Trabajo sin pausas de la Contraloría

Esta semana se han seguido sintiendo los efectos políticos, judiciales y administrativos del reciente informe de la Contraloría General de la República, sobre salidas del país de miles de funcionarios públicos estando con licencias médicas. A los sumarios que se inician y las diligencias de la Fiscalía en la investigación penal abierta, se agregan las desvinculaciones o renuncias de cientos de personas, incluyendo los casos que casi a diario trascienden de parientes o amigos de altas autoridades de gobierno que salen de sus cargos después de ser sorprendidos en estas conductas, lo que naturalmente genera especial indignación en la población.
Más allá de la situación concreta de los involucrados, el mayor impacto del informe debiera ser el mensaje ejemplificador que se le transmite al resto de la población, de que comportamientos defraudatorios como estos no serán tolerados. De ahí que lo obrado por el ente contralor esté llamado a marcar un punto de inflexión.
El actuar de la Contraloría liderada por Dorothy Pérez también ha seguido marcando la pauta en otros temas relevantes -el contraste con lo ocurrido con el anterior contralor es ya demasiado evidente y da cuenta de la fuerza que puede darle a una entidad un nuevo liderazgo-, particularmente luego de darse a conocer una serie de informes sobre gestión y uso de recursos en gobernaciones y municipios del país. Se revelan situaciones inaceptables de aprovechamiento político de los cargos, de administración negligente o derechamente dolosa y, en general, una cultura que parece estar enquistada en las más diversas instituciones que favorece el derroche de dineros públicos y en que la imagen o suerte electoral de las autoridades se convierte en el centro de las preocupaciones de quienes ahí trabajan. Una distorsión de las prioridades que debilita nuestra democracia, daña la equidad electoral al conferirle una ventaja indebida a los incumbentes sobre otros candidatos y erosiona la confianza ciudadana en el servicio público.
Y es que no se trata solo de episodios rayanos en la picaresca política, como la incorporación oportunista y reiterada de la figura o nombre de las autoridades en las informaciones oficiales o del entusiasmo tuitero (hoy X) en sus cuentas personales, que pretende hacer aparecer que los beneficios que el Estado otorga se deben a un esfuerzo de ellos más que a uno institucional, sino a verdaderas capturas del aparato burocrático en que la estrategia, la agenda y el trabajo de los funcionarios y supuestos expertos comunicacionales contratados gira en torno a los intereses políticos y particulares de quien lidera una determinada institución.
En fin, como si lo ocurrido esta semana no fuera suficiente, una respuesta de la Contraloría a una consulta parlamentaria sobre los paros docentes ha reiterado sin ambigüedades criterios fundamentales ya fijados, pero que lamentablemente suelen ser obviados por quienes deben tomar las decisiones: la adhesión voluntaria de los profesores a paralizaciones ilegales debe conllevar necesariamente el descuento en sus remuneraciones. El velar por que ello se cumpla efectivamente en cada caso debiera ser el siguiente paso.
Irregularidades y eventuales delitosEspecial atención debiera generar el informe de la Contraloría conocido el viernes, que encontró múltiples irregularidades en la gestión de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente que hasta 2024 agrupaba a los municipios de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, en el que aparecen mencionadas distintas figuras de la oposición (entre ellas, el exalcalde Joaquín Lavín), y el dictamen que se refiere a la Gobernación Metropolitana encabezada por Claudio Orrego.
En ambos casos, el ente contralor decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, por sus eventuales implicancias penales.
Las conclusiones de la investigación a la gestión del gobernador Orrego ha concentrado con razón la atención pública, pues no solo se trata de una de las más altas autoridades del país -votada por más de dos millones de ciudadanos-, sino sobre todo, por la contundencia de los elementos probatorios que la Contraloría ha dado a conocer para justificar el inicio de un proceso disciplinario. Como pocas veces ocurre, hay aquí minutas escritas que de forma explícita y desenfadada dan cuenta de la utilización de recursos públicos para fines de una campaña de reelección y una posible candidatura presidencial. Más allá de si se configura o no algún delito, lo conocido aparece como un ejemplo de texto de una captura institucional para fines personales de quien lidera una entidad. Y es que el futuro político del gobernador está en el centro de las preocupaciones de los distintos funcionarios y la agenda de ellos se acomoda a ese objetivo.
Las inverosímiles explicaciones que ha dado Orrego solo aumentan la sensación de estar ante un caso evidente de abuso de poder y de aprovechamiento indebido de los recursos públicos.