¿Nueva ley de encuestas, un cerco a la opinión pública?

Un nuevo proyecto de ley, aprobado por el Congreso de la República y a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro, ha encendido las alarmas entre firmas encuestadoras, analistas y defensores del acceso a la información en Colombia. Aseguran que pese a que sus responsables alegan que busca dar mayor rigurosidad al proceso, podría el remedio, ser más fuerte que la enfermedad, al ponerle una especie de mordaza estadística que limitaría las intenciones de voto de los ciudadanos. La iniciativa, tramitada y avalada durante el más reciente periodo legislativo, busca actualizar y regular la realización, publicación y divulgación de encuestas de opinión política y electoral. Entre sus principales disposiciones, establece que las encuestas de intención de voto solo podrán publicarse dentro de los tres meses anteriores al inicio del período de inscripción de candidaturas. En el caso de las elecciones presidenciales de 2026, cuya inscripción de candidatos arranca el 31 de enero, esto significaría que solo podrían divulgarse encuestas desde el 31 de octubre de 2025; lo cual se convierte en una restricción inédita en el país que, según expertos, supone un recorte drástico en el flujo de información previo a las campañas y limita el seguimiento a la evolución de la opinión pública. "Mordaza estadística" Para Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, la norma, aunque bien intencionada en cuanto a promover transparencia, impone una carga técnica, jurídica y financiera desproporcionada sobre las encuestadoras y advierte que "la restricción que prohibe publicar encuestas sobre intención de voto hasta tres meses antes de la inscripción impone una suerte de mordaza". Según Muñoz, el efecto práctico es que los candidatos ya posicionados, como senadores, exministros, exalcaldes, conservarán su ventaja, mientras que las nuevas alternativas o outsiders verán reducida su visibilidad, dado que "la encuesta no fabrica el fenómeno, lo mide. Y esta ley apaga el termómetro justo cuando más se necesita". Por otra parte, una de las críticas más reiteradas tiene que ver con el aumento de exigencias técnicas y administrativas para poder publicar una encuesta, puesto que la nueva ley obliga a las firmas a entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) una ficha técnica detallada, los microdatos anonimizados, el código computacional usado para procesar los resultados, grabaciones, formularios originales y justificación estadística de la muestra. Además, todas las encuestas nacionales serán auditadas obligatoriamente por esta entidad, y las territoriales, de forma aleatoria; al tiempo que queda claro que solo podrán operar firmas registradas ante el CNE, que deberán tener al menos tres años de antigüedad, experiencia comprobada y cumplir con normas técnicas del Subsistema Nacional de Calidad. Es por esto que para César Caballero, director de Cifras y Conceptos, estos requerimientos "van a llevar a que haya bastante menos encuestas públicas en Colombia", explicando que los costos aumentarán, y solo los candidatos con mayor músculo financiero podrán acceder a servicios de medición de opinión y que "se va a restringir el acceso de la ciudadanía a información clave, y eso empobrece la calidad del debate democrático". También cuestiona aspectos técnicos del articulado, como el uso de regiones estadísticas del Dane con fines electorales. "Se obliga, por ejemplo, a que para representar la región central se incluya a Bogotá y Norte de Santander, lo cual no tiene sentido técnico".