El Comercio, Perú
21 de abril de 2025
LÍNEA DE TIEMPO
Por víctorreyes parra
El 11 mayo del 2019, acorralada por delaciones de colaboradores de la fiscalía y por un pedido de prisión preventiva, Susana Villarán optó por confesar un ?error?.
En entrevista con Exitosa y mediante su cuenta de Facebook, la exalcaldesa limeña admitió que las brasileñas Odebrecht y OAS financiaron sus campañas del No a la revocatoria (2013) y de reelección (2014). Ambas tenían contratos con la municipalidad por las obras Rutas de Lima y Línea Amarilla.
La palabra clave es ?error?, ya que la exalcaldesa nunca admitió que cometió un delito: ?No hemos recibido coimas, no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas?. También negó saber si el dinero tenía origen ilícito e incluso justificó su decisión por el afán de ?impedir que la mafia política se apoderara de la municipalidad?.
Esto obligó a la fiscalía a tener que seguir procesándola para que sea el Poder Judicial el que establezca su culpabilidad en un juicio.
Villarán también aseguró ese día que la evidencia de la fiscalía en su contra ?se revelará como falsa en el momento del juicio?.Seis años después, ese juicio aún no empieza y sigue sin tener fecha fija.
?Un proceso largo?
Si la confesión fue una estrategia para evitar la prisión preventiva, no tuvo éxito. Solo tres días después, a pedido de la fiscalía, el Poder Judicial le impuso esa medida. No obstante, luego de una enrevesado proceso judicial [ver línea de tiempo], hoy es procesada en libertad y puede quedar sin ninguna restricción gracias a una ley del Congreso que limita los plazos de la comparecencia con restricciones.
Esa misma norma también representó el más reciente obstáculo para que la acusación, en la que se piden 29 años de prisión en su contra, finalmente llegue a juicio.
En noviembre se superó el control judicial y solo faltaba que un tribunal convoque al juzgamiento.No obstante, otros siete acusados recurrieron a esa ley para apelar el auto de enjuiciamiento (la orden para que el caso vaya a juicio). El juzgado asignado para el juicio optó por no iniciarlo hasta que esas apelaciones se resuelvan.
El último miércoles, una sala finalmente resolvió: cinco apelaciones se rechazaron y, sobre dos, se ordenó a la fiscalía hacer correcciones puntuales. La acusación específica contra Villáran y el resto se mantiene e irá a juicio sin cambios.
El juez del control de acusación ya convocó a una audiencia para el 9 de mayo, en la que evaluará las correcciones de la fiscalía. Ese mismo día emitirá su nueva resolución y reenviará el caso al tribunal de juzgamiento para que este pueda programar el inicio del juicio.
Aun así, es materialmente imposible que empiece antes del 11 de mayo, fecha en que se cumplen seis años de la calculada confesión de Villarán. Fuentes de El Comercio remarcan que el juzgamiento ya es inevitable, pero estiman que recién empezaría en entre tres o cuatro meses más.
Para el penalista Andy Carrión, el largo camino para llegar a este juicio responde a una combinación de factores: el número de acusados y de pruebas, la prioridad que se dio en fiscalía a casos de expresidentes y de campañas nacionales, la sobrecarga y limitaciones del Poder Judicial, y la reciente ley del Congreso.
El exviceministro de Justicia Gilmar Andía también cuestionó la demora, pero consideró que es preferible esto a caer en errores durante el proceso que pongan en riesgo el juzgamiento. ?La investigación podría tener sus años siempre que sea llevada de manera adecuada, que se justifiquen los tiempos y que luego llegue a un buen puerto con un juicio sólido?, dijo. Carrión añadió que se trata de ?un caso redondo, más aún si ella ha reconocido públicamente los aportes. Puede dilatarse, pero quizás con resultados más seguros?.
Al respecto, el suspendido fiscal José Domingo Pérez, autor de la acusación a Villarán, explicó que, a diferencia de otros procesos de Lava Jato, como el que llevó a la reciente condena del expresidente Ollanta Humala, en este caso ?el aporte [de campaña] es parte de la contraprestación del acto corruptor?.
Acusada
11 de mayo del 2019: Susana Villarán admite que sus campañas del No a la revocatoria y reelección recibieron aportes de Odebrecht y OAS.
14 de mayo del 2019: a pedido de la fiscalía, el juez Jorge Chávez Tamariz dicta prisión preventiva para Villarán por este caso.
30 de abril del 2020: sala de apelaciones ordena liberar a Villarán por la pandemia del COVID-19 y le impone arresto domiciliario.
21 de mayo del 2021: el juez Chávez rechaza el pedido de la fiscalía para ampliar su arresto domiciliario y le da libertad con restricciones.
25 de agosto del 2022: el fiscal José Domingo Pérez presenta acusación y pide 29 años de cárcel para Villarán.
8 de mayo del 2023: el juez Chávez inicia el control de acusación contra Villarán y el resto de acusados.
10 de octubre del 2024: el gobierno publica una ley dictada por el Congreso que permite apelar los autos de enjuiciamiento.
5 de noviembre del 2024: culminado el control, el juez emite su auto de enjuiciamiento para ordenar que el caso vaya a juicio.
Del 8 al 12 de noviembre del 2024: siete acusados, entre los que no está Villarán, recurren a la nueva ley y apelan el auto.
10 de enero del 2025: el auto es enviado al juzgado colegiado asignado al juicio, pero no se programa por las apelaciones pendientes.
16 de abril del 2025: una sala superior resuelve las apelaciones y ordena a la fiscalía subsanar solo sobre dos acusados. Su plazo vencerá el 29 de abril.
9 de mayo del 2025: el juez Chávez evaluará las subsanaciones y devolverá el expediente al colegiado, que deberá programar el inicio del juicio.
