Un informe del organismo internacional muestra que el flagelo se extiende y frena el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, donde se prevé un alza de solo 2,1% del PIB para 2025.
El crimen organizadoy la violencia se han convertido en un obstáculo central para el desarrollo en América Latina y el Caribe, según el más reciente reporte económico sobre esta región del Banco Mundial (BM), presentado ayer. El informe, titulado "Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe", subraya cómo estos problemas agravan el ya frágil panorama económico regional.
El BM proyecta que América Latina y el Caribe crecerá un 2,1% en 2025 y un 2,4% en 2026, lo que la posiciona como la región de menor crecimiento a nivel mundial.
La región enfrenta niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado, según el informe. Las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, y las tasas de homicidios son ocho veces superiores.
El reporte describe varios factores que contribuyen al auge del crimen organizado, que incluyen la creciente demanda mundial de bienes ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de covid-19, que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil. "El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos", afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del BM.
Esta proliferación tiene claras consecuencias para el desarrollo: amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones públicas.
La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión desenfrenada y la inseguridad generalizada también incrementan los costos de transacción para las empresas, socavando la competitividad, señala el BM.
Además, el desvío de recursos de seguridad pública de servicios esenciales, como la salud y la educación, supone una carga para países que ya enfrentan un alto nivel de deuda y desafíos fiscales, dice el informe.
Combatir al flagelo
"Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento", afirmó William Maloney, economista jefe para la región del BM.
Para abordar este flagelo, el informe insta a consolidar una agenda que fortalezca la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo reformas policiales, mejora de los sistemas penitenciarios y fortalecimiento de los procesos judiciales. "Para lograr el crecimiento y el desarrollo en la región es clave contar con instituciones bien equipadas", dice el Banco Mundial.
Las políticas económicas también desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia organizada, promoviendo el crecimiento y las reformas generadoras de empleo, a la vez que ofrecen a los jóvenes opciones a través de una mejor educación y formación profesional, dice el informe.
Estas iniciativas aumentan el costo de oportunidad de la delincuencia, reduciendo su oferta laboral, agrega.
Indicadores de Uruguay y otros países
El informe señala que el último aumento de stocks de deuda se produjo en un contexto de tasas de interés relativamente altas para esta región (la cual, históricamente, ha enfrentado tasas de interés "anormalmente altas" sobre la deuda pública).
En ese contexto, el ciclo de endurecimiento de la política monetaria incrementó los costos de endeudamiento para la mayoría de los gobiernos de la región. Y si bien la normalización de las tasas ayudará a aliviar este costo, es poco probable que vuelva a los niveles de la última década, según el BM.
El organismo internacional menciona los casos de Colombia y México, con primas de riesgo soberano que han aumentado especialmente los costos de endeudamiento. Uruguay, en cambio, destaca con costos de endeudamiento más bajos en la comparativa región, e incluso mundial. Las tendencias de reducción de la pobreza de la región mejoraron en Brasil y México, mientras que en la mayoría de los países experimentaron retrocesos en el período 2018-23. Todo esto ha generado vulnerabilidades que alimentan la aparición de grupos irregulares.
El informe apunta que las tres economías más grandes de la región (Brasil, México y Argentina) ya operaban con tasas de desempleo históricamente bajas a mediados de 2024. En esa época, las tasas de empleo volvieron en la región a los niveles anteriores de la pandemia, incluyendo a Uruguay, con algunas excepciones.
Además, Uruguay tiene la particularidad de que tiene pocas empresas no declaradas, en comparación con países como Argentina o México.
Lo cierto es que en gran parte de los países de la región, el bajo crecimiento, la falta de habilidades y a veces las estrictas normas laborales perpetúan un amplio sector informal, que genera fisuras en el bienestar y la seguridad general.
El BM plantea que el aumento de la productividad laboral genera incremento de los ingresos laborales. En esa línea, la correlación entre las tasas de crecimiento anual de los ingresos mensuales reales de los empleados y la productividad laboral, en el caso de Uruguay es 0,35 es uno de los mejores de la región. En el otro polo está, por ejemplo, el 0,05 de Perú.
En el indicador de potencial de mejora de la productividad laboral, Uruguay destaca en un segundo lugar, precedido por Chile. Le sigue, en tercer lugar, México.
La premisa es que toda mejora de productividad, formalidad laboral, desarrollo tecnológico e institucionalidad hace a un marco en que la criminalidad reduce su espacio.
Sistemas de justicia debilitados
El BM señala que la mayoría de los crímenes más graves en la región no se investigan ni se juzgan.
Esto, en gran parte, porque los sistemas de justicia carecen de la capacidad necesaria para investigar y procesar debidamente crímenes de alto impacto y, en algunos casos, están capturados por criminales.
Es más, indicadores disponibles sobre la efectividad de la investigación y la resolución de delitos sugieren que, a excepción de Chile, Costa Rica y Uruguay, los países de América Latina ocupan los últimos puestos en relación con otras regiones del mundo.
Una de las principales advertencias en esta materia es que la acción estatal en la lucha contra el crimen organizado requiere una mejor comprensión de su funcionamiento. Además, el BM recomienda combatir las economías ilegales con medidas específicas y con enfoques de desarrollo territorial y regional más integrados en políticas de seguridad y prevención, que se refuerzan mutualmente.
El BM destaca especialmente la coordinación y colaboración internacional, que son fundamentales para enfrentar el crimen organizado.
El País, Uruguay
29 de abril de 2025
