Inminente fallo ‘activó’ la chequera para pagar subsidios de energía y gas

Tras completarse más de un año de continuas advertencias y peticiones de los gremios del sector eléctrico, sobre los impactos financieros en las empresas y los crecientes riesgos de un apagón financiero que podrían reflejarse en cortes masivos del servicio a los usuarios, el martes el Gobierno ‘sorprendió’ al mercado al anunciar un billonario pago de $2,5 billones, correspondientes al saldo pendiente en mora de la vigencia de 2024. Al referirse a la decisión, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró de forma vehemente que gracias a un esfuerzo fiscal con el Ministerio de Hacienda y, por instrucción del presidente Petro, "enterramos de una vez por todas esas amenazas de los líderes de oposición, acompañados por algunos líderes gremiales de apagón financiero y apagón eléctrico". Y a renglón seguido, el funcionario aseguró que el Gobierno está comprometido con la seguridad energética del y que la decisión de pago es una demostración de ello. Sin embargo, según fuentes enteradas del tema, la poderosa razón que motivó este giro de 180 grados del Gobierno, que pasó de pagar con cuenta gotas a un billonario giro para cubrir todos los subsidios de energía y gas causados el año pasado, fue la cercanía de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de una acción de cumplimiento, a favor de la Fundación para el Estado de Derecho, entidad instauró la acción judicial para que reclamar dichos pagos, una vez vencida la etapa de alegatos y presentación de pruebas de todas las partes, el 2 de mayo. En efecto, Portafolio conoció el concepto que hace pocos días, el 13 de mayo pasado, la Procuradora 25 Judicial II Administrativa, Laura Marcela Olier Martínez, le remitió al magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, de la sección primera del tribunal, en el que solicita fallar a favor de los demandantes. En la parte final el concepto señala textualmente: "Se solicita al Honorable Tribunal acceder a las pretensiones de la demanda, ordenando el pago de los subsidios adeudados que ya se encuentran reconocidos y provisionados, y de igual forma, se considera relevante que se ordene a las entidades accionadas que continúen las mesas sectoriales con los gremios de energía y gas, con participación de la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República". Otras fuentes consultadas aseguraron que este documento habría sido filtrado al Gobierno, que, ante la inminencia de una orden judicial de pago, debidamente sustentada, decidió hacer el sorpresivo anuncio, justo el día en que se programó el cabildo abierto en Barranquilla, cuyo operador eléctrico, Air-e (intervenido), tiene uno de los mercados que más subsidios de energía causa mes tras mes. ¿Qué dice el CONCEPTO? En el documento el Ministerio Público le dijo al magistrado Lasso que de las mesas de trabajo que hicieron por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, se evidenció la necesidad de contar con herramientas que permitan tanto a entidades como a empresas comercializadoras, un acceso claro, oportuno y transparente a la información de los pasos agotados en el flujo de proceso de pago de los subsidios. Al respecto, el documento llama la atención porque mientras el Ministerio de Hacienda señala que efectivamente ha realizado los giros de recursos al Ministerio de Minas y Energía de conformidad con los Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC -, "notamos con preocupación que las deudas con las empresas comercializadoras en materia de subsidios siguen aumentando su rezago". Sobre el estado de las deudas, el documento revela que, con cargo a la partida presupuestal asignada para el año 2025, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución No. 0235 del 6 de marzo de 2025, por $731.605 millones, correspondientes a los saldos del primer, segundo trimestre de 2024 y tercer trimestre de 2024. Con ello, valor total pendiente de pago a las empresas comercializadoras de energía para la vigencia 2024 llegaba a $1,91 billones, de los cuales $1,02 billones ya estaban reconocidos mediante resoluciones de pago, al tiempo que valor restante estaba pendiente de asignación en resoluciones. "En el informe rendido por el Ministerio de Minas y Energía dentro de esta acción constitucional, se estipuló que la deuda con corte a 30 de abril de 2024, por concepto de subsidios, que ya se encuentra reconocida en actos administrativos equivalea $1.491.358.494.519", señala el concepto en un aparte.