Comercio ilegal de plaguicidas: una amenaza que crece

Entran legalmente en barcos, disfrazados de algo que no son. Cruzan la frontera en camiones escondidos en bidones y bolsas sin marcas o con formulaciones no autorizadas en Chile. Los sustraen de campos de agricultores, de las bodegas e incluso de los transportes de los distribuidores y luego reaparecen en otros campos, adquiridos por otros productores. Detrás de esto hay, por una parte, grupos de crimen organizado que trafican y además, al menos en Chile, agricultores dispuestos a comprarlos. El tráfico de pesticidas se ha convertido en una actividad no solo altamente lucrativa para organizaciones de crimen organizado, sino que, además, les sirve para lavar el dinero generado por otros "negocios", incluido el narcotráfico.
El impacto del tráfico de plaguicidas, a nivel mundial, es tal que ya es parte de investigaciones de organismos internacionales, como el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (Unicri, en inglés), de la Unión Transnacional para combatir el Tráfico Ilegal (Tracit), e incluso Europol, además de ser tema en la OCDE, entre otros organismos internacionales.
Y no solo por los montos y el daño económico que involucra este tipo de comercio ilegal, sino porque se trata de productos que en el mundo están altamente regulados en cada una de las etapas de su proceso, manipulación y aplicación, porque su mal uso puede provocar daños al medio ambiente, poner en riesgo el cultivo sobre el que se utilizan, cerrar mercados y, más grave aún, ser una peligrosa amenaza para la salud y la vida de las personas.
"Empieza como una enfermedad silenciosa y luego penosa. Al principio, uno lo ve como lejano y luego se da cuenta de que es real. Hace dos años un informe estimó que entre el 20% y el 25% del comercio global de estos productos era ilegal. Si nuestras asociadas movilizan en total unos 60 mil millones de dólares al año, significa que unos US$ 12 a 14 billones al año son de comercio ilegal", plantea Javier Fernández, consejero legal y director de Asuntos Regulatorios, de CropLife Latinoamérica. De acuerdo con los datos que maneja, solo en Brasil se calcula que representaría del orden de los 2 billones de dólares, y que en México, cerca del 30% de los pesticidas utilizados provendría del comercio ilegal.
En Chile: Tráfico y reenvase
El problema también está, y creciendo, en Chile.
Los primeros que han levantado las alarmas son las asociaciones gremiales como Afipa e Imppa, que agrupan a las empresas fabricantes, importadoras distribuidoras y comercializadoras de insumos agrícolas.
Gabriel Ormeño, presidente de Imppa, explica que el problema en el país tiene tres formas. "Entran en barcos, como una importación de fertilizantes. Cuando ya están en las bodegas del importador, los reenvasan con un nombre artificial y los salen a vender con listas de precios ofreciéndolos como productos "equivalentes" al que usualmente se compra". Acota que quienes los venden incluso entregan facturas a los compradores.
Patricia Villarreal, directora ejecutiva de Afipa, comenta que incluso han sabido que hay profesionales del rubro que recomiendan los productos "alternativos", lo cual genera una falsa sensación de seguridad en los agricultores. Comenta que al principio vieron que eran algunas cosas puntuales, pero que hoy circulan productos que se venden como marcas, o equivalentes, de reconocidas compañías nacionales e internacionales.
Cuando en la industria lo han detectado, han hecho la denuncia al SAG, el organismo que regula, registra y fiscaliza el uso de estos productos en el país.
Rodrigo Sotomayor, subdirector de gestión técnica del SAG, explica que efectivamente han recibido denuncias y han hecho los seguimientos y fiscalizaciones, pero se han topado con murallas, ya que los domicilios de los importadores o de quienes los venden, incluso con factura, no existen o en esas direcciones nunca han estado, "no tienen nada, pero dan factura", insiste. Agrega que ante este tipo de denuncias, además, "activamos las coordinaciones con todos los organismos vinculados a PDI, Carabineros, Aduanas y también la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos. En el momento en que se encuentren se va a aplicar la ley más fuerte que esté disponible", dice.
