Maduro lanza nueva ola de arrestos a extranjeros antes de cuestionada elección

El régimen de Nicolás Maduro ha lanzando una nueva ola de arrestos a ciudadanos extranjeros en Venezuela, a quienes ha acusado sin pruebas de organizar supuestos planes desestabilizadores en contra de las cuestionadas elecciones legislativas y de gobernador que se realizarán este domingo en el país.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó este miércoles de la detención de un ciudadano argentino, un español y un búlgaro que presuntamente participarían de un complot terrorista. "Nosotros agarramos las coordenadas y les caímos tun tun ", dijo. "Si vienen para acá a conspirar los vamos a agarrar. Sépanlo (...) La operación tun tun está esplendorosa", agregó el número dos del chavismo, sin dar detalles sobre las identidades de los arrestados ni sus paraderos.
La Cancillería argentina precisó a la prensa local que el ciudadano detenido el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se identifica como Pablo Carrasco, tiene pasaporte argentino e italiano, trabaja en seguridad informática y viajó a Venezuela para participar de una conferencia de ciberseguridad. Tanto él como el ciudadano español, Erik Labrador, habrían sido puestos en libertad durante la jornada de ayer; sin embargo, la Casa Rosada expresó igualmente su preocupación por la retención injustificada de otro ciudadano argentino, que se suma a la del gendarme Nahuel Gallo -quien desde el 8 de diciembre está con paradero desconocido-, y desaconsejó viajar a Venezuela: "Dejen de viajar a ese país, porque es un peligro. Los toman de rehén", dijo el gobierno de Javier Milei.
Estas detenciones se añaden al arresto este lunes de 17 ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades, desde colombianos, mexicanos, hasta al menos un ucraniano y un albanés. El régimen de Maduro los acusó de "terroristas mercenarios" que presuntamente planeaban "ataques" con explosivos contra embajadas, comandos policiales, hospitales, estaciones de servicio e instalaciones del sistema eléctrico nacional, así como atentados contra "personalidades tanto de la revolución como de la oposición" que participarían como candidatos en las elecciones legislativas.
"Dos embarcaciones en altamar. ¿Qué piensan ustedes si a alguien le consiguen 200 kilos de pólvora. ¿Para hacer cohetes? No estamos en diciembre, ¿no? Nosotros estamos en una guerra", afirmó Cabello, quien acusó a la líder opositora María Corina Machado -hoy en la clandestinidad- de estar "detrás de esto" e intentar "sabotear, por la vía violenta, las elecciones", en las que solo participará un sector muy minoritario de la oposición en protesta por el fraude del chavismo en los pasados comicios presidenciales.
Una narrativa sobre planes conspirativos
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, una de las ONG de derechos humanos más importantes de Venezuela, explica que a partir de 2023, con el relanzamiento del llamado "Plan furia bolivariana", el régimen ha incrementado tanto la represión como la retórica conspirativa. "En los contextos previos y posteriores a las elecciones, el gobierno se ha acostumbrado a aumentar la persecución y la detención de dirigentes políticos, y más recientemente de personas de origen extranjero que, en buena medida, sirven para consolidar la constante narrativa gubernamental sobre planes conspirativos orquestados desde el exterior para desestabilizar al gobierno venezolano. Se ha consolidado esta narrativa, basada en la doctrina de seguridad nacional, sobre planes de desestabilización, y de allí a que a partir del año pasado con mucha más fuerza se ha producido la detención de una gran cantidad de ciudadanos de origen extranjero", dijo.
Según la ONG Foro Penal, actualmente existen 79 presos políticos con nacionalidad extranjera en Venezuela.
Algunos de ellos ocasionalmente son liberados tras negociaciones tras bambalinas entre países, como ocurrió este martes con el veterano de la Fuerza Aérea de EE.UU. Joe St. Clair, quien se encontraba desde septiembre del año pasado en la cárcel Rodeo I.
"Sobre todo en el caso de personas de origen estadounidense que han sido detenidas, el gobierno ha empleado a estas personas -que se convierten en rehenes- como fichas de cambio para negociar con el gobierno norteamericano", comentó Murillo, quien destacó la reciente gestión del enviado especial de la administración de Donald Trump, Richard Grenell, quien en febrero viajó a Caracas y logró la liberación de seis estadounidenses detenidos en el país, en lo que se presentó como una especie de avance diplomático con Washington.
Suspensión de vuelos y mafias albanesas
En otros casos es más difícil determinar el objetivo del régimen.
Luego de denunciar este supuesto complot, el gobierno chavista ordenó el lunes la suspensión de todos los vuelos procedentes de Colombia por tiempo indefinido para evitar la entrada de "mercenarios" a Venezuela. El Presidente Maduro, además, involucró en este presunto plan a la "mafia albanesa" en Ecuador, y vinculó en su organización al empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de la empresa contratista de seguridad Blackwater (ahora llamada Academi), quien estuvo en abril en el país para dar capacitaciones de seguridad a la Policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, comenta que el régimen de Maduro hoy "tiene una política de Estado de restringir el ingreso de personas al país, sean venezolanas o extranjeras, y de restringir la libre circulación al territorio" nacional. "Esto se ha vuelto un poco más que algunos casos: ya hay un patrón, y tiene que mucho que ver con que los resultados electorales (de las presidenciales) fueron los que fueron y no son reconocidos por el gobierno, entonces hay mucho miedo de perder el poder. Y cuando se tiene miedo, se tiende a controlar cada vez más y a restringir. A eso se añade la política de Estado de usar personas extranjeras como fichas de cambio, como elementos de intimidación, tanto para lograr el levantamiento de sanciones o para lograr la autocensura de las embajadas en cuanto a lo que pueden decir respecto a las acciones del gobierno y lo que pasa en el país. E ir normalizando esta situación", señaló.
Los extranjeros detenidos, sostiene Louza, hoy no tienen ninguna garantía de un juicio justo o sobre medidas cautelares. "Normalmente antes había cierta asistencia consular, muchas veces con dificultades, pero la había, se aceptaba. Había también un abogado privado que asistía a la persona detenida y había comunicación, visitas, siempre con algunas negociaciones de por medio. Bueno, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio ese patrón cambió radicalmente y la regla es la incomunicación. Las desapariciones se han vuelto más largas y los centros de detención ni siquiera comunican que tengan a las personas (...) O sea, los extranjeros detenidos están totalmente indefensos".