Presentan primera apelación contra fallo que declaró ilegal escucha a Huneeus en caso Procultura

Un recurso de apelación, el primero, presentó el querellante Pablo Toloza, en representación del diputado Juan Antonio Coloma (UDI) en el marco del caso Procultura, impugnando el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, del 16 de mayo recién pasado, que acogió el amparo de la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa del exdirector ejecutivo de la fundación, y declaró ilegal la interceptación a su teléfono. Junto con ello, la sentencia dispuso la eliminación de esas escuchas, las que no podrán ser usadas por el Ministerio Público en su indagatoria.
En la acción judicial del querellante se lee que la intercepción del teléfono de Larraín, que usaba su esposa, es fundamental y atingente para "lograr el esclarecimiento del hecho investigado". Se plantea, además, que "no es relevante" que Huneeus "sea o no imputada".
También, sostiene el recurso, lo importante "es la interceptación de los dispositivos y números telefónicos cuyos titulares son personas integrantes de una banda criminal, investigados actualmente por el delito de fraude al fisco y otros, sin atender a quien en la práctica utilice el dispositivo", por lo que piden se mantengan vigentes "las diligencias" de la investigación fiscal.
Sin embargo, en la sentencia, de acuerdo a las alegaciones de la defensa de Huneeus, se da cuenta de que el teléfono "pinchado" no estaba a nombre de Larraín, sino de ella, es decir, se habría tratado de un error el que apareciera asociado al imputado en un informe comercial, Dicom.
Se espera que ahora sea la fiscalía la que apele, dado que así lo anunció en los últimos días el organismo de persecusión penal, sin perjuicio de que ya se hubiese concretado el cambio de fiscal que dirigirá el caso, pasando del jefe regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a su par de Antofagasta, Juan Castro.
La decisión de apelar se da luego que el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, dijera esta semana en T13 que la sentencia de la corte si bien tenía "afirmaciones graves", también planteaba "opiniones que van incluso más allá de lo jurídico". Ello, haciendo alusión a frases en la resolución como: "Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias detiempos pretéritosde la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado".