Un informe de Servicio Civil señala que se cubrieron 1.808 vacantes en 2024 y hubo un solo ingreso de un hombre de entre 20 y 29 años que se incorporó al Ministerio del Interior.
Redacción El PaísEl artículo 105 de la
Ley de Urgente Consideración determinó la obligación de reservar para las
víctimas de delitos violentos un 2% de las vacantes que se generan anualmente en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Personas de derecho público no Estatal. Sin embargo, esta disposición legal no se cumple.
Un informe de Servicio Civil señala que se cubrieron 1.808 vacantes en 2024 y hubo un solo ingreso de persona víctima de delitos violentos. Se trató de un hombre de entre 20 y 29 años que se incorporó al Ministerio del Interior. Esto representa un 0,06% (lejos del 2% establecido) de las vacantes provistas, cuando en ese año, de haberse cumplido el cupo dispuesto por la ley, debieron haber ingresado a los organismos obligados 33 personas.
El Poder Legislativo debió haber incorporado una persona víctima de delitos violentos, Poder Ejecutivo 23, Poder Judicial 5, Tribunal de Cuentas 3, y otros organismos tres; lo que totaliza 33 vacantes. Solamente el Ministerio del Interior hizo reserva de cuotas para víctimas de delitos violentos en dos llamados que se publicaron en el portal Uruguay Concursa.
Según la cantidad de puestos de los llamados gestionados y publicados en Uruguay Concursa se debió realizar 7 ingresos de personas víctimas de delitos violentos en Transporte e Interior, 3 en Presidencia, 2 en Defensa, Ambiente y Ganadería; 1 en Economía.
El informe indica que la ley fue aprobada con la intención de compensar a las víctimas de delitos violentos. "Es importante considerar que al momento del delito y después del mismo, las víctimas pueden sufrir una variedad de efectos físicos y económicos. Los daños físicos tienen efectos negativos en la recuperación psicológica de las víctimas, pudiendo incluso afectar la respuesta del individuo al daño físico. En cuanto al impacto económico, las víctimas podrían acarrear costos que no tenían antes de ocurrido el delito, como los trámites legales o consultas a profesionales de la salud", se indica.
La ley prevé que las víctimas de delitos violentos podrán acogerse al beneficio y postularse a un cargo cuando no tengan otro cargo público ni tampoco sean beneficiarios de pensiones o jubilaciones a cargo del Estado.
El País, Uruguay
30 de junio de 2025
