Air-e y el riesgo financiero

Miguel Lotero
La energía sigue fluyendo, pero el sistema eléctrico nacional atraviesa una crisis que podría terminar en un colapso financiero. Air-e, la empresa que distribuye y comercializa energía eléctrica en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue intervenida por la Superservicios en septiembre de 2024. Desde entonces, su situación no ha mejorado. Por el contrario, se ha convertido en un símbolo visible de la incapacidad del gobierno para sostener un modelo que él mismo se inventó y que hoy no puede cumplir. Air-e atiende cerca del 11% de la demanda regulada de energía eléctrica en el país, representada en más de 1,2 millones de hogares. Opera en una de las regiones con mayores índices de pobreza energética, robo de energía y dependencia de subsidios. Su situación financiera es crítica, acumula deudas superiores a los $2 billones con otros agentes del mercado. Lo más preocupante es que una parte importante de esa deuda se generó después de la intervención, lo que demuestra que el plan del gobierno lejos de estabilizar la operación, ha profundizado el deterioro. El problema no es exclusivo de Air-e. En un mercado, el incumplimiento de un actor relevante produce efectos de arrastre. Si una empresa deja de pagar, afecta el flujo de caja de sus proveedores y estos, a su vez, deben ajustar sus compromisos con bancos, contratistas o empleados. En este caso, uno de cada diez hogares conectados al sistema está en manos de una empresa intervenida por el gobierno que no puede pagar. Eso ya es una señal sistémica de alerta. Aunque el 20 de mayo el gobierno anunció el pago total de la deuda por concepto de subsidios a las empresas, por un monto cercano a $2,5 billones incluyendo $233 mil millones para Air-e, esta medida llega tarde para corregir el daño causado. Buena parte de esa deuda fue acumulada entre 2024 y los primeros meses de 2025, período en el que las empresas debieron operar sin esos recursos, afectando su liquidez y obligándolas a postergar pagos críticos en el mercado. Pero incluso con el giro, el impacto estructural sigue presente, los agentes ya no tienen confianza en que los subsidios futuros serán girados oportunamente, ni de que el esquema sea sostenible fiscalmente en el tiempo. Air-e presentó una propuesta de acuerdo de pago a sus acreedores los primeros días de junio. Un plan de pago de las deudas entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 a nueve años, con un año de gracia sin abonos ni intereses moratorios. Es decir, los pagos comenzarían en agosto de 2026, sometidos al arbitrio del nuevo gobierno. Lejos de ser una solución estructural, esta propuesta profundiza la desconfianza pues no solo traslada todo el riesgo al mercado, sino que se apoya en el supuesto de que Air-e podrá operar de forma regular durante nueve años más, a pesar de estar en liquidación y sin respaldo financiero. El acuerdo tampoco establece garantías concretas, ni contempla qué ocurrirá si los activos son transferidos a un nuevo operador, algo que parece inevitable. Quizá la próxima crisis eléctrica en Colombia no ocurra por falta de energía, sino por falta de recursos.
Consultor en regulación y política energética - Exviceministro de Energía.