Pérdida de mural

Una vez más hay que lamentar la pérdida de un bien de gran valor cultural, en una repetición de hechos que indica que las políticas destinadas a la conservación de bienes patrimoniales adolecen de graves deficiencias, lo que demanda una urgente revisión para agilizar el resguardo de las obras.
El incendio que afectó a un edifico en la calle Monjitas, del centro de Santiago, que provocó el pánico entre los residentes y que afectó de manera grave la salud de casi una decena de personas, ocasionó también un daño aparentemente irreparable al mural "Terremoto", de Nemesio Antúnez. La obra monumental alhajaba el vestíbulo de los cines Nilo y Mayo, ubicados en el mismo edificio Plaza de Armas, construido por reconocidos arquitectos y que fuera diseñado como parte de un ambicioso proyecto de renovación urbana en la década de 1950. Lo ocurrido ahora ha dejado de manifiesto la situación de abandono en que se encuentran inmuebles que antaño fueron lugares de encuentro cultural y emblemas arquitectónicos.
Ya mucho antes del incendio, la situación del edificio distaba de cumplir el objetivo de sus creadores. Con los años, los cines se convirtieron en escenario de incivilidades, para luego cerrar y ser usadas sus dependencias como bodegas, en las cuales se habría originado el siniestro. El propio mural sufrió un continuo deterioro; incluso, en algún período, lo cubrieron las pancartas publicitarias de las películas. La declaratoria de monumento nacional -en 2011- no detuvo su declive. Hace unos meses, una visita de un grupo de especialistas del Consejo de Monumentos encargó a los propietarios acciones destinadas a preservar la obra. Ninguna fue implementada.
La destrucción de uno de los cinco murales del renombrado artista -se han anunciado medidas para restaurar los demás- es una trágica demostración de la decadencia que experimentan ciertas obras contenidas en el sector céntrico. La inseguridad imperante, el cambio en los hábitos de entretención, la baja tasa de ocupación de las oficinas y viviendas, y la escasez de recursos destinados al cuidado patrimonial han contribuido al deterioro de edificios y espacios de uso común. Fachadas rayadas, murales vandalizados como aquel del paso bajo nivel de Santa Lucía o veredas invadidas por el comercio informal, dificultan que se recupere el atractivo del sector, afectando la calidad de vida de la ciudadanía.
Como señaló Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural, "para que la protección de un monumento pueda ir más allá de la declaratoria, necesitamos de más y mejores herramientas". En efecto, la normativa actual impone a los propietarios asumir la tarea de cuidar una obra en caso de ser declarada monumento histórico, con todas las exigencias que ello implica, pero sin disponer de los recursos necesarios. Ello se convierte en una pesada carga para quienes se ven en la práctica impedidos de hacer mínimos mejoramientos al respectivo inmueble sin pasar por largos y burocráticos procesos.
La conservación y recuperación patrimonial debe implicar un trabajo conjunto público-privado, de manera de asegurar el mantenimiento de bienes de valor cultural, evitando dejar solo en manos privadas la responsabilidad de la preservación, especialmente cuando el Estado también está al debe en aquella tarea. Un recorrido por los centros urbanos lo confirma, pues persisten las huellas del vandalismo, con su consecuente deterioro. Más que reforzar el aparato burocrático, la discusión parlamentaria de una nueva ley de patrimonio debiera ser la oportunidad para poner el foco en la efectividad del resguardo de este, entendiéndolo como un esfuerzo compartido entre el Estado y los ciudadanos.
Otra vez se hacen evidentes las deficiencias de las políticas de conservación patrimonial.