Conflictos internos en Fiscalía

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|El gremio que reúne a los fiscales se encuentra enfrentado a quien, como subrogante, ejerce la titularidad de la Fiscalía de Corte; y pese a que insistan en que no se trata de un tema personal, lo cierto es que las decisiones adoptadas para hacer valer sus derechos afectan a la población y, por otro lado, buscan -aún sin mencionarlo- ejercer una indebida presión al sistema político para decidir quién será el próximo titular de ese servicio, con quien no cuenta este Servicio Descentralizado desde el año 2021.

Las "medidas de lucha" para hacer valer "sus derechos" también afectan la imagen de este servicio en tanto y en cuanto incrementa la sensación de inseguridad entre la población y muestra "fallas" en el sistema de justicia.

Supone la eventual pérdida de derechos, por ejemplo al no autorizar allanamientos o negarse a extender órdenes de detención, o negarse a actuar si no se dispone el pago por el ejercicio de una subrogación. Incluso, el no haber permitido el dictado de un curso por profesores extranjeros, argumentando que no tenía explicación la disposición de esos recursos financieros, cuando "no se los destina" a cubrir necesidades de los fiscales, linda con lo inaceptable y podría incurrirse en falta administrativa (ya que no es el gremio el que debe decidir la aplicación de los recursos de que dispone el servicio, extralimitando sus atribuciones).

Debería entenderse que es el Fiscal de Corte quien decide, como ordenador del gasto, y la legalidad de su proceder no debería ponerse en duda.

Como tampoco debería cuestionarse lo decidido en materia de solicitud de licencias en los turnos de flagrancia (turnos en general de una semana), pues resulta sabido que existen medios legales para recurrir esos actos administrativos, y las medidas de fuerza que suspenden servicios a la población no son el mejor camino. Lo concreto es que el diálogo tendrá que ser ahora tripartito pues se ha dado intervención al MTSS y existe fecha para concurrir a esa instancia.

Tampoco deberían sentirse afectados los integrantes del gremio en cuestión por las recomendaciones dadas en cuanto a la mayor discreción y cuidado en el uso de las redes sociales. Quienes hoy se agravian por estos llamados al decoro y a la discreción y hasta eventualmente por las investigaciones en curso; no deberían soslayar que son los representantes de toda la sociedad, y que sus expresiones no deberían dejar al descubierto intencionalidades, simpatías o antipatías partidarias que colidan con la necesaria objetividad y ecuanimidad, que requiere la dignidad en el ejercicio del cargo que ocupan.

Es mucho lo que está en juego ya que a nadie puede escapar que el ejercicio del gran poder que se les ha conferido, debe tener en todo caso el freno en el cumplimiento estricto de las normas constitucionales y legales.

Las medidas gremiales de esta naturaleza, que no fueron preanunciadas, no sólo deberían ser adoptadas como último recurso, sino que tendrían que valorar previamente los daños que las mismas conllevan a la institucionalidad y a la población, que en todo caso es a quien deben servir, antes incluso que a sus intereses particulares.