El Comercio, Perú
5 de mayo de 2025
Debate. La presidenta Dina Boluarte tiene hasta los primeros días de mayo para promulgar u observar esta normativa, aprobada en noviembre por el Congreso.
Por gladys pereyra colchado
La fuga de seis internos del centro juvenil de Maranguita ocurre apenas días antes de que la presidenta Dina Boluarte deba firmar una controvertida ley que reduce la edad de responsabilidad penal y permite juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años en casos de delitos graves, aprobada por el pleno del Congreso en noviembre pasado.
Desde el 16 de abril, la mandataria tiene en sus manos la autógrafa del proyecto de ley. Según la propuesta, los adolescentes podrían recibir la misma sanción que cualquier adulto, incluso cadena perpetua, en casos de sicariato, extorsión, organización criminal, narcotráfico, secuestro, feminicidio, violación sexual, entre otros. Además de la responsabilidad penal ordinaria, propone que, una vez internados en un penal, los adolescentes sean incluidos en el grupo de reos de hasta 21 años, separados del resto de adultos.
La gestión de Boluarte tiene 15 días hábiles para pronunciarse con la aprobación y promulgación en ?El Peruano? o con la observación de la propuesta para su retorno al Parlamento. De no pronunciarse en este plazo, que vence antes de la segunda quincena de mayo, el Congreso podría promulgar la norma por cuenta propia.
?Sabemos que los más peligrosos delincuentes utilizan a los menores de edad para cometer el asesinato por encargo, secuestro o narcotráfico, aprovechando su inimputabilidad. Debemos parar esto ahora?, afirmó José Luna Gálvez (Podemos Perú), uno de los promotores de la ley.
Para Beatriz Gamarra, oficial de protección de niñas, niños y adolescentes en Unicef Perú, es falso que los menores que cometen delitos queden exentos de sanciones. ?Son imputables y sancionados en un sistema de justicia penal juvenil, pero este sistema tiene un componente, además de la sanción, de reinserción social?, dijo.
Ella recalcó que la gran mayoría de autores de delitos son adultos y que internar a adolescentes con ellos es reducir sus posibilidades de adaptarse a un contexto sin violencia. Añadió que existe evidencia de que las políticas de mano dura no funcionan como disuasivos de la delincuencia. ?Los chicos que entran al sistema de justicia porque han cometido delitos han vivido diferentes vulnerabilidades, las cuales debieron ser atendidas desde la prevención, como la deserción escolar, violencia en sus hogares?, explicó.
Cecilia Caparachin Puente, investigadora en seguridad ciudadana y criminalidad, especializada en políticas de juventud, sostuvo que ?lo que se necesita es fortalecer el sistema de reinserción social con intervenciones que sean diferenciadas, especialmente en casos de riesgo severo o riesgo de reincidencia?. Esa intervención diferenciada, añade la experta, supone también una mejora presupuestal para garantizar que los centros juveniles, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tengan condiciones adecuadas. Ella recordó que el Programa Nacional de Centros Juveniles se creó en el 2019, pero no ha tenido cambios significativos de infraestructura.
Cifras claves
Según el II Censo Nacional de Población en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 2024, el 70,9% de los menores internados en centros juveniles del país afirmó que planea estudiar cuando salga, mientras que un 60% tiene como expectativa encontrar un empleo.
