Universidades privadas salen al cruce del MEC por decisión de revocarles las autorizaciones definitivas

El gobierno de Yamandú Orsi revocó las autorizaciones definitivas brindadas por el gobierno anterior a las cinco universidades privadas (Claeh, UCU, UM, UDE y ORT) y el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), tras derogar el decreto 316/024, de regulación de la enseñanza terciaria privada, que habilitaba esta opción, confirmó a El País la responsable del área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Virginia Villalba.

Se trata de una medida complementaria a la derogación del decreto firmado por el expresidente Luis Lacalle Pou en noviembre de 2024, que derivó en varios cuestionamientos del Frente Amplio, que finalmente lo derogó el 3 de junio. Se trata de dos resoluciones diferentes: una que hizo caer la normativa aprobada el año pasado y que dejó vigente al decreto 104/014, y otra que revocó las autorizaciones definitivas otorgadas, algo que había sido adelantado por Búsqueda.

El artículo 29 del decreto 314/024 habilitó que las universidades con 20 años de funcionamiento y sin observaciones graves en ese lapso pudieran pedir una autorización definitiva. Este permiso fue concedido a las seis instituciones privadas el 26 de febrero, a dos días del cambio de gobierno, en un proceso que generó críticas a nivel político y jurídico, que desembocaron en la revocación citada.

La autorización definitiva supuso para las universidades privadas un punto clave ya que habilitaba a cambiar las modalidades, planes de estudio, la denominación del título final, crear nuevas orientaciones y titulaciones intermedias de carreras reconocidas, incluyendo doctorados, y abrir nuevas sedes e impartir en ellas carreras ya reconocidas, "sin otro trámite que informar al MEC", tal como indica el artículo 29 del decreto ahora derogado.

Las nuevas autoridades del MEC, encabezado por José Carlos Mahía, se pronunciaron en contra de la medida, y encomendaron informes jurídicos que señalaron que hubo "vicios de forma" en la resolución final que otorgó las autorizaciones definitivas. Se apuntó que esta no fue firmada por el presidente, como establece un decreto-ley de 1984, sino por el exministro de Educación Pablo da Silveira, amparado en un decreto aprobado el 25 de febrero, que habilitaba dar este permiso con la firma ministerial.

Con esta lectura jurídica, el MEC anunció que se iban a revocar las autorizaciones, y las universidades pidieron que no se hiciera, tal como informó La Diaria. Al momento de dar vista de la comunicación, las instituciones incluyeron un análisis del abogado Carlos Dellpiazzo, quien concluyó que como el decreto 316/024 no establece como requisito que las autorizaciones definitivas sean brindadas por el Poder Ejecutivo, no sería necesaria una firma del presidente, y por ende, no habría inconveniente con el permiso otorgado.

MEC prevé llegar a nuevo decreto este año

El Consejo de Rectores de las universidades privadas se reunió este viernes de tarde. "No nos han comunicado formalmente la revocación de las autorizaciones definitivas. Quedamos pendientes a que eso llegue y que puedan estudiarlo nuestros abogados" para evaluar qué medida toman para revertir la revocación, indicó a El País el rector de la Universidad Católica (UCU), Julio Fernández Techera, y además secretario pro tempore del Consejo de Rectores.

De todos modos, Fernández Techera, que oficia hasta fines de mes como vocero de los rectores universitarios privados, resaltó a El País que la autorización definitiva que habilitó el decreto, aprobado dos días después del balotaje, supuso para las instituciones una "flexibilización burocrática", y no una "autonomía". Esto valorando que, por ejemplo, los planes de estudio "se tienen que estar renovando cada dos años", y no cada una década, por los cambios tecnológicos.

"El modelo del decreto de 2014 era muy burocrático, muy lento, y que cuesta económicamente porque cada vez que se hace una modificación hay que llamar a evaluadores, que los tienen que pagar cada institución, y a su vez para el MEC es más carga de trabajo", agregó el rector.

En torno a la derogación del artículo 316/024, Fernández Techera, señaló: "Estamos en desacuerdo con la medida. No porque el decreto anterior no pudiera ser mejorado, sino porque creemos que lo mejor era trabajar en un nuevo decreto y no derogar y volver 11 años atrás, para recién después ponerse a trabajar en el nuevo decreto. Más allá de la buena voluntad, y de la actitud dialogante del MEC, creemos que es un error la medida".


"Los ritmos políticos muchas veces no se acompasan con los ritmos de las instituciones. Por eso creemos que es un error lo que ha hecho el MEC. Pero hay que mirar hacia adelante y construir hacia adelante y no es volviendo para atrás, porque después los ritmos del Estado son lentos y aunque hay buena voluntad. No sabemos si el nuevo decreto va a demorar cinco meses o cinco años", dijo el rector.

Tras ser consultada sobre el plazo que tiene previsto el gobierno para llegar a un nuevo decreto, Villalba, del MEC, respondió a El País: "Nosotros lo que nos estamos planteando es trabajar durante todo este año y llegar a una propuesta a fin de año".

"En un momento donde todo se acelera y los cambios se dan mucho más rápido, es una pena que nosotros vayamos para atrás", agregó Fernández. De todos modos, rescató que hay un "muy buen diálogo" y "muy buen relacionamiento" con el MEC.

Villalba coincidió con las universidades privadas que se debe "aggiornar" el decreto de 2014, que quedó vigente. Para avanzar en los cambios, se encomendó al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada a trabajar con "todas las partes" para arribar a un nuevo decreto.

A nivel político, la derogación recibió críticas. El senador colorado y expresidente de ANEP Robert Silva apuntó en su cuenta de X: "Un retroceso para el sistema educativo universitario nacional al que esperemos no se sume la derogación del reconocimiento universitario de los títulos de maestros y profesores de la ANEP que se ha logrado".