¡El Derecho, más que consensos!

No se explica la insistencia en propiciar un Ministerio de Justicia cuyo único precedente nacional data del 1º de setiembre de 1976, cuando lo estableció el Acta Institucional Nº 3 que se firmó al encamarse Aparicio Méndez para ser el rostro y la firma de la dictadura que se nos echó encima un 27 de junio como hoy, 52 años atrás.

Y no podemos compartir que el gobierno reitere su confianza en lograr consensos políticos para votar el engendro, cuando sabemos que los principios generales de Derecho y los temas de Derecho Público no son negociables desde la política ni dependen de consensos, pues deben amasarse con razones, reflexiones y depuraciones conceptuales. El Derecho se edifica desde fundamentos, como en el Uruguay enseñó Couture, y no por argumentación o por ética del discurso, como desde Alemania proclama Alexy.

El hoy vigente Código del Proceso Penal nació con el máximo consenso posible. Lo votaron los legisladores por unanimidad. ¿Y qué pasó? Se promulgó un adefesio que requirió 14 cirugías antes de entrar en vigor y que todos los días motiva quejas, equívocos y protagonismos que desvanecen la precisión del bisturí penal y dejan en carne viva la autoridad moral del Derecho.

Con semejante precedente, hay que pedirle al Poder Ejecutivo que no sueñe con consensos políticos para implantarnos un Ministerio de Justicia: ni consensos enclenques, de la mitad más uno, ni consensos aplastantes. Es que ajustada o robusta, ninguna mayoría debe bastar para colocar un artefacto institucional que le quite al Poder Judicial las competencias que le impone ser sinónimo de la Justicia, rebanándole o limándole las competencias que le da la Constitución para decir y hacer ejecutar el Derecho y para ejercer la superintendencia administrativa de sus órganos, en todos los niveles.

En una carta aparecida en un semanario gubernista, para defender la iniciativa se plantea esta pregunta: "¿Quién es responsable en Uruguay sobre lo que se comunica públicamente en relación a los criterios de justicia? ¿Quién se hace responsable de aquello que se comunica? ¿Cuál es el límite del activismo judicial? El Ministerio de Justicia puede servir para aunar criterios e informar a la población y para que exista un único responsable por los desaguisados al momento de investigar y administrar justicia."

Más claro, échele agua. Al Ministerio de Justicia se lo imagina como un compactador de conceptos que aúne criterios, que informe a la ciudadanía y que unifique la responsabilidad por los yerros que se cometan al investigar o al resolver. En menos palabras: el Ministerio de Justicia sería forjador de conceptos jurídicos e inspector de errores ¿de quiénes? ¡De los Fiscales y los Jueces! Sí, de los Magistrados todos, cuya independencia constituye la garantía común de nuestra libertad, incluso cuando los vemos errar y asumimos la fatiga de apelar lo que resolvieron.

La República necesita vitalizar su pensamiento público en todos los planos. Reemplazado el pensar por las consignas militantes, tenemos al país partido en dos. El camino para unificarnos no es violar la Constitución colocando un armatoste que arrincone al poder Judicial más que lo que ya está.

Es, al revés, encender la libertad que hoy tenemos con las llamaradas del pensamiento, sin más límites a la actividad judicial que la sensatez y armonía de los resultados.