La Nación, Costa Rica
7 de mayo de 2025
La Contraloría informó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que el financiamiento con recursos públicos de seguros de responsabilidad civil que beneficien directamente a jerarcas, "carece de base legal y contraviene principios fundamentales de la gestión pública".
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre la ilegalidad de destinar fondos públicos para contratar una póliza que exima de responsabilidad civil al presidente Rodrigo Chaves y a los integrantes de su gabinete, por posibles actos de negligencia en el ejercicio de sus funciones.
La Contraloría informó al jerarca de Hacienda que el financiamiento con recursos públicos de seguros de responsabilidad civil que beneficien directamente a jerarcas, como el plan pretendido por el gobierno, "carece de base legal y contraviene principios fundamentales de la gestión pública".
La comunicación explica que la propuesta del gobierno del presidente Rodrigo Chaves desvirtuaría el régimen de responsabilidad administrativa que exige que los funcionarios públicos responder personalmente por sus actos.
"No es viable entonces contratar seguros que beneficien personalmente a funcionarios públicos, puesto que dicha situación es contraria al interés público, en el tanto los recursos públicos deben destinarse a atender las necesidades públicas y no los intereses particulares", indica un oficio enviado este miércoles al ministro Acosta.
La Contraloría emitió la comunicación a solicitud del ministro de Hacienda, quien pidió un criterio al ente fiscalizador sobre la viabilidad jurídica de contratar con recursos públicos una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de jerarcas como el presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros.
El 13 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó al Ministerio de Hacienda que era competencia de la Contraloría determinar qué pólizas pueden ser financiadas con recursos del Estado.
La Dirección Jurídica de Hacienda también emitió un pronunciamiento en el que advirtió sobre la ilegalidad del plan del Poder Ejecutivo.
El Ministerio planteó las consultas luego que se diera a conocer que el gobierno planeaba pagar ¢248 millones anuales al Instituto Nacional de Seguros (INS), a fin de que contratar una póliza que cubra eventuales responsabilidades del presidente, ministros y viceministros.
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