La Nación, Costa Rica
15 de marzo de 2025
Juan Carlos Brenes, director general de Hacienda, afirmó que exceptuar a los cuerpos policiales y al Sinac del impuesto único de combustibles provocará una reducción en los ingresos tributarios. No obstante, la Contraloría estimó que el efecto fiscal directo será nulo.
El Ministerio de Hacienda externó su oposición a un proyecto de ley que pretende eximir del impuesto a los combustibles a los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). La iniciativa fue presentada por el diputado fabricista José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), con el fin de que las instituciones cuenten con mayores recursos para luchar contra la criminalidad.
Juan Carlos Brenes, director general de Hacienda, alegó ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que la propuesta reduciría los ingresos tributarios en al menos ¢1.925 millones. El funcionario dijo que el monto fue estimado con base en el consumo real de combustible por parte de los cuerpos policidales del MSP.
Advirtió que el recorte sería automático para los recursos tributarios, ya que bajaría los ingresos de ¢7.000 millones a ¢5.000 millones, lo que dejaría al Estado sin fondos frescos para destinar a educación, infraestructura, salud e incluso seguridad.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) aclaró en su opinión sobre el expediente legislativo que "en situaciones como la planteada en este proyecto, el efecto fiscal directo es, en principio, nulo, pues lo que se deja de recaudar se reduce también del gasto por combustibles".
No obstante, el ente fiscalizador subrayó que se restan recursos a la atención de las vías y al pago de servicios ambientales, propósitos asociados a la creación de este impuesto.
Afectación a otros programas
Brenes también afirmó que el expediente 23.637 tiene dos elementos que lo harían inaplicable. El primero, es que el impuesto único a combustibles es de carácter objetivo, esto quiere decir que no grava a ningún sujeto físico o jurídico. Entonces, al querer dar una exención de tipo subjetiva (a MSP y Sinac), se produce una diferencia radical entre lo que dispone la norma y el cambio que se busca introducir.
"La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria establece que el obligado tributario es la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entonces, ni los cuerpos policiales, ni el Ministerio de Seguridad, ni nadie más en el país es obligado tributario; cuando el proyecto plantea exoneración, en realidad ese impuesto no existe como tal para esos sujetos", justificó.
El otro punto, que según el funcionario se generaría si se corrigiera la propuesta para cumplir los fines expresados, es que sería perjudicial para quienes ya la ley define como beneficiarios del impuesto único de combustibles. Este listado lo componen el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); municipalidades; el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR); la Cruz Roja y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
Los recursos destinados al Poder Judicial también sufrirían un golpe negativo, ya que el artículo 177 de la Constitución Política ordena que, en el Presupuesto Nacional, se le asigne una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, por lo que al bajar los ingresos por tributos, así también lo haría el dinero que le sería asignado año con año.
Diputados cuestionan
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, cuestionó a Juan Carlos Brenes por afirmar que la propuesta de ley generaría un golpe a las finanzas del Estado. "El próximo año cuando presupuesten la cantidad de combustible que van a consumir, la presupuestarán a un precio reducido, si no tienen el impuesto. Así como se genera un ingreso menor, se genera un gasto menor", mencionó el diputado.
En sintonía con lo dicho por la CGR, resaltó que el efecto neto en las finanzas será cero. No obstante, Feinzaig dijo estar en contra del proyecto por el daño que generaría a los entes que reciben parte de los recursos recaudados por el impuesto.
Jonathan Acuña, legislador del Frente Amplio (FA), compartió la apreciación del liberal, por considerar que el Poder Ejecutivo lo que hará será reducir del presupuesto los ¢2.000 millones de las partidas. De la misma manera, aseguró compartir el espíritu de la propuesta de Sibaja, pero destacó que el objetivo no se va a cumplir, porque el gobierno no incluirá los recursos y se verán afectadas las instituciones y programas beneficiados.
Por su parte, Sibaja cuestionó que las embajadas y los organismo internacionales disfruten de la exención del tributo a combustibles. "Yo prefiero ver más policías vigilando a la gente en la calle, porque tiene más capacidad de combustible, que seguir viendo carros diplomáticos jalando gente para arriba y para abajo", manifestó el jefe de la bancada fabricista.
El legislador aseguró que la situación de inseguridad que enfrenta el país hace que se deban tomar decisiones apremiantes. "Yo sé que nadie quiere que le recorten un colón, pero la situación en la que está el país amerita que tomemos medidas urgentes y necesarias para contrarrestar esto", agregó.
