Junta de Ecopetrol da versión acerca de polémico contrato
Tras lo surgido a raíz de una investigación independiente que habría hecho la petrolera estatal Ecopetrol sobre riesgos reputacionales de su presidente Ricardo Roa, la compañía dio el pasado jueves su versión de los hechos
Tras lo surgido a raíz de una investigación independiente que habría hecho la petrolera estatal Ecopetrol sobre riesgos reputacionales de su presidente Ricardo Roa, la compañía dio el pasado jueves su versión de los hechos. En un comunicado de prensa, la empresa dio contexto de la situación, asegurando que dicho control se ha venido dando desde el año 2008, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. "Desde el año 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con un sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyado por firmas de abogados de EE. UU., con conocimiento en asesorías especializadas en diversos temas, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) (FCPA, por sus siglas en inglés) y asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) (Ofac, por sus siglas en inglés), gestión de riesgos y asuntos éticos", mencionó Ecopetrol. La empresa explicó que, a solicitud de su junta directiva, se contrató como asesor legal a la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades de EE. UU., aclarando también Roa no habría participado en ese proceso. De acuerdo con la petrolera, el contrato referido le permite a la junta directiva recurrir al asesor cuando lo considere necesario, "para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes". Según Ecopetrol, "tal y como se verificó en las actas, ni el comité de auditoría ni la junta directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo", lo que llevó a que la mesa directiva ordenara la suspensión de las actividades desde febrero de 2025. En su momento, dice la petrolera, la junta directiva había solicitado someter estas actuaciones a auditoría e investigación, y aseguró que tomará las medidas legales y administrativas "pertinentes" en función de los resultados de estos procesos.