El nuevo gobierno tuvo que "tomar la posta" de la crisis de esta institución, que anunció que no tendrá dinero para pagar las jubilaciones a partir de julio. El País conversó con expertos al respecto.
La Caja de Profesionales tiene un déficit de unos US$ 61 millones anuales, que crece mes a mes, y sus autoridades anunciaron que, a partir de junio, no podría cumplir con el pago de jubilaciones y pensiones a sus afiliados. Las preguntas que surgen son: ¿el gobierno debería "salvar" a la Cjppu?; ¿es realmente el responsable último de esta situación, o la entidad debería asumir lo que está pasando, o al menos en su mayor parte?; ¿es justo que el dinero para solucionar esta crisis salga de Rentas Generales, lo que significa que termina pagando por ello toda la población?
El Colegio de Contadores, según anunció su presidenta Cristina Freire a El País, emitirá este viernes un comunicado sobre este tema que vale aclarar tiene que ver lógicamente con los afiliados a la Cjppu, pero también con todo el país, porque de algún lado tendrán que salir los recursos.
Freire manifestó la "preocupación" de esta gremial al respecto. A su entender, el Poder Ejecutivo tiene que asistir a la Caja de Profesionales porque "es responsable" (del déficit). "Se han presentado distintos proyectos de ley (para resolverlo) y no fueron aprobadas. Ahora tiene que responder", afirmó. "Urge una nueva ley que (la) enderece", agregó.
Ante la pregunta sobre la posición del Colegio de Contadores ante las declaraciones de Oddone, Freire afirmó que "entiendo lo que dice, recién asume, entiendo que sea cauteloso y que no diga cifras (de la ayuda que eventualmente dará a la Cjppu) (...) pero se requiere una asistencia y un proyecto de ley".
Recordó asimismo que el Colegio de Contadores ha planteado algunas soluciones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) no ahora, dado que no fue convocado y que, por ejemplo, la propuesta de que la recaudación del IASS queden en la Cjppu y no vaya al Banco de Previsión Social (BPS), fue rechazada.
"Como profesionales, hemos vertido un montón de dinero a Rentas Generales, estamos hablando de US$ 60 millones desde el período en que comenzó el IASS. Entonces, si hemos aportado al Fondo de Solidaridad y al IASS, es momento de que el Poder Ejecutivo afronte la responsabilidad. Nos ampara el artículo 67 de la Constitución", prosiguió Freire.
Consideró asimismo, que, si bien no han medido el impacto que tendría en el BPS no recibir más la recaudación del IASS, entienden que sería "justo" que este quedara en la Cjppu, porque "básicamente lo pagan los profesionales", fundamentó.
Por su parte, el economista José Antonio Licandro, en diálogo con El País, presentó una posición tajantemente contraria: "Lo que tiene que hacer la Caja de Profesionales es apretarse el cinturón. Los intentos por solucionar que plantean son completamente insuficientes al lado del despilfarro que hicieron en los últimos 25 años. Se comieron hasta las inversiones que tenían".
"A mí no me parece justo que le vengan a pedir a la población general que les financie la fiesta que tuvieron", dijo.
Si bien los directores de la Caja de Profesionales apelan al artículo 67 de la Constitución que establece que el Estado es garante del pago de las pasividades Licandro interpreta que el Estado es garante, pero "en última instancia", lo que a su entender significa es que debe ayudar a encontrar soluciones, pero no hacer uso de sus recursos para ello. Al consultarle qué entiende por "despilfarro", Licandro respondió que "La Caja tiene una relación activo/pasivo elevada, y "esto no sucede porque tenga muchos jubilados, sino porque dieron beneficios que no llevan relación con los aportes".
"Tratar de que ahora el resto de la sociedad se haga cargo, es injustificable por dónde se mire", insistió.
Una mirada diferente la dio también a El País el abogado Leonardo Costa, socio del despacho Brum Costa, para quien "es inevitable" que el Estado tenga que buscar una solución, porque "hay una responsabilidad de gente que aportó durante muchos años.
Costa explicó que la responsabilidad del Estado deriva fundamentalmente de que la Cjppu es una entidad pública no estatal ("no es una empresa privada, ahí sería muy distinto todo"). Costa consideró que el artículo 67 de la Constitución del que tanto se habla, refiere a un principio general de protección (a los jubilados), pero que la responsabilidad del Estado deriva más que todo por haber tenido el Ejecutivo la oportunidad de reformar la ley correspondiente al caso (en el año 2023) y no lo hizo.
"Tendrá que buscar alternativas para evitar juicios posteriores o por dejar en desprotección a los jubilados. Tampoco se puede pagar menos", apuntó.
Algunas propuestas que se estudian actualmente son aumentar la base de aportantes a la Cjppu, a través de la incorporación de profesionales dependientes y de aquellos que aportan al BPS; aumentar la cantidad y precio de los timbres notariales; que la recaudación del IASS quede en la Cjppu y no se destinen más al BPS; reformular el sistema de escalas de aportes y su base, considerando que existe un problema de diseño, entre otras medidas, algunas de las cuales ya fueron planteadas sin éxito en el pasado.
Cabe agregar que El País contactó a otros economistas y abogados, quienes no quisieron opinar por ser aportantes de Cjppu y, por ende, entender que existe conflicto de intereses, o por haber asesorado a esta caja en algún momento y preferir ahora, que se están abriendo nuevamente negociaciones, mantener cierta distancia. No obstante, algunos opinaron off the record que esta situación podría derivar en que se suban nuevamente los porcentajes de los aportes de los afiliados a la Cjppu, o se establezca un nuevo impuesto a todas las jubilaciones del país.
De todas formas, esta segunda medida por cierto, altamente antipopular no ha surgido de las propuestas presentadas por la Cjppu, hasta donde se sabe.
Dinero que va a la Caja no se vuelta a otras prioridades
"Esta es una típica transacción donde yo, como representante del Estado, quiero poner la menor cantidad de dinero posible porque ese dinero que tengo que poner allí no lo puedo afectar a otras prioridades que son muy importantes para el país", dijo el ministro Gabriel Odonne en rueda de prensa el miércoles.
En esa línea, señaló que intentará negociar con todos los actores involucrados para lograr una salida para la Caja de Profesionales, pero negó que el Estado vaya a aplicar un "salvataje" de la entidad, afirmó.
El pasado 7 de marzo, la directiva de la Cjppu se reunió con el director nacional de Seguridad Social, Leonardo di Doménico, y el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ariel Cancio ambos en representación del Poder Ejecutivo para comenzar oficialmente las negociaciones.
Según pudo conocer El País ayer, no se han dado otras reuniones entre las partes desde esa fecha, pero sí la Cjppu entregó la información de estudios actuariales a las autoridades del Ejecutivo que así solicitaron.
En entrevista con El País en esa oportunidad, Daniel Alza, presidente de la Caja de Profesionales, adelantó que se elaborará un proyecto de ley para ser presentado en las próximas semanas. La idea, en primera instancia, es "contribuir con la solución, minimizando el aporte de la sociedad".
Sobrevuela en el ambiente aunque por ahora se niega que una "Caja de Profesionales" quizás no debería existir. De hecho, en la mayoría de los países del mundo no existe una institución de este tipo, bajo el entendido de que los profesionales no son diferentes al resto de los trabajadores del país. Pero este es un tema de debate que, por lo que se ve, no estará sobre la mesa de negociaciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas, sino dar continuidad a esta institución.
El País, Uruguay
14 de marzo de 2025