El problema es que cuando los productos adulterados se venden como si fueran de una determinada marca, pero mucho más baratos, es difícil detectar las diferencias, porque los envases son prácticamente iguales. Sin embargo, nada certifica ni valida que lo que está adentro de esas bolsas contengan las mismas dosis o formulaciones, sino que incluso puede tener compuestos que directamente provoquen daños. Lo complejo es que el agricultor tiene pocas formas de distinguir, por el envase, cuál es el verdadero.
Contrabando
La segunda "modalidad" es el contrabando por la frontera, especialmente norte, explica Ormeño.
Son camiones o autos que ingresan con las bolsas o bidones, con etiquetas de marcas conocidas, pero con formulaciones que no son para el país, es decir, no están reguladas, comenta Patricia Villarreal. Estos productos muchas veces se comercializan incluso en los mercados de frutas de ciudades como Arica, que venden sus productos hasta en la calle.
Sotomayor explica que el SAG que, desde 2023 a la fecha, han decomisado 1.130 unidades de plaguicidas en las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá.
"Los productos son detectados principalmente en vehículos/camiones que ingresan al país, y para ello se realizan acciones conjuntas con Carabineros como control carretero, revisión de productos en ferias itinerantes, centros de acopio, entre otros", explican en el organismo.
Patricia Villarreal destaca que han visto que en el norte han aumentado los decomisos, pero también han podido identificar que hay una importante violencia que rodea este tipo de contrabando. "Hay amenazas a funcionarios públicos", dice.
Si bien el problema del contrabando se ha concentrado en el norte, estaría también comenzando a aparecer en la zona central, no se sabe si por desplazamiento de los productos contrabandeados a través de otras regiones o por pasos fronterizos de zonas como el Maule.
El golpe bajo del robo
El tercer origen del comercio ilegal, y que es el que más fuerte ha venido golpeando en el país, es el robo que partió hace unos años realizándose a los agricultores que tenían los productos en sus bodegas, pero que ya se ha extendido a las distribuidoras, incluso con asaltos a camiones.
De hecho, la encuesta realizada recientemente por la SNA a los agricultores sobre el robo agrícola mostró que el 29% de los encuestados (1.092 respuestas) señaló que las especies más robadas son insumos agrícolas y que la sustracción de este tipo de productos era lo que representaba las pérdidas de mayor valor, equivalentes a $5.006 millones, comenta Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas del organismo.
Para los agricultores el problema es tan complejo que ya se ha visto que algunos, aparte de las distintas medidas de seguridad más tradicionales, como cámaras o rondines, han comenzado a cambiar de envases o etiquetas de los productos, lo que representa, además, un riesgo no menor para quienes luego los adquieren o los aplican.
Lo más grave es que los productos sustraídos son luego comprados por otros agricultores (incluso se habla de robos por encargo de compuestos específicos). "Esto ocurre porque hay un mercado para estos productos. Son los mismos agricultores los que los compran. El problema es la cadena que genera la demanda. Sin ella no habría la venta", enfatiza Ormeño.
Y agrega que "todos los segmentos son los que compran, no solo los pequeños. Pero aquí es urgente tomar conciencia de que, además del delito, se corre un riesgo como país".
De nuevo, el encargado de fiscalizar la comercialización, la aplicación, la manipulación y cómo se guardan estos productos es el SAG. Por lo mismo, dice Sotomayor, tienen un calendario de visitas a los campos y a los distribuidores. En 2024 hicieron 4.500 fiscalizaciones verificando que se usen los productos de manera adecuada, y en lo que va de este año ya han efectuado 738 de ellas.
El tema ha estado siendo mirado en conjunto entre la SNA, Imppa, Afipa y Adiac (la Asociación de Distribuidores de Insumos Agrícolas) e incluso a principios de marzo entregaron una carta a la Subsecretaría del Interior en donde hacen ver que entre 2022 y 2024 el valor de insumos agrícolas (considerando fertilizantes, bioestimulantes y productos fitosanitarios) pasó de los $144 millones a un mínimo de $657 millones anuales.
Venta por internet
Como se trata de productos necesarios, pero de un valor importante, el comercio ilegal, en Chile y en el mundo, ha buscado formas de comercializarlos. Una de ellas es precisamente la venta a través de internet. De hecho, Tracit publicó en abril de 2024 un estudio para alertar cómo funciona este tipo de comercialización, sus riesgos y algunas posibles soluciones.
