Tributación selectiva, 2.0

Jorge Restrepo
El Ministro de Hacienda anunció que el Gobierno cambiará la retención en la fuente con un criterio sectorial: "... el decreto no debe tocar a sectores productivos y de la economía real, sobre todo a los sectores manufactureros y agropecuarios que queremos que se estimulen… los ajustes tendrán muchísimas excepciones… está perfectamente calibrado y focalizado en unos sectores… el llamado del Presidente (es) que nos cuidáramos de no tocar a los sectores productivos manufactureros, ni al sector empresarial que está generando valor agregado. Donde tenemos mayor énfasis (sic) es en gas, producción carbonera (sic), de oro y de petróleo." No debe extrañar esa ingeniería tributaria antiempresa. En efecto, el presidente ha señalado a "la intermediación" como una actividad económica "rentística" que, según él, es el origen de la corrupción: "Toda forna de intermediación privada de dineros públicos, se ha demostrado, terrmina en inmensas corrupciones.(sic)". Y cuando no "termina en corrupción", según él, la intermediación afecta a los trabajadores y pequeños empresarios: "...la intermediación en el caso de carga de las empresas afiliadas(sic) es la que condena a los pequeños camioneros a recibir por su trabajo mucho menos de los fletes." Pues no. Ni se ha demostrado que genere corrupción, ni la intermediación es rentística, o dañina. Al contrario: la intermediación genera el valor agregado que es la fuente del ingreso de los trabajadores y los proveedores, que paga las utilidades y excedentes a sus propietarios y controlantes (en muchos casos el Estado mismo, la Nación, municipios y departamentos) y que financia los impuestos sobre esas utilidades y esos ingresos. No es posible discriminar -tributariamente- entre un valor agregado bueno y uno malo. El valor de la intermediación es lo que permite asignar mejor los recursos y conduce a mejores decisiones sociales: hace mejor la logística, dirige la oferta de servicios donde más se requiere, reduce el desperdicio y el malgasto, incentiva la inversión, y envía la señal al Estado de dónde no hay disposición a pagar -porque no hay ingreso suficiente, población que demande los bienes o servicios, o evasión- de forma que pueda complementar la oferta de servicios y subsidiar con solidaridad. Lo que sí es dañino e inconveniente es la tributación selectiva y excesiva que decretará el Gobierno: destruye el tejido empresarial, desincentiva la inversión y reduce al tiempo la oferta y la eficiencia pues el servicio estatizado es más costoso de prestar, como es patente ya en educación superior y en el sistema público de salud. La política tributaria selectiva llegó con la reforma tributaria de 2022 -que castigó a los sectores extractivos y los servicios financieros con una mayor tasa bruta de impuesto sobre las utilidades- tendrá en este decreto su segunda parte, y viene recargada. El problema para el gobierno es que la capacidad de producir más ingresos tributarios con este decreto durará, en el mejor de los casos, pocos meses.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.