CRÓNICA

Por FERNANDO VIVASPeriodista

A favor de los mineros que tomaron carreteras, podemos decir que la política está hecha a punto para ellos: las bancadas y partidos en campaña electoral los necesitan como clientes. Por el lado del Ejecutivo, tenemos una debilidad e indolencia tales que vimos a la PNP reaccionar tarde ante los piquetes carreteros. En contra de ellos hay un factor que también es transversal: la criminalidad asociada a los mineros escaló hasta provocar acciones firmes del gobierno. La narrativa de que el Reinfo es un paraguas que también protege a mafiosos que contratan sicarios, fue alentada en principio por la minería formal, pero se fortaleció con cada página roja que golpeó a todos los segmentos sociales. Regular la minería y cerrar el Reinfo se volvió un problema de seguridad nacional que este gobierno, aunque débil y desganado, tuvo que asumir. La mayoría congresal también lo asumió bloqueando el martes pasado un dictamen de la Comisión de Energía y Minas presidida por el maestro Paul Gutiérrez que rebautizaba el Reinfo. ¿Y cómo se desata el nudo?

?Ni un día más?

La comisión de Gutiérrez había encontrado la clave para suplantar el Reinfo: cambiarle de nombre. En el predictamen de ley MAPE que fue descartado el martes 8, en su capítulo II de registro e inscripción, se creaba el Renapmat (Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional). Para inscribirse (art. 16), solo se pedía tres requisitos: ?a) DNI. B) Ficha RUC activa y vigente. C) Coordenadas georreferenciadas en UTM-Datum WGS84?. Tan simple, si me permiten la comparación, como el registro de un motociclista en una app de delivery.

El mismo artículo decía que ?la inscripción en el Renapmat constituye un procedimiento administrativo de naturaleza declarativa, gratuita y simplificada, que habilita al solicitante como sujeto activo?. Cuando Gutiérrez, una semana atrás, salió a hablar a los mineros acampados ante el Congreso y dijo ?esta ley es para ustedes?, no mentía. Vaya político maximalista e improvisado que forzó una sesión en la que no tenía los votos (perdió 12 a 5). Todo esto hace pensar ?viniendo de un novato en una bancada sin partido? que el fin ya no era el triunfo de su causa sino mostrar su esfuerzo ante la clientela.

El sistema y reparto de concesiones está socialmente desfasado. Las concesiones se daban por 15 años pero en el 2017, por DL 1320 del gobierno de PPK, el período se duplicó a 30 años. Según Ronald Ibarra, viceministro de Minas, el porcentaje de mineros informales que trabaja en concesiones de terceros supera ampliamente el 80%. Cifras trabajadas por el Grupo de Diálogo Minero arrojan un 92,5%, y Máximo Bequer, el líder de Confemin, dice que el 97,5% de sus asociados trabajan en concesión ajena, la gran mayoría sin contrato.

Pedro Yaranga, observador de la conflictividad minera me dice: ?El gran problema sigue siendo el contrato de operación minera, el que muchos no tienen con el dueño de la concesión; entonces, si el Estado como garante ayudara a las buenas relaciones entre las partes, pusiera algunos límites, eso serviría?. La ley MAPE descartada incluye un capítulo de ?servidumbre minera? que, mediante algunas figuras algo truculentas, obligaría al dueño de una concesión a cederla a informales. Pero sí es cierto, si se revisa cada caso, que hay concesiones en manos ociosas y rentistas, que subarriendan sin contrato y en condiciones abusivas.

El problema social se vuelve extremo, sin cortapisas legales, ante la minería aluvial, aquella que draga ríos en busca de oro. En Madre de Dios y en el norte de la región Amazonas, el aumento del precio del oro ?de alrededor de US$300 por onza en el 2000 a US$3.300 en la actualidad? ha generado un ?gold rush? digno de la California del siglo XIX. Muchos campesinos dejan la deprimida agricultura familiar por la búsqueda de oro, migrando de una región a otra.

Le pregunté a la congresista Diana Gonzales, de Avanza País, vicepresidenta de la comisión y quien ha llevado la batuta de la oposición a Gutiérrez; si ve alguna fórmula conciliadora para mitigar el problema de la dificultad de conseguir contratos con la concesión ajena: ?Hay algo que rescato del dictamen que hemos rechazado, que incluía un régimen de incentivos para firmar contratos. Habría que revisar eso?. Le pregunté por las concesiones ociosas y también ve en esos casos una vía de conciliación.

La congresista Gonzales confirmó mi impresión de que Gutiérrez y su bancada estaban más desesperados por mostrar su esfuerzo que por un triunfo casi imposible. ?En un momento dudé de que podía haber ausencias y abstenciones y se aprobaba el dictamen, pero no hubiera sido gran problema. Necesitaban correr firmas para que la Comisión Permanente [estamos en receso de legislatura] lo vea, porque el pleno no encargó el tema a la Permanente. No les iba a alcanzar el tiempo, han sido irresponsables en prometer a la gente lo que no podían cumplir?, me dijo. Si algo han ganado los mineros protestantes es abrir un nuevo capítulo en la narrativa de que el informal no quiere por nada dejar de serlo: hay muchos casos en los que el Estado tiene que revisar concesiones e incentivar los contratos de operación. Ahí están las vías de conciliación para la nueva ley MAPE que habrá de dictaminarse y aprobarse en la próxima legislatura.