Las debilidades de Casupá, la represa que el gobierno defiende para reforzar el suministro de agua potable

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, fue enfático días atrás al cuestionar la ubicación del proyecto de hidrógeno verde que la empresa HIF pretende desarrollar en Paysandú. Para el jerarca, "los proyectos no deben sacrificar ecosistemas y afectar áreas protegidas". "No es admisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo", sostuvo días atrás en entrevista con Informativo Sarandí para luego concluir que la propuesta "tiene que corregirse".

Esta situación, sin embargo, es la misma que enfrenta una obra que el propio Ortuño ha impulsado desde que era director por la oposición en OSE durante el período pasado: el proyecto de represa Casupá.

La iniciativa -anunciada en 2013 durante el gobierno de José Mujica- que prevé construir un embalse en el arroyo Casupá (Florida) y ayudar así a reforzar el sistema de suministro de agua potable para la zona metropolitana, también implica tala de monte nativo. Y de hecho, pone en cuestión la postura de Ortuño ya que, según consta en la documentación presentada para tramitar el aval ambiental -y a la que accedió El País-, se espera quitar 426 hectáreas de bosque nativo en un ecosistema ribereño. Para el Sistema de áreas protegidas la conservación de los ecosistemas ribereños es prioridad.

Al igual que esta, existen otras debilidades en el proyecto que están siendo analiza-das por los técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea).

A estudio

En diciembre de 2019, en una reunión en la residencia de Suárez y Reyes, el entonces presidente Tabaré Vázquez le entregó al por aquel momento electo mandatario, Luis Lacalle Pou, una carpeta con toda la información de la iniciativa Casupá.

El proyecto no fue considerado durante la administración Lacalle Pou que -con una histórica sequía mediante- se volcó por apoyar el proyecto Arazatí, una megainversión que podría dar una solución definitiva al suministro de agua potable para la zona metropolitana, a entender del anterior gobierno. Todo esto a pesar de la insistencia del Frente Amplio que levantó la opción Casupá como bandera en la campaña electoral que llevó a Yamandú Orsi a convertirse en presidente.

Los reparos del actual gobierno al proyecto Arazatí eran conocidos y a poco de asumir se acordó con el consorcio Aguas de Montevideo tomarse 90 días para analizar eventuales cambios -o incluso la rescisión- del contrato. Al mismo tiempo que en boca del presidente y también del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se insistió en que la actual administra- ción frentista cumplirá su promesa de concretar la obra de Casupá.

El pasado 11 de abril -y con la firma de la subgerenta general de OSE, Karina Azuriz- el ente solicitó la reactivación del trámite de solicitud de autorización ambiental previa del proyecto Casupá. Y esta semana, según indicaron fuentes de gobierno a El País, hubo una reunión entre los técnicos de la Dinacea y OSE para avanzar en los temas más relevantes del Estudio de Evaluación Ambiental presentado en 2017.

La represa de Casupá, un embalse de unas 3.000 hectáreas aguas arriba del Santa Lucía, permitiría contar con más agua dulce disponible para procesar en la planta de Aguas Corrientes. A diferencia de Arazatí, el agua se tomaría de la misma fuente y se trataría con la misma infraestructura que lo hace OSE ahora.

De acuerdo a lo que dijeron los informantes, a los técnicos de Dinacea les preocupan varios aspectos, pero fundamentalmente el estudio de Modelo de Calidad de Agua ya que, a decir por los propios técnicos, la modelación no se realizó de forma correcta y está desactualizado.

Este análisis técnico es clave para determinar en base a la entrada y salida de agua que tendría la represa -proyectando comportamientos según si llueve y cómo escurren elementos minerales del agro- qué nivel de cianobacterias puede generarse.

Al momento de hacerse el estudio se apuntaba al fósforo como el elemento determinante para el desarrollo de las cianobacterias. Sin embargo, el estudio presentado años después por UPM sobre el río Negro mostró que el nitrógeno tiene mayor peso. Algo que el estudio sobre Casupá no contempló, según las fuentes.