En él explicaban que las plataformas de e-commerce permiten que los vendedores ilegales comercialicen pesticidas no registrados o directamente prohibidos, incluso productos que pueden estar vencidos o descontinuados, reetiquetándolos con marcas conocidas, para disfrazarlos de legales; vender pesticidas como herbicidas o incluso como fertilizantes orgánicos (lo que puede llevar incluso a pérdida de certificaciones).
En el país, además de productos que se pueden promocionar a través de redes sociales, se han encontrado a través de aplicaciones de comercio. Sotomayor comenta que están trabajando directamente con Mercado Libre, "cuando se detectan que se está promoviendo algún producto como esto, nos preguntan y eso nos permite bajar rápidamente este tipo de producto. Eso es una forma de limitar las ventas. Estamos buscando, en el SAG, formas de ir adecuándonos a los cambios", dice.
Alto riesgo
Un plaguicidas para salir al mercado, debe cumplir una serie de normativas -tanto o más que un medicamento- que se enfocan en cada etapa del proceso.
"Somos la industria más regulada del mundo, por salud, ambiente y agronomía. Las compañías dedican un 10% de sus ventas a investigación y regulaciones. Quienes comercian ilegalmente, lo hacen sin las precauciones que requieren. El riesgo es muy alto: un producto de estos circulando en un camión a altas temperaturas, puede cambiar la composición y volverse muy riesgoso. Y cuando se comercia ilegalmnete no hay protocolos, por ejemplo, frente a un accidente, que, si ocurre puede tener impactos muy altos", dice Javier Fernández, de CropLife.
Por lo mismo, la preocupación es mucho más allá que solo el impacto económico.
"Aquí hay una cadena de cuidados que no se cumple. Los riesgos son muy grandes, de contaminación, del ambiente o del cultivo, pudiendo incluso llevar a exportar un producto con residuos no permitidos, lo que puede significar un impacto en los mercados", recalca Patricia Villarreal, de Afipa.
La amenaza es muy grande y, como ocurre con la droga, por su impacto, una vez que parte, como actúa en las sombras, es muy difícil detenerla.
"Tenemos que actuar ya", dice Ormeño. "Si no lo hacemos, abrimos la puerta para que esto siga creciendo y se instale con más fuerza", agrega.
Estudio para poner númerosTener datos es complejo. "El problema para medir cuál es que se trata de organizaciones o personas que operan en la oscuridad, no tributan, no facturan. Por ello, cuantificarlo es muy difícil. En Colombia y Guatemala hemos ido construyendo un sistema para ir midiendo a partir de lo que encontramos en el camino", agrega Fernández.
Por lo mismo, desde Afipa levantarán un estudio que buscará dimensionar la realidad del problema, comenta Patricia Villarreal, directora ejecutiva del organismo, el que este miércoles organizará en Santiago, en conjunto con CropLife, el conversatorio "Agricultura sostenible en acción: Desafíos y oportunidades para la agricultura familiar campesina".
Patricia Villarreal explica que para el diagnóstico utilizarán una metodología internacional y lo que ya han trabajado con el sistema de gestión de Campo Limpio. "La idea es identificar las zonas más riesgosas y hacer una estrategia con las autoridades", comenta.
Un plan piloto para seguir los productosDado que detectar productos fraudulentos o saber si un producto es robado es complejo, en el SAG acaban de concretar un proyecto con la Casa de Moneda para avanzar en sello que permitirá hacer el seguimiento de cada paso de cualquier producto que sea comercializado legalmente en el país.
"La Casa de Moneda tiene mecanismos de trazabilidad electrónica asociados a algún elemento que se agregue a la etiqueta impresa de esos plaguicidas. Eso se puede enviar a la casa matriz de las empresas, las que los agregan y con una plataforma generada por la Casa de Moneda, nosotros con, por ejemplo el teléfono, podamos ver toda la historia de ese producto. Este es un plan piloto en el que participan Imppa y Afipa, que permitirá seguir el producto desde que sale de la fábrica, en cada parada que hace, y hasta que se utiliza. Así, si vamos a una fiscalización, hacemos el escaneo y vemos si se trata de una bolsa que fue robada; la fiscalización se hará más efectiva".