Se amplía brecha financiera de las entidades públicas

El acceso a la educación superior en Colombia ha sido una de las banderas del desarrollo social y económico del país. Sin embargo, la sostenibilidad de su financiamiento sigue siendo un reto que preocupa. Según un reciente informe de Fedesarrollo y la Fundación Empresarios por la Educación, el modelo actual presenta deficiencias que afectan tanto a las universidades públicas como a las instituciones tecnológicas y técnicas, y a las privadas. La educación superior en Colombia se financia a través de dos grandes mecanismos, los subsidios a la oferta y los subsidios a la demanda. Los primeros incluyen transferencias estatales a las instituciones de educación superior (IES), mientras que los segundos contemplan créditos educativos y subsidios de sostenimiento para estudiantes.Sin embargo, el informe advierte que la financiación estatal no ha crecido de manera similar al aumento en la matrícula estudiantil. "Mientras el crecimiento de la población atendida por las IES públicas desde el año 2000-2022 fue del 169%, la base presupuestal conformada por los aportes de la Nación para funcionamiento solo creció en un 52%", señala el documento. Esta disparidad ha llevado a que las universidades públicas busquen alternativas de financiamiento propias. Actualmente, cerca del 48% de los recursos necesarios para su funcionamiento provienen de fuentes distintas a las transferencias gubernamentales, lo que significa una presión adicional sobre las instituciones, que deben recurrir a matrículas, venta de servicios y convenios. "El Sistema de Universidades Estatales calcula una deuda histórica acumulada de más de $18,2 billones", indica el informe. El Gobierno ha respondido con asignaciones extraordinarias de presupuesto, especialmente tras las protestas estudiantiles de 2018. En 2024, se destinó un presupuesto récord de $70 billones para el sector educativo. No obstante, los expertos advierten que el problema no es solo de montos, sino de estructura de distribución. Si bien la educación superior ha crecido en las últimas dos décadas, Colombia sigue por debajo del promedio de la Ocde en términos de acceso. La cobertura bruta nacional es del 55,3%, muy por debajo del 75,1% de la Organización. Además, las brechas regionales son notorias, pues mientras que en Bogotá la tasa de cobertura supera el 100%, en departamentos como La Guajira y Amazonas no llega al 10%.
El financiamiento de la educación en Colombia ha sido históricamente un tema de debate, ajuste y reforma. A pesar de que el Sistema General de Participaciones (SGP) ha garantizado una cobertura casi universal en educación básica y secundaria, su impacto en la calidad del sistema educativo sigue siendo cuestionado. La reciente reforma al SGP, aprobada en diciembre de 2024, promete un aumento sustancial de los recursos, pero persisten dudas sobre su implementación y sostenibilidad fiscal. Ya que es el mecanismo a través del cual el gobierno transfiere recursos a las entidades territoriales para financiar la educación, la salud y el saneamiento básico. Sin embargo, su estructura actual limita la autonomía de los territorios para invertir en mejoras de calidad. Según el informe de Fedesarrollo y la Fundación Empresarios por la Educación, el 98% de los recursos de educación del SGP se destinan a la prestación del servicio, es decir, el pago de nómina docente y administrativa. Solo el 2% se usa en calidad y gratuidad, lo que deja escaso margen para inversiones en infraestructura, dotación y formación docente.