La Nación, Costa Rica
4 de julio de 2025
Repasamos en nuestro Editorial las lecciones que ha dejado la intervención y proceso de resolución de la financiera Desyfin. Estos son los aspectos clave en los que se debe prestar más atención.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) está concluyendo el proceso de resolución de Desyfin, la financiera más grande del país.
De acuerdo con el comunicado oficial, los recursos rescatados serán suficientes para devolver la totalidad del dinero al 74% de los ahorrantes, aquellos que tenían hasta ¢6 millones invertidos. El otro 26% deberá esperar a la liquidación de la financiera para conocer qué porcentaje podrá recuperar.
A pesar de tratarse de entidades relativamente pequeñas en el sistema financiero costarricense, estos resultados son menos alentadores que los alcanzados en el caso de Coopeservidores, donde un 97% de los ahorrantes recuperará la totalidad de sus recursos.
Como ya lo señalamos en el caso de Coopeservidores, corresponde enumerar algunas lecciones importantes derivadas de la intervención de Desyfin. Los hallazgos evidencian fallos tanto en la regulación emitida por el Conassif como en la supervisión realizada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Uno de los principales puntos críticos, que también debe servir de aprendizaje para los ahorrantes, es la debilidad en el gobierno corporativo de la financiera.
Particularmente preocupante fue la estructura endogámica de los órganos de dirección y de los cuadros gerenciales, lo que propició conflictos de interés.
Según la tesis de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, la crisis de Desyfin fue producto de un plan orquestado por los propietarios mayoritarios para obtener beneficios patrimoniales ilegítimos. De ser así, estos indicios debieron haber sido detectados mucho antes por el regulador durante sus inspecciones rutinarias.
Esta situación pone de manifiesto la urgencia de reforzar las normas de gobierno corporativo, de modo que los órganos de dirección cuenten con mayor independencia frente a la alta gerencia, garantizando así la protección de los intereses de los ahorrantes.
Desde la perspectiva de supervisión, el accionar fue tardío. Las prácticas comerciales y financieras riesgosas que llevaron a la quiebra de la entidad debieron haberse detectado con mayor anticipación. Por ejemplo, la interventoría reveló que Desyfin otorgaba créditos sobre contratos inconclusos y descontaba facturas de operaciones comerciales que aún no se habían materializado. Es decir, se descontaban facturas que aún no se habían remitido al cobro. Esta práctica distorsionó las estimaciones crediticias y debilitó financieramente a la entidad.
Estas señales de alerta debieron ser identificadas en las inspecciones ordinarias de la Sugef y no únicamente durante una intervención. Por ello, es urgente que la Sugef refuerce sus procesos de supervisión, especialmente en entidades cuyo negocio principal es el descuento de facturas.
Ya habíamos advertido previamente sobre las deficiencias en la supervisión financiera, sobre todo en épocas de cambios regulatorios bruscos. La flexibilización normativa durante la pandemia y los años posteriores pudo generar una falsa percepción de solidez en algunas entidades, lo que terminó siendo un espejismo. A esto se suma la reforma reciente que modificó el tratamiento contable de las pérdidas crediticias sin prever el impacto que tendría en los indicadores de suficiencia patrimonial de algunas financieras.
Finalmente, el caso Desyfin confirma que el Fondo de Garantía de Depósitos es, por ahora, insuficiente como herramienta para proteger adecuadamente a los ahorrantes pequeños. Si bien en estos dos últimos procesos de resolución los recursos recuperados han evitado recurrir a estos recursos, la pregunta de fondo sigue vigente: ¿realmente el sistema financiero costarricense coloca al ahorrante en el centro de sus mecanismos de protección?
También se puede cuestionar el funcionamiento del Fondo de Garantía en relación con algunos inversionistas institucionales que agrupan a pequeños ahorrantes, como asociaciones solidaristas o fondos de inversión. Detrás de estas figuras podría haber personas cuyo dinero invertido represente menos de ¢6 millones. A pesar de ello, no están protegidas en su totalidad por el fondo.
El desafío sigue siendo el mismo: que la regulación, supervisión y gobernanza estén alineadas para garantizar la seguridad del pequeño ahorrante y fortalecer la confianza en el sistema.
