Fiscal defiende diligencia y dice que había "riesgo" porque Cariola y Hassler son "muy amigas"

En medio de las críticas que generó en el Gobierno y en sectores del oficialismo el allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola (PC), e incluso la presencia de detectives en la clínica donde dio a luz a su primer hijo, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que ordenó dichas diligencias, dice que, como equipo investigador, están "tranquilos".
En conversación con "El Mercurio", señala que su "trabajo es realizar investigaciones en materia criminal y diligencias que sean exitosas, y yo clasifico como exitosa la diligencia del lunes, porque incauté el celular y el notebook de la diputada e incauté dos celulares y un notebook al otro sujeto (otro militante del PC), y tomé los resguardos del caso. Fueron pocos funcionarios a su departamento, mayoritariamente mujeres, se hizo con la prudencia necesaria, tomando en cuenta el cargo que ella tiene y el estado en que estaba".
Detectives "nunca tuvieron contacto con la diputada"
Además, respecto de la concurrencia de detectives a la clínica, afirma que fue para recoger el teléfono de la legisladora, que fue entregado por su hermana. "Nunca tuvieron contacto con la diputada", señala, e insiste en que no tenían cómo saber que justo ese día Cariola estaría en trabajo de parto. "No teníamos idea de que ese día iba a dar a luz, es imposible preverlo".
Cooper describe por qué no quedó otra opción que hacerlo ese día. Según cuenta, el martes pasado ingresó la solicitud de entrada y registro al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que el jueves llamó para preguntar por una respuesta. Antes, eso sí, confiado en que tendría una respuesta positiva, había coordinado con la PDI la realización del procedimiento el pasado viernes. Sin embargo, para su sorpresa, el tribunal le comunicó que su escrito no había llegado, y el equipo informático lo atribuyó a una eventual falla provocada por el apagón de esa jornada, por lo que volvió a presentarlo, obteniendo la autorización del juez de turno y la policía le recomendó que al ser dos lugares al mismo tiempo, era más factible que fuera este lunes.
El fiscal llevaba meses con un informe clave de la PDI en su poder, respecto del cual había declarado reserva, la que se acababa, precisamente, el lunes, por lo que debía entregar copia a los intervinientes. En ese documento, dice Cooper, venía el análisis de "uno de los celulares incautados a la exalcaldesa con una serie de conversaciones comprometedoras con la diputada Cariola y decido abrir una investigación por tráfico de influencias". Y si bien resguardaría esos chats para el resto de las partes (como los querellantes), señala que "esa reserva es inoponible a la defensa de la dueña del teléfono, que es la exalcaldesa Hassler".
E insiste: "No lo hicimos a propósito con la PDI, no sabíamos que iba a tener la guagua ese día, ella el día domingo estaba en su casa, y por lo tanto, desde ese punto de vista, la premura tiene que ver con el éxito de las diligencias teniendo en cuenta que el lunes se liberaban los informes".
"Lo más probable es que avisara que teníamos sus chats"
Por lo tanto, apunta, "el lunes la exalcaldesa y su defensa iban a saber que habíamos recuperado los chats, porque todas esas conversaciones fueron borradas por la exalcaldesa, y dada la naturaleza de los chats numerosos que hay, sabía que eran muy amigas, y lo que iba a ocurrir es que sabiendo la exalcaldesa que habíamos recuperado estos chats comprometedores, lo más probable es que avisara a la diputada y a otras personas que teníamos sus chats y, por lo tanto, se podía perder la evidencia (...), era totalmente un riesgo".
Sin entrar en mayores detalles, el fiscal regional señala que la indagatoria por tráfico de influencias está recién comenzando. Según ha podido recoger este medio, la investigación se enmarca en presuntas gestiones de la diputada para que un amigo obtuviera una patente de alcoholes en la comuna entonces dirigida por Hassler.
Sobre los chats entre ambas respecto de la fallida compra de la exclínica, Cooper acota que fueron entregados a los intervinientes porque tienen relación con la causa Sierra Bella, de la que deriva este nuevo caso. Anoche Hassler difundió en sus redes sociales una declaración pública, subrayando que "siempre he actuado de buena fe" y que es "inocente".
"Cómo vamos a partir diciendo 'si bien no cumplimos'", los chats a funcionariosEntre los antecedentes que maneja la Fiscalía Regional de Coquimbo, contenidos en un informe de la PDI, se encuentran diversas conversaciones de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) y de entonces funcionarios de la Unidad Jurídica del municipio que dan cuenta del activo rol que tuvo en la defensa del proceso de compra de la exclínica Sierra Bella, preocupada de dar respuesta a los cuestionamientos políticos y legales, pero también cuidando aspectos comunicacionales.
Entre estos funcionarios se encuentra el jefe de dicha unidad, Jean Pierre Chiffelle, y la abogada Nadia Olave.
En medio de la preparación de respuestas a oficios de concejales, la exalcaldesa cuestionó a Olave un borrador, realizando diversas precisiones, tales como: "Cómo vamos a partir diciendo 'si bien no cumplimos', me parece de toda gravedad, eso hay que eliminarlo de todas formas".
En sus conclusiones respecto de las comunicaciones con la funcionaria, la fiscalía señala que Olave "refuta a Hassler indicando que los tasadores no tuvieron a la vista el precio previo de la compraventa entre San Valentino SpA y Sociedad Sierra Bella, lo que podría generar cuestionamientos sobre la determinación del 'justo valor comercial'".
"¿Hay algún problema que enfrentemos?"
Por otro lado, en el caso de Chiffelle, la fiscalía observa que en sus mensajes con la alcaldesa se da cuenta del "cambio de postura" tras conversar con Karol Cariola en noviembre de 2022, confirmándole que el inmueble por adquirir debía ser el de Sierra Bella y no el de Carmen 35. Para la fiscalía, las comunicaciones revelan la "influencia" de la legisladora en la definición de dicho recinto.
A mediados de diciembre, Hassler le reenvió a Chiffelle un correo del dueño del inmueble de Carmen 35, que cuestionaba el pie atrás del municipio en la compraventa.
"¿Hay algún problema que enfrentemos por haber generado ese acuerdo?", preguntó Hassler, recibiendo una respuesta negativa. Luego, la alcaldesa le pide que plantee si se les podía pagar por los diversos gastos en que hubiesen incurrido, pero el abogado retruca que necesitarían aprobación del concejo.