"No hay un giro de la fiscalización en materia acuícola"

Actores del mundo privado, encabezados por la salmonera Cooke Aquaculture, han cuestionado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al considerarla un obstáculo para el crecimiento económico y de la promoción de inversiones. Para Marie Claude Plumer, superintendenta del Medio Ambiente, no hay sustento para esa crítica.
En la industria de los salmones chilena acusan ser el sector más fiscalizado por esta entidad -de los 4.468 procesos de control realizados en 2024, concentraron cerca del 50%- pese a su alto cumplimiento de la normativa ambiental. Entre las razones que explicarían este escenario, señalan que la autoridad aplicó un cambio de criterio en los últimos años que intensificó las fiscalizaciones sobre esta actividad.
Por otra parte, según un informe de noviembre de 2023 del exsuperintendente Cristóbal de la Maza, la SMA modificó su estrategia fiscalizadora y sancionadora desde 2019. "La SMA pasó de operar desde una lógica de deferencia administrativa, delegando en organismos sectoriales las prioridades de fiscalización, a una posición proactiva. La autoridad aumentó significativamente las fiscalizaciones y formulaciones de cargos, fuera de lo normal y recurrente, modificando la tendencia histórica de manera sorpresiva", dijo entonces.
Según datos de la SMA, en 2024 se realizaron unas 1.800 fiscalizaciones a centros de engorda de salmones (CES) en materias de posicionamiento y producción. Fue mayor que 2021 (1.200) y que los registros de 2020 (43 en medio de la pandemia).
-¿Hubo un giro en las fiscalizaciones hacia la industria salmonícola durante su gestión?
"No hay un giro de la fiscalización en materia acuícola, en la fiscalización ambiental. Este es un proceso que lleva varios años y que ha sido continuo (...). Se viene pensando, si no me equivoco en esto, desde el 2015 en forma muy preliminar".
-¿A qué se refiere con un proceso que se viene pensando desde el 2015?, ¿de fiscalización mayor a la salmonicultura?
"En general, de fiscalización. Y en particular, respecto a proyectos de acuicultura que tienen más de 2.000 unidades fiscalizables asociadas a resoluciones de calificación ambiental (RCA). Es decir, un universo muy importante que se suman a otros elementos complejos, ya que son instalaciones, la mayoría ubicadas en el sur del país, en lagos y en lugares de difícil acceso".
"La mirada tradicional de una fiscalización en terreno es muy inviable, no solamente por los costos que implica, sino por la posibilidad de llegar a las 2.000 unidades".
-¿Y qué hicieron para llegar?
"En 2015 se empieza a trabajar una herramienta de imágenes satelitales, no solamente en estas materias, sino que en otras áreas. Y ahí fue paulatino".
"Hemos podido llegar hoy día al 100% de cobertura en dos líneas: posicionamiento de los CES, que están asociados a una concesión, y la producción".
-¿Es incorrecto que ellos hablen de cambio de criterio?
"Sí, porque no ha habido un cambio de criterio respecto a la fiscalización. Y la consecuencia es un trabajo constante, continuo, permanente, bajo una línea que se ha mantenido, no obstante los cambios de administración".
-¿Se fiscaliza tal cual como fue aprobado originalmente el proyecto? ¿O hay un cambio después en cómo se mide?
"Para nosotros es importante la RCA, establece el límite. Pero hay datos también que son entregados a la autoridad pesquera, de límites de cosecha, etc. Y esos son los que van determinando los límites autorizados por la respectiva RCA".
-La salmonera Cooke señala que antes se fiscalizaba por densidad y ahora es distinto, por el proyecto técnico...
"Ahí (caso de Cooke) estamos hablando de un proyecto que no tiene RCA en materia de producción. Yo estoy hablando que todo este proceso de fiscalización está basado en proyectos con RCA, y toda la línea de trabajo que hemos logrado hacer con importantes logros en materia de fiscalización está asociada a proyectos con RCA".
-Esta empresa acusa una falta de ética. ¿Cómo opera la ética en la SMA?
"Es interesante, porque la ética es un concepto filosófico, y esta es una institución pública. Las instituciones públicas están referidas a un marco normativo, legal, y ese es nuestro ámbito de ejercicio y de actividad".
"La actuación de la superintendencia es a través de sus decisiones y actos administrativos. Esos actos administrativos tienen que estar motivados y estar dentro de la esfera del derecho".
-Cooke dijo a este medio que no los dejan operar, y pidió que se respete el acuerdo de relocalización alcanzado con el Gobierno. ¿Qué le parecen estas declaraciones?
"Este es un procedimiento abierto. Por el rol que cumplo, no puedo emitir una opinión que puede ser usada como un adelantamiento de juicio".
-¿Cómo explica que el sector salmonero esté en contra del rol fiscalizador que ejercen?
"Lo digo de muy buena fe: no creo que exista una sensación o un ánimo de los gremios, por lo que me ha tocado conversar a mí en reuniones de lobby o en talleres más amplios. Cuando uno está en procedimiento sancionatorio abierto, hay intereses. Pero, en general, el rol de la fiscalización de la superintendencia ha sido un rol bastante claro y ha habido una racionalidad (...) No trabajamos como institución desde una perspectiva de la persecución para llegar a un ámbito sancionatorio".
-Como superintendencia, ¿no entorpecen el crecimiento económico?
"Para la SMA, su función es fiscalizar la norma y el permiso ambiental. Y para eso se disponen las herramientas, a través de tecnología".
-¿Pero termina eso siendo un problema para la inversión?
"Yo lo plantearía al revés. Una actividad, como cualquiera, tiene que someterse a las reglas del juego, que es el cumplimiento normativo. Si tengo una norma de ruido, debo cumplir la norma de ruido; o si tengo una RCA, cumplir con la RCA. En la SMA tenemos que velar por el cumplimiento ambiental".
Influencia de las ONG
En entrevista con "El Mercurio", Andrés Parodi, gerente general de la salmonera Cooke en Chile, cuestionó la presunta influencia de ONG en los procedimientos abiertos que se discuten en los tribunales ambientales contra la industria acuícola.
-¿Qué tienen en común la SMA con las ONG?
"Ellos son titulares de intereses, como un denunciante. Nosotros tenemos que hacer un rol de imparcialidad cuando ejercemos la fiscalización, y se está haciendo el procedimiento sancionatorio".
-Las ONG suelen estar de acuerdo con lo que fiscaliza la SMA...
"No lo diría en esos términos. Un titular, como cualquiera, es titular de intereses (...) A veces somos aplaudidos por un grupo, pero a veces no somos aplaudidos por el resto".
-¿Son más aplaudidos o abucheados por las ONG?
"Diría que por los dos lados".
''A veces somos aplaudidos por un grupo, pero a veces no somos aplaudidos por el resto".
''La ética es un concepto filosófico, y esta es una institución pública. Las instituciones públicas están referidas a un marco normativo, legal, y ese es nuestro ámbito de ejercicio y de actividad".
Fiscalizaciones "con perspectiva de género"-¿Qué es una fiscalización con perspectiva de género?
"En general, aquí todo el Estado está trabajando para reducir las brechas de género (...). Hoy día nuestra fiscalización se hace tanto por fiscalizadores como por fiscalizadoras".
-¿Una perspectiva de género aplicada a la fiscalización tiene que ver con el número de fiscalizadoras?
"Diría que esa es una línea. Son varias".
-Esto lo pusieron dentro de esos criterios estratégicos.
"Sí, por eso le estoy contando, la fiscalización no solamente está dada en la fiscalización en terreno, la fiscalización se hace en gabinete, hay la forma del lenguaje, en acta...".
-¿Qué forma de lenguaje?
"Un lenguaje que no sea sexista, por ejemplo, cuando se va a una instalación, a una unidad fiscalizable. Tener esos cuidados. Ahora, eso es trabajo continuo con nuestros equipos".
-¿Puede dar un ejemplo concreto de una fiscalización con el uso del lenguaje?
"A ver... Sí, podríamos... No sé, tendría que ver ahí con algún ejemplo más concreto de una fiscalización..." (silencio).