Extinción

El impacto ambiental también, de mantenerse el proyecto tal cual se plantea, afectará a la fauna del lugar. Y en algunos casos puede llegar a ser irreversible extinguiendo especies ya que en la región afectada se encuentra el Área de Importancia para Conservación de las Aves (IBA por su sigla en inglés) UY015 "Serranías del Este".

"Esta área fue ingresada a este programa internacional por la presencia de cinco especies con problemas de conservación y sus umbrales poblacionales: el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), el dragón (Xanthopsar flavus), la pajonalera pico recto (Limnoctites rectirostris), la viudita blanca grande (Xolmis dominicanus) y el capuchino pecho blanco (Sporophila palustris)".

A su vez una especie que habita la zona "está considerada como amenazada de extinción a nivel global, el capuchino boina gris (Sporophila cinnamomea) considerada vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza".

Las expropiaciones dividen unidades productivas

Otro elemento que puede generarle dolores de cabeza a las autoridades una vez se decidan por llevar adelante el proyecto de Casupá es el proceso de expropiaciones de terrenos que se verán afectados por la represa.

Esta instancia, siempre polémica cualquiera sea la inversión, en el caso del embalse de 3.000 hectáreas que significaría la represa proyectada en el departamento de Florida implica que haya 96 padrones afectados con al menos una parcela de su predio que debe ser expropiada.

Entre ellos, hay "46 unidades productivas, de las cuales la mitad se dedican a la ganadería con mejoramiento de pasturas".

Por su parte, hay otro "31% que se dedica a la ganadería, pero sin mejoramiento de pasturas, y en menor proporción se identifican actividades agrícolas, y agrícolas ganaderas" en otros predios.

El mayor problema radica en que esos 46 padrones tienen la complejidad de que sus unidades productivas quedan divididas ya que el terreno expropiado no es el predio completo sino la parte que afecta exclusivamente para la represa y sus instalaciones.

Asimismo, hay otros cinco padrones en los que los propietarios perderían sus viviendas por lo que es necesario contemplar realojos y reasentamientos.

El patrimonio afectado: Corrales y Taperas de Artigas

Las obras que implica la construcción del proyecto Casupá también tendría impacto en el patrimonio histórico y cultural con posible afectación a elementos que datan de la época colonial y que se relacionan con las familias Artigas y García de Zúñiga, según se desprende del análisis que realizaron especialistas en arqueología como parte del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado hace ocho años.

El embalse cubriría 21 zonas identificadas que "tienen algún tipo de interés histórico patrimonial" y cuyo impacto por la magnitud de la iniciativa sería difícilmente de recuperar si no imposible a ojos del técnico evaluador que analizó la propuesta.

Se trata de cuatro corrales de piedra, de los cuales dos tienen origen colonial y están vinculados a las familias Artigas y García de Zúñiga. Dos estructuras de acumulación de piedras, un conjunto de materiales líticos prehistóricos que podría arrojar información inédita de grupos indígenas que ocuparon el área. Además, existen 11 taperas, dos de ellas relevantes por su antigüedad y posible nexo con la familia de Artigas.

Hay dos cascos de estancia, uno que pertenecería a la familia de García de Zúñiga y otro que perteneció a Gregorio Trías por concesión de José Joaquín de Viana. Y una tumba, que de acuerdo a información disponible podría corresponder a principios del siglo XX.

"En consecuencia, dado que se identificaron elementos de interés prehistórico que podría brindar información inédita de indígenas de la zona, estructuras vinculadas a las familias Artigas y García de Zúñiga, la intensidad del impacto se valora en alta", se consideró en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Y por último, en el análisis se insistió al afirmar que las medidas de mitigación planteadas "no resultan suficientes para tornar el impacto residual en no significativo".