzaron armas. Luego de casi tres horas, la sala suspendió la audiencia a las 12:30 p.m. El juicio se retomará este jueves, desde las 9 a.m. Se espera que hagan sus alegatos iniciales la defensa de Betssy Chávez, Pedro Castillo y el resto de acusados.Castillo podrá seguir siendo representado por el defensor público, pero también podrá nombrar a un nuevo abogado particular.
REPARACIÓN
En su alegato inicial, la Procuraduría General del Estado presentó su requerimiento del pago de
S/65 millones como reparación civil por este caso, entre todos los acusados.
