Referendo Fiscal

Camilo Pérez-Álvarez
Días atrás se venía rumorando con la suspensión de la Regla Fiscal (RF), situación que se confirmó con la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). A diferencia de un evento como la pandemia, que se usó en su momento para suspender la RF y es argumento suficiente para lo anterior, en esta ocasión se citó el riesgo de una "parálisis del Estado" si se cumple a cabalidad con las metas definidas en materia de déficit fiscal. Y aunque el MFMP hace una exposición amplia de cómo ajustes relevantes de gasto en otros países han tenido un impacto económico negativo, la obviedad del punto hace que entonces sea improcedente tener una RF, pues los ajustes de gasto por definición tendrán un impacto económico negativo. De otro lado, se cita la necesidad de un ajuste plurianual, pero todos los esfuerzos de ajuste fiscal desde el lado del gasto se postergan para el siguiente gobierno, mientras del lado del ingreso se plantea una nueva reforma tributaria que en las actuales condiciones políticas luce difícil de aprobar. Es más, al ser indagado sobre el tema, el ministro de Hacienda, G. Ávila, sugirió que de no aprobarse, sería el Congreso el que debería dar una alternativa para la consecución de recursos. Lo anterior suena como otro choque político más entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se suma a los ya existentes. El uso de Transacciones de Única Vez para cumplir la RF en 2024 y ahora la suspensión de la misma en 2025 parecen poner fin a esta institucionalidad como la conocemos. Así, dependerá del siguiente gobierno si la RF se robustece o por el contrario se debilita más, haciendo del tema fiscal uno más de los que se pondrá a juicio en las elecciones de 2026. Un gobierno comprometido con el tema fiscal podría fortalecer su institucionalidad, buscando por ejemplo que las opiniones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sean vinculantes, o que la evaluación del cumplimiento de la regla esté a cargo de un agente diferente al mismo gobierno de turno, que bien podría ser el Carf. Por lo pronto, la RF pierde relevancia, como incluso lo han indicado las mismas agencias calificadoras de riesgo, siendo ahora más relevante el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Con una deuda pública que aumenta por encima de 60% del PIB, Colombia pierde espacio de política contra cíclica en momentos de mayor incertidumbre global, sin que necesariamente haya un choque inesperado, mientras la estrategia de retorno a la sostenibilidad de las finanzas públicas queda aplazada. En definitiva, la suspensión de la RF solo acerca al país un poco más a la realidad fiscal en la que se requieren ajustes estructurales de entre 2% y 4% del PIB en los próximos años, necesitándose mayores ingresos, pero también una reducción de gasto, para que las finanzas públicas sean sostenibles y la deuda pública no continúe con una senda de aumento.
Investigaciones Economicas y Análisis de Mercados Banco de Bogotá .