En marzo le dijo a la jueza que tenía "apremio" por hacer acuerdos reparatorios con las víctimas y poder dejar la cárcel, pero 10 días después lo imputaron por asesinato.
Antes de caer preso, a
Jhony Leonel Giancola Silva lo investigaban cinco fiscalías diferentes. Estaba requerido por dos causas y, aunque esas órdenes de detención estuvieron vigentes por meses, recién lograron atraparlo el 27 de diciembre del año pasado. Para ese entonces, ya había una investigación abierta por eventual connivencia policial, puesto que, según denunció uno de los fiscales que lo investigaba, Giancola había sido ubicado por oficiales de
policía, pero estos no lo atraparon. El sábado 21 de junio logró fugarse del
ex Comcar y la principal hipótesis apunta a que se fue caminando.
Esto ocurrió durante el horario en el que los presos pueden recibir visitas. El procedimiento policial para ubicarlo comenzó a las 15:20 cuando el director avisó que había recibido información extraoficial de que Giancola se había fugado. No encontraron al recluso en su celda, por lo que se ordenó fortalecer los controles, surge de documentos del
Ministerio del Interior a los que accedió El País.
Al relevar las cámaras, vieron que dos horas antes, a las 13:28, se veía salir a una persona similar a Giancola y con idéntica vestimenta: campera bordeaux, pantalón y buzo gris. Salió por el túnel de revisoría, que es por donde pasan las visitas. Se fue del ex Comcar caminando, para luego correr en dirección a la ruta, donde se lo perdió de vista, según surge del documento.
Asuntos Internos de la Policía comenzó una investigación para saber si hubo corrupción en el caso, informó Canal 12. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en rueda de prensa que manejan información al respecto, pero no pueden "ventilarla".
Joaquín Abal, uno de los abogados del sindicato policial, publicó en su cuenta de X que el interno salió caminando con su
cédula de identidad y la tarjeta que se les da a los visitantes en una mano. Esta tarjeta especifica el módulo al que va a ingresar la persona y su género.
La última vez que Giancola vio a la jueza Silvia Urioste, a cargo de su caso, tenía esperanza de volver a vivir en libertad. Le dijo que tenía "apremio" por hacer
acuerdos reparatorios con las víctimas y poder dejar la cárcel. Eso fue el 21 de marzo de este año, cuando hacía tres meses que estaba preso por 19 hechos vinculados a estafas y libramientos de cheques sin fondo. Esa posibilidad se desvaneció 10 días después, cuando la jueza Patricia Rodríguez lo imputó por homicidio y aceptó el pedido de la fiscal Paula Goyeni de que, si llegara a quedar en libertad por la otra causa, fuera encarcelado por esta.
Giancola tenía 43 años y había llegado a cursar estudios universitarios. Ante los operadores judiciales se mostraba seguro y determinado, como también lo hizo frente a las decenas de personas que lo terminaron denunciando por
estafa. Tenía panaderías, una empresa de construcción y otra empresa alrededor de la que giran la mayoría de las imputaciones. Según su página web -que fue dada de baja- su cometido era "captar, desarrollar y potenciar modelos de negocios disruptivos de rápida escalación en múltiples industrias".
Parecía un empresario exitoso. Llegó a tener una camioneta valuada en 77 mil dólares y el domicilio que fijó judicialmente era en la rambla del Pinar. Antes, surge de los audios de las audiencias, el domicilio que constaba en el expediente era en uno de los barrios privados más reconocidos del país. La oficina de su empresa estaba en
Carrasco.
Detrás de esa fachada que inspiraba confianza, había un historial de problemas con la Justicia. Según dijo el propio Giancola al juez Huberto Álvarez, cuenta con
nueve antecedentes penales. En 2021, había sido denunciado por estafa y había saldado sus cuentas haciendo un acuerdo reparatorio.
Pero los problemas siguieron. Varias fiscalías tenían investigaciones en su contra y él lo sabía. Uno de los fiscales que lo investigaba denunció que Giancola lo llamó por teléfono y le preguntó por qué lo tenía requerido.
Lograron detenerlo el 27 de diciembre de 2024, cuando iba a bordo de un auto tras haber participado de un homicidio. Al otro día, la fiscal Bettina Ramos pidió su imputación por 19 hechos en los que el modus operandi era similar.
Se presentaba como empresario y obtenía crédito en mercadería. Cuando le tocaba abonar por ella, presentaba cheques con una firma apócrifa, que no tenían fondos o que habían sido robados. Ante el reclamo del vendedor, contestaba que subsanaría el error con una transferencia y enviaba comprobantes que en realidad eran falsos.
Así lo hizo, sostiene la Fiscalía, con diferentes empresas de cartelería y publicidad del país, con las que acordaba la contratación de ese servicio para promover su empresa.
Pero hubo otros casos más complejos. Por ejemplo, se asoció con otro hombre al que le abrió una unipersonal y a nombre de esa firma sacó cinco créditos, obtuvo chequeras y una tarjeta de crédito. Con
cheques falsos, llegó a querer pagar impuestos, lo que le valió una denuncia penal de la Dirección General Impositiva. También fue acusado por el Banco de Previsión Social, porque -afirman en la denuncia- Giancola abría empresas a nombre de terceras personas "generalmente insolventes" e inscribía como trabajadores a sus parientes, quienes obtenían beneficios sociales.
La maniobra delictiva está valuada en "bastante más de 200 mil dólares", dijo en otra audiencia la fiscal Graciela Peraza, quien lideró la investigación y tenía previsto imputarle más hechos.
En abril de este año había sido imputado por, presuntamente, haber matado a disparos a un hombre de 34 años que, según señaló un testigo, le había querido robar en una panadería de su propiedad. El hecho ocurrió a pocos minutos de las tres de la tarde del 25 de diciembre en el barrio Peñarol.
Sindicato de policías afirma que no hubo delito
El
Sindicato Único de Policías del Uruguay -que es representado por Juan Raúl Williman y Joaquín Abal- defenderá que no hubo responsabilidad de los funcionarios policiales en la fuga. Para que haya un delito, explicaron, es necesario que haya "culpa" (negligencia, impericia o falta de previsión). Pero el hecho en este caso se da en un contexto de "hacinamiento y superpoblación disparada". "Veremos si hay responsabilidad administrativa o es casi el resultado de una situación extraordinaria o de fuerza mayor, más si entraron 851 personas a la visita ese día", advirtieron.
El País, Uruguay
29 de junio de 2025
