Pasaporte al riesgo

Editoriales
La renuncia de Laura Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores, motivada por su desacuerdo con la decisión presidencial sobre la adjudicación del nuevo contrato de pasaportes, deja en evidencia una preocupación que excede con creces el ámbito burocrático. No se trata simplemente del relevo de una ministra, sino de un episodio que ilustra una forma de gobernar marcada por la terquedad, la improvisación y el desdén por el rigor técnico. La decisión de no prorrogar el contrato con el proveedor actual, no obstante las advertencias de inviabilidad operativa de la nueva alianza, refleja una lógica de imposición política que ha venido replicándose en otros frentes del Gobierno. Este caso guarda similitud con lo ocurrido en el sistema de salud y en la intervención de Air-e: servicios que venían funcionando, con falencias mejorables, sobre todo en el caso de la empresa comercializadora de energía, la cual había mejorado indicadores de servicio, pero que fueron blanco de medidas drásticas sin planificación adecuada. Los organismos de control han lanzado alertas reiteradas sobre las consecuencias de estas decisiones, pero el patrón se mantiene. En el caso de los pasaportes, la exministra Sarabia optó por lo sensato: prorrogar el contrato mientras se afinaban los mecanismos técnicos del nuevo modelo. Sin embargo, esa postura fue desautorizada por un jefe de Gabinete que, en una muestra más de concentración de poder, asumió decisiones que deberían recaer en los canales institucionales pertinentes. El riesgo aquí no es menor. Estamos hablando de documentos que implican la gestión de datos sensibles, que deben cumplir con estándares internacionales de seguridad, y cuya calidad condiciona el reconocimiento global del pasaporte colombiano. La improvisación en este tema puede acarrear consecuencias gravísimas: la pérdida de la exención de visa Schengen, el cierre de puertas para viajeros colombianos o, incluso, sanciones internacionales por incumplimiento de la normativa Oaci. La comunidad internacional no admite atajos en esta materia. Además, el episodio revive la crisis que ya provocó la salida del hoy con toda razón polémico excanciller Álvaro Leyva, también enfrentado al Ejecutivo por este mismo asunto. No se trata de cerrarle las puertas al propósito, válido, de fortalecer la capacidad estatal de producción de documentos, sino de advertir sobre los enormes riesgos de hacerlo sin garantías, sin tiempos realistas y sin una estrategia transparente. Bajo las gestiones de Murillo y Sarabia, con sus matices, luces y sombras, se intentaron aportar elementos de racionalidad. Los ciudadanos son, al final, los que pagan los platos rotos. Si semanas o días después del 1.º de septiembre no hay pasaportes disponibles, miles de personas verán truncados sus planes de viaje por estudio, negocios o atención médica. Y, peor aún, quedarán expuestas a los sobrecostos, los cuellos de botella y, ojalá no, a las consecuencias de los escándalos que suelen emerger en contextos marcados por el apuro y la opacidad. Porque de los afanes y la improvisación solo quedan las investigaciones y los procesos judiciales. Un buen gobierno no destruye lo que funciona ni desprecia la experiencia acumulada. La sabiduría popular lo resume con claridad: lo que funciona no se toca.
Un buen gobierno no destruye lo que funciona. La sabiduría popular lo resume: lo que funciona no se toca